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Yo tengo otros datos
Estamos frente a una administración que, por un lado, desestima los aprendizajes, las fuentes y los mecanismos institucionales existentes y, por otro, mantiene fuera del acceso público la información sobre los nuevos instrumentos en los que se sustentan sus decisiones.
Por Carolina Romero y Jorge Luis González
12 de junio, 2019
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Uno de los mecanismos de la Presidencia de México para informar a la ciudadanía son las conferencias mañaneras, en las cuales recurrentemente hemos escuchado frases como “yo tengo otros datos”, “lo que se dice no es verdad”, “eso lo hicieron los tecnócratas” o las “élites” o los “conservadores”, o “eso lo dicen nuestros adversarios”.

En este espacio de información se han desacreditado públicamente muchos de los datos, investigaciones, reflexiones y advertencias de los medios de comunicación, académicos, organizaciones de la sociedad civil y hasta de organismos autónomos como el INEGI. En pocas palabras, se ha desestimado a cualquiera que no coincida con la postura y los “datos” de la administración actual.

El problema es, entonces, que el discurso no sólo busca establecer lo que dice el presidente como la verdad absoluta, sino que además busca que los datos, la información y el conocimiento de otras fuentes se consideren ilegítimos, sin sustento y en contra del bienestar y el buen gobierno.

Derivado de la alternancia política, habíamos avanzado en crear mecanismos institucionales para la generación de evidencia que informara la toma decisiones para la transparencia, para el acceso a la información y la rendición de cuentas. Esto se logró con la promulgación de distintas leyes y la creación de instituciones públicas como la Auditoría Superior de la Federación, el INAI y el CONEVAL, entre otras. Esta nueva coyuntura permitió la mayor participación de diversas voces en la agenda pública e hizo palpable la necesidad de instrumentar mecanismos para vigilar y transparentar el ejercicio del gasto y contar con evaluaciones que reportaran, objetivamente, los resultados de los programas federales.

En estos casi veinte años diversos actores exigieron y se sumaron a la construcción de sistemas y mecanismos que aseguraran el acceso a la información sobre el quehacer público, que permitieran conocer cómo se gasta, en qué se gasta, cuáles son los resultados esperados y los logrados, qué funciona y qué no funciona, cómo mejorar los programas y qué decisiones tomar, todo con base en evidencia e información rigurosas.

Hoy estamos, de nuevo, ante un escenario político distinto. La administración entrante ha hecho declaraciones que al parecer desconocen el camino recorrido, menosprecian los aprendizajes anteriores, desechan la experiencia y descartan el conocimiento de los servidores públicos de gobiernos pasados, y se rehúsan a considerar la información existente de lo que funciona y lo que no. La administración actual decidió, explícitamente, ignorar la evidencia y disminuir simbólica y presupuestalmente a quienes la generan.

Por supuesto, en administraciones anteriores había incontables cosas que mejorar, numerosos ajustes que realizar y mecanismos que perfeccionar, pero la decisión generalizó los fracasos a todo el trabajo realizado y aplicó la política del borrón y cuenta nueva, la lógica del desaparezca todo y comience desde cero, sin rescatar buenas prácticas ni lecciones aprendidas. Una política del olvido institucional total que lleva a desaprender y, con ello, quizá a repetir los mismos errores que se cometieron en el pasado.

Sin embargo, esta administración sí está considerando en sus decisiones otras fuentes de información. En declaraciones y comunicados de la Presidencia y de integrantes del gabinete, incluso desde que AMLO era presidente electo, se anunció el levantamiento del “Censo del Bienestar”, en el cual se sustentarían las decisiones de política social.

Con base en los datos de dicho “censo” se han justificado, públicamente, la suspensión, creación y modificación de programas federales, por lo cual ha aumentado el interés por conocer sus datos, revisarlos y analizarlos dada su relevancia para la política social. En días pasados, la Secretaría de Bienestar recibió dos solicitudes de información que pedían consultar la metodología, los instrumentos de recolección, las bases de datos y el avance del levantamiento. En ambas respuestas, la Secretaría “manifestó incompetencia” (1), según un comunicado del INAI. Los solicitantes se inconformaron ante el organismo autónomo, el cual revocó las respuestas de la Secretaría e instruyó a ésta a buscar la información del Censo del Bienestar de manera exhaustiva.

En resumen, estamos frente a una administración que, por un lado, desestima los aprendizajes, las fuentes y los mecanismos institucionales existentes y, por otro, mantiene fuera del acceso público la información sobre los nuevos instrumentos en los que se sustentan sus decisiones. Más aún, estamos frente a una administración que, cuando se le solicita información por medio de los canales institucionales de transparencia, declara incompetencia.

El presidente alega: “Yo tengo otros datos”. Nosotros nos preguntamos: ¿por qué no son públicos? ¿En dónde están? ¿Cómo podemos confiar en ellos?

* Carolina Romero Pérez Grovas (@carolina_grovas) es coordinadora ejecutiva de @CLEAR_LAC y profesora asociada del @CIDE_MX. Jorge Luis González (@JorgeLuisG_) es gerente de proyectos en @CLEAR_LAC.

 

(1) Término utilizado en Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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