La esperanza de una nueva política migratoria

Resulta imprescindible que el gobierno entrante asuma la responsabilidad de abordar el fenómeno migratorio como un eje prioritario dentro de la agenda nacional, atendiéndolo desde sus orígenes mediante la promoción del desarrollo nacional y la adopción de políticas públicas, normatividad y protocolos que atiendan a estándares internacionales.

Por: Ariadna Cano Cuevas

La agenda migratoria ha sido un tema sumamente visibilizado dentro del marco de la transición nacional. Andrés Manuel López Obrador y diversos integrantes de su equipo de trabajo han asumido compromisos durante y después de la campaña presidencial referentes a “defender a los migrantes de México, de América Central y los de todo el continente americano”, sin tener que “optar como se ha venido haciendo, solo por el uso de la fuerza, ni ver el fenómeno migratorio como un asunto de militarización de las fronteras, sino atenderlo desde sus causas”.

El pueblo mexicano comparte la esperanza, junto con el resto de los países de Las Américas, de que la nueva administración atienda el fenómeno migratorio de manera transversal y velando por la dignidad humana en todo momento. Se trata de una expectativa fundada, la realidad así lo exige.

En México, desde finales del siglo XX, se observa el proceso de construcción y fortalecimiento de una política migratoria dirigida a la contención de la migración irregular, hecho que resulta incompatible con el respeto y garantía de los derechos humanos.

Tan solo en el año 2017 se registraron 93,846 eventos de detención y 82,237 deportaciones de personas migrantes[1], y se recibieron 14,596 solicitudes de asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR)[2], solo 1,907 personas fueron reconocidas como refugiadas[3]. Dichas cifras dan cuenta de la irrisoria política migratoria mexicana, enfocada a detectar, detener y deportar de manera expedita a las personas migrantes y sujetas de protección internacional, pasando por alto la identificación y atención adecuada de las situaciones diferenciadas de cada uno de los casos, así como la garantía del efectivo ejercicio de los derechos de esta población.

El enfoque de seguridad nacional adoptado en nuestra política migratoria ha generado innumerables violaciones a los derechos humanos, un aumento de la corrupción y colusión de autoridades en la comisión de estos delitos, así como la criminalización de las personas migrantes y el fomento de la xenofobia. En el año 2016 se registraron un total de 5,298 eventos delictivos contra las personas migrantes, de los cuales 921 fueron cometidos por algún agente del Estado[4].

Ante este preocupante escenario, resulta imprescindible que el gobierno entrante asuma la responsabilidad de abordar el fenómeno migratorio como un eje prioritario dentro de la agenda nacional, atendiéndolo desde sus orígenes mediante la promoción del desarrollo nacional y la adopción de políticas públicas, normatividad y protocolos que atiendan a estándares internacionales.

En primer lugar, debe realizarse una completa transformación de la visión de la política migratoria, adoptando un enfoque de seguridad humana, por encima de la seguridad nacional; es decir, se debe impulsar una política migratoria más humanitaria, garantista y progresista. Siguiendo este sentido, se facilitará la transformación del rol del Instituto Nacional de Migración (INM)[5], de ser el brazo ejecutor de la política migratoria a convertirse en un órgano coadyuvante en la materia.

Asimismo, debe considerarse que actualmente el sistema de protección internacional enfrenta gran cantidad de retos, especialmente ante las altas cifras de solicitudes de asilo, los casos de violaciones de derechos humanos contra las personas solicitantes de asilo y refugiadas, así como ante la dificultad para lograr su adecuada integración en las comunidades de acogida.

Es por ello que resulta necesaria la reformulación del sistema de asilo en México. En términos generales, se trata de fortalecer el papel de la COMAR, creando mecanismos que fortalezcan su estructura e infraestructura y la doten de autonomía y nivel jerárquico dentro de la administración pública;  de mejorar la coordinación y comunicación entre todas las instituciones involucradas en el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, con el fin de garantizar los derechos humanos, así como el acceso a derechos económicos, sociales y culturales de las personas migrantes y sujetas de protección internacional, a fin de fomentar su integración  local y eliminar los tratos discriminatorios.

Finalmente, debe descartarse toda posibilidad de suscribir cualquier tipo de acuerdo con otros Estados con el fin de “controlar” los flujos migratorios, pues se ha comprobado que, lejos de disminuir las cifras de movilidad humana, se aumenta el riesgo de  violar los derechos humanos de las personas, situación que se agrava aún más dentro del contexto mexicano de violencia e impunidad.

Para poder realizar todo lo anterior, será necesario que la nueva administración federal  incorpore en el proceso tanto a instituciones gubernamentales como a organizaciones de sociedad civil, academia y otros actores clave, de manera que exista una retroalimentación que permita diseñar e impulsar una agenda nacional respetuosa de los derechos humanos de todas las personas, incluyendo a las personas migrantes y refugiadas.

Esa será la encomienda a nivel gubernamental; no obstante, no podemos olvidar nuestra tarea social de fomentar una cultura de respeto, empatía y no exclusión hacia las personas migrantes y con necesidad de protección internacional. Seamos conscientes que, en la mayoría de los casos, se ven orillados a abandonar su familia, su patrimonio, y su nación debido a factores económicos, políticos, sociales y culturales que se encuentran fuera de sus manos.

Debemos terminar con la estigmatización y discriminación de esta población, tratarlos de una forma digna e intentar comprender sus circunstancias, pues finalmente se trata de personas –hijos, madres, padres, hermanos– que están en la búsqueda de una nueva oportunidad y mejor calidad de vida. Contamos con la opción de construir un nuevo sentido de identidad comunitario más allá de las nacionalidades, no la dejemos pasar.

 

@Sinfronteras_1

 

Referencias: 

[1] Fuente: Boletín Estadístico 2017 de la Unidad de Política Migratoria. Disponible aquí. 

[2] La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados es un órgano intersecretarial de carácter permanente que tiene por objeto la planeación, ejecución, control y coordinación de la política en materia de refugiados y protección complementaria.

[3] Fuente: Estadísticas 2013-2017 de la COMAR. Disponible aquí.

[4] Fuente: Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes, Migrantes en México: recorriendo un camino de violencia. Informe 2016. Disponible aquí.

[5] El Instituto Nacional de Migración es un órgano administrativo dependiente de la Secretaría de Gobernación que tiene por objeto la planeación, ejecución, control, supervisión y evaluación de los servicios migratorios.

Close
Comentarios