Los niños en la frontera: génesis de una crisis

El dilema de los niños separados nace de una buena política, la cual estipula que los migrantes menores no deben estar en cárceles de adultos y sí en centros de detención de HHS. Y a pesar de que resultaba inhumano separar a las familias, Trump implementó la política de “tolerancia cero” y con esto surgió el problema.

A estas alturas todo el mundo sabe que miles de niñxs migrantes han sido separados de sus padres en la frontera entre Estados Unidos y México. Esta crisis humanitaria se ha convertido en una crisis política para Trump que ha enardecido gracias al sistema burocrático que administra el aparato migratorio de Estados Unidos. Más que discutir acerca de la (falta de) humanidad y lógica política de esta situación, me parece que es mejor entender cómo llegamos aquí. Vale la pena reparar en esto porque creo subraya cómo buenas ideas se pueden desvirtuar muy rápido, y también cómo corregir una mala decisión puede ser dificultado por un aparato burocrático complejo.

El problema de los niños separados nace de una buena política. Originalmente se decidió que la Secretaría de Salud (“Department of Health and Human Services”, HHS) se encargaría de los migrantes menores de edad porque habían muchos migrantes jóvenes que cruzaban sin sus padres y se decidió que los menores de edad no debían estar en cárceles de adultos. Los centros de detención de HHS llevan existiendo muchos años, y si bien nunca han sido hoteles, las condiciones son mejores que en las cárceles.

Anteriormente, la Secretaría de Seguridad Interior (“Department of Homeland Security”, DHS) soltaba a la mayoría de los migrantes que eran detenidos junto con sus hijos. Se pensaba que era inhumano separar a las familias y era mejor liberarlas y dejar que peleen sus casos migratorios en libertad.  Luego, Trump decidió implementar la política de “tolerancia cero”, que significó no soltar a nadie arrestado por haber cruzado la frontera de forma ilegal. Con esto surgió el problema de qué hacer con los niños, ya que, estos no podían estar en la misma cárcel que sus padres. Así que, los mandaron a los centros de detención de HHS. Estos centros no están diseñados para albergar al número de niños que llegó, y eso fue lo que suscitó la crisis.

En resumen, algo bueno – la construcción de centros especiales para niños migrantes – acabó siendo instrumental para que una política represiva se convirtiera en una crisis humanitaria.

Evidentemente ahí no terminó la historia. La semana pasada una juez federal ordenó al gobierno de Trump a reunir a las familias. La juez impuso dos fechas límite: la primera, el 10 de julio, para unificar a los menores de 5 años (102 niños en total) y la segunda, a fin de mes, para los niños mayores de 5 años (se estima que son más de 2900). La primera fecha ya venció y la administración de Trump no logró el objetivo. Más de la mitad de las familias no han sido reunidas por problemas logísticos y legales: no se ha podido confirmar la relación familiar entre niñxs y adultos reclamandoles, los padres han sido deportados o siguen presos, o se considera que los padres son un peligro para lxs niñxs. Esto indica que es muy probable que la administración de Trump no pueda reunir a las casi 3000 familias antes del fin de mes.

La incapacidad del gobierno de Estados Unidos de cumplir con la orden judicial no se debe (únicamente) a la ineptitud burocrática. Más bien, es el resultado de protocolos y reglas que tienen una razón de ser coherente, pero que acaban obstaculizando un proceso para el que no fueron previstas. Por ejemplo, un niño no debe ser entregado a su madre a menos que se constate la relación filial entre los dos. Esto es indudablemente bueno. ¿Qué pasa cuando una agencia de la noche a la mañana tiene que hacer esto para 2900 familias? Evidentemente su capacidad es rebasada y se atora.

Nada de esto justifica la separación de las familias. Al fin y al cabo, ese es el resultado de la política inhumana de tolerancia cero de Trump. Sin embargo, la génesis de la crisis en EEUU sirve de advertencia para que la administración entrante en México tome una visión integral de las distintas normas que pueden afectar una política migratoria. No vayamos a implementar políticas punitivas que empeoren un sistema que ya de por sí se encuentra rebasado.

 

@elpgerson

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