La luz al final del túnel

Los centros de detención de personas migrantes en México tienen una estructura carcelaria, con malos tratos y hostigamiento, que obstaculiza el ejercicio de derechos y fomenta las deportaciones masivas. Prueba de ello son los 130,987 menores que han sido deportados en el presente sexenio.

Por: Ana Saiz (@anasaizv)

                                        “Con cariño para mi amigo Héctor Fix Fierro y su familia”

Como se evidenció por el aplastante resultado en favor de Andrés Manuel López Obrador en la elección, el sexenio de Enrique Peña Nieto ha sido un desastre en muchos aspectos, pero una catástrofe en materia de derechos humanos. Esta situación ha tenido un impacto desproporcionado en las personas migrantes y sujetas de protección internacional.

Según lo expresado en el último informe de seguimiento a una visita realizada a nuestro país durante este sexenio, el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la ONU la detención migratoria es la práctica y no la excepción en nuestro país.[1] En este gobierno, que afortunadamente está por terminar, se han registrado 755,872 eventos de detención, de las cuales el 19% fueron niños, niñas y adolescentes.[2]

Sin Fronteras, después de monitorear continuamente durante este periodo – y ya por más de dieciséis años – los centros de detención de personas migrantes, hemos reiterado que tienen una estructura carcelaria en donde los malos tratos y el hostigamiento son una práctica común para obstaculizar el ejercicio de derechos y continuar con las deportaciones masivas. En dichos centros no existen protocolos para la identificación y trato de grupos en situación de vulnerabilidad y hay un desinterés completo por la salud mental y las afectaciones emocionales producto de la violencia y del encierro.[3]

Del total de personas detenidas, fueron deportadas el 87%. En la gran mayoría de estos casos, las autoridades migratorias no hicieron una valoración individual y cuidadosa para detectar a quienes puedan solicitar asilo en nuestro país y así evitar inminentes riesgos a su vida, libertad o seguridad en sus países de origen, violando flagrantemente los compromisos internacionales suscritos por México. Durante este gobierno, que tanto se alarmó por las acciones migratorias de Trump, se deportaron a 130,987 niños, niñas o adolescentes.

El sistema de asilo y protección complementaria se ha visto completamente desbordado, con una COMAR que registra, tan sólo en 2017, un rezago de más del 52% en la atención de solicitudes de asilo y que viola sistemáticamente el derecho al debido proceso y a un recurso efectivo.

Sabemos el reto al que se enfrentarán el gobierno entrante y el legislativo recién instalado ante los abrumadores desafíos en materia de migración y protección internacional, nosotros en Sin Fronteras seguiremos trabajando para generar datos y aportar insumos con la esperanza de ver la luz al final del túnel que ha sido esta administración y mejorar la situación de miles de personas que por extrema necesidad o por la esperanza de una vida mejor están en nuestro país.

 

* Ana Saiz es directora de Sin Fronteras IAP.

 

@Sinfronteras_1

 

[1] Revisar el informe aquí.

[2] Datos estadísticos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

[3] Detención Sin Excepción, 15 años de monitpreo de la situación de los derechos de las personas privadas de su libertad en estaciones migratorias de México, Sin Fronteras IAP, 2016.

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