La guerra contra los migrantes legales

Incluso en los casos de los migrantes con papeles en regla el gobierno de EU busca motivos para repatriarlos, lo cual no es más que un despropósito económico y moral, pues son personas que llevan al menos 15 años en EU, tienen familia y contribuye a la economía del país.

Los defensores de las políticas anti-inmigrantes de Trump tienden a decir que no están en contra de la inmigración, solo de la inmigración “ilegal”. En alguna otra columna explicaré porque es mejor utilizar el término indocumentado, pero por ahora me quiero enfocar en las diversas políticas que la administración de Trump está impulsando en contra del otro (y más grande) grupo de migrantes.

Los migrantes documentados representamos aproximadamente el 75% de migrantes en Estados Unidos. La mayoría de estos son ciudadanos naturalizados, le siguen los residentes permanentes (gente con green card) y al final los que tienen visas de trabajo, de estudiante y otras categorías más esotéricas. Precisamente porque la gran mayoría de migrantes se encuentra en una de estas categorías, una verdadera política anti-inmigrante requiere programas para vulnerar a estos grupos.

La administración de Trump ha empezado a hacer esto de forma relativamente discreta. La primera política implementada – y quizá la más radical – es que el gobierno de Trump creó una unidad para abrir los expedientes de personas naturalizadas y revisar si estas cometieron fraude al momento de llenar una solicitud migratoria. En caso de encontrar fraude, se empezará un proceso para determinar si hay elementos para “denaturalizar” (quitar la ciudadanía) a la persona en cuestión. El gobierno siempre ha podido hacer esto, pero desde 1990 solo lo ha intentado hacer 305 veces. Por eso ahora se está creando una unidad especializada para estos casos.

Según la administración el enfoque va a ser en gente que mintió para obtener la ciudadanía. Por ejemplo, una persona que fue deportada, luego entró bajo otro nombre y logró hacerse ciudadana sin declarar que había sido deportada anteriormente. Sin embargo, no sabemos si también empezarán a revisar expedientes donde las mentiras hayan sido menos obvias o importantes, por ejemplo, gente que no mencionó que en algún momento estuvo fuera de estatus (algo que le sucede a la mayoría de los migrantes).

Aún si solo están buscando casos de fraude de identidad, es un despropósito económico y moral. Recordemos que esta gente por lo general lleva al menos 15 años en Estados Unidos, la mayoría tiene familia y contribuye a la economía del país. Vale la pena preguntarnos si es necesario para el gobierno utilizar recursos para atentar en contra de este grupo tan pequeño de personas que están arraigadas en este país.

Otra iniciativa de la administración de Trump fue  darle más facultades a la agencia que revisa las solicitudes migratorias para iniciar procesos de deportación. A partir de septiembre de este año, la agencia encargada de extender visas, cambiar de estatus, o solicitar algún permiso relacionado, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) podrá iniciar dichos procesos. Usualmente la deportación la inicia la policía migratoria (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, ICE). La agencia podrá  comenzar un proceso contra alguien que estuvo “fuera de estatus” en cualquier momento. Esto expone a muchísima gente porque es muy fácil “salirse” de estatus y, para USCIS, es muy fácil enterarse. Por ejemplo, imaginemos que un estudiante que solo puede trabajar 20 horas a la semana como parte de su visa, trabaja 22 durante un semestre. Esto es estar fuera de estatus, si el estudiante consigue un trabajo y solicita una visa de trabajo, o si extiende su programa y tiene que renovar la visa de estudiante, USCIS  puede ver esa violación de las 22 horas e iniciar el proceso de deportación. Anteriormente tendrían que haber solicitado que ICE iniciara la deportación y es poco probable que ellos consideren este tipo de violaciones lo suficientemente graves para deportar a alguien. Uno puede creer que los casos que describo son extremos. No obstante, la realidad es que los que están a cargo de ejecutar estas nuevas políticas lo hacen con fervor y entusiasmo.

Estas nuevas políticas demuestran que la campaña de Trump no tiene nada que ver con la legalidad de la migración. Si fuera así, no estaría desperdiciando recursos para vulnerar el estatus de los migrantes documentados. No, de lo que se trata es simplemente de xenofobia y racismo, así de fácil.

 

@elpgerson

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