Mexicali y la guerra del agua

Mexicali Resiste y sus aliados pueden ser un gran ejemplo del inicio de una serie de conflictos sociales vinculados al acceso y distribución de agua, corrupción, opacidad y abuso de autoridades que podrían multiplicarse en el país.

No sé ustedes, estimados tres lectores, pero últimamente, cada tercer día me quedo sin agua en mi casa. “Deja de caer”, me dicen los encargados de mantenimiento, como si del cielo se tratara. Desde hace tiempo que el agua llega por tandas a muchas colonias de la Ciudad de México y no se habla mucho del tema (aquí un artículo imperdible). Entonces los vecinos nos tenemos que organizar para comprar pipas de agua para llenar la cisterna común y tener agua otros tres o cuatro días más y volver al mismo ritual al poco tiempo.

No obstante, la Ciudad de México es solo una de las muchas ciudades con problemas graves de abasto de agua en el país. Desde Mexicali hasta Oaxaca enfrentamos un sinnúmero de problemas de suministro de agua, tanto en las ciudades como en el campo. En el centro y norte del país la situación es aún más grave: ciudades como La Paz, Aguascalientes, León y Querétaro presentan escenarios ya complicados.

Por el otro lado, los ciudadanos no somos muy conscientes del despilfarro que hacemos de este líquido. En principio porque no pagamos realmente su valor real –es ridículo lo que se paga por el costo del agua–; en segundo lugar porque creemos absurdamente que llega de forma mágica –como si cayera del cielo– a nuestras casas. No estamos suficientemente involucrados de la enorme inversión de infraestructura necesaria para suministrar agua en un territorio mayoritariamente árido (recomiendo revisar este reporte global del agua).

Así, en enero de 2017 en el árido estado de Baja California, junto con la furia por el repentino gasolinazo estalló otro conflicto de mayor urgencia: el de la defensa por el agua y la oposición a varias obras y leyes del gobierno estatal. Apenas en diciembre de 2016 el gobierno del estado pretendía aprobar a puerta cerrada una Ley del Agua que buscaba privatizar el servicio, aumentar las tarifas, entre otras medidas que no fueron bien recibidas por varios grupos sociales sin tener una consulta previa.

Las primeras semanas de 2017 fueron de gran efervescencia social. En este contexto se da a conocer un proyecto para la construcción de un acueducto de 47 kilómetros de largo, que pretende llevar agua del acuífero del Río Colorado hasta el sur de Mexicali para abastecer a una planta que producirá cerveza para exportarla a EUA. El agua es para producir alimentos, ¡no cerveza!, reza una calcomanía en las calles de Mexicali.

Se trata de una inversión de 500 millones de dólares, que traerá cerca de 750 empleos fijos, además de 3,500 empleos durante la construcción. El problema es que para mantener su producción necesitará unos 20 millones de hectolitros de agua al año. Un volumen un poco elevado para una región que de por sí vive con una escasez constante de agua.

Para ello, la planta necesitará construir un acueducto de 47 kilómetros de longitud desde el Valle de Mexicali hasta su puerta. Ni la inversión es tan alta ni los empleos tan cuantiosos como para justificar la necesidad de una obra de este tipo; sin embargo, este desarrollo se torna más interesante cuando se observa que varias de las empresas involucradas en las licitaciones están vinculadas a amigos, socios y parientes del gobernador. Incluso una de las constructoras involucradas en la construcción de la planta es del Senador Víctor Hermosillo y Celada del PAN. Hay negocio para todos.

En medio de este polvorín surge un movimiento ciudadano aparentemente autónomo y apartidista, autodenominado Mexicali Resiste, que inicia a principio de año la oposición contra varios proyectos del gobierno estatal que perjudican a la población. En el caso de la construcción de este acueducto, los principales afectados son los ejidatarios del Valle de Mexicali, poco más de 500 productores y sus familias que viven de la agricultura, quienes se suman a las protestas contra las obras del gobierno estatal.

Por tanto, ejidatarios, sociedad civil, maestros, pensionados, activistas, abogados, académicos y otros actores centrales de la sociedad de Mexicali –se comenta que hasta empresarios locales apoyan el movimiento, pero no desean ser identificados– han estado convocando a marchas masivas (se mencionan entre 50 mil y 100 mil personas), además de que actualmente tienen tomado el Congreso, edificios del ayuntamiento y del gobierno estatal, y están a la espera de que los diputados los reciban y se convoque a foros de consulta sobre varios temas. Sin duda ya son un gran ejemplo nacional de activismo político y movilización social.

Desde mi punto de vista, Mexicali Resiste y sus aliados pueden ser un gran ejemplo del inicio de una serie de conflictos sociales vinculados al acceso y distribución de agua, corrupción, opacidad y abuso de autoridades que podrían multiplicarse en el país. Tengo la ligera impresión que en las próximas dos décadas podríamos empezar a ser testigos de la expansión de conflictos sociales por el agua en diversas ciudades y regiones donde la situación ya es desesperada…

Por último, de este conflicto me llama poderosamente la atención la voracidad de las autoridades estatales sin importar el partido o inclinación política, la falta de un estudio técnico (por parte de Conagua) para determinar la disponibilidad de agua en la región, como la nula sensibilidad social, ya que ni la empresa ni el gobierno del estado contemplan alguna medida de compensación para la población afectada. Nada, cero, nula sensibilidad con los ejidatarios y vecinos. A pesar de los cuantiosos montos de inversión estimada no se destina ni un peso para obra social.

En fin, solo espero que no se cumplan muy pronto esos vaticinios de escenarios tipo película de Mad Max donde las guerras y conflictos serán fundamentalmente por el acceso y control del agua. Todo parece indicar que ese futuro apocalíptico se antoja cada vez más cercano. Gulp.

 

@realrodaxiando

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