10 apuntes sobre la estrategia vs el huachicoleo

La compleja red de tráfico de combustibles no se acaba solo cerrando la llave de los ductos y desplegando al Ejército en cada instalación de Pemex. Si no se hacen labores de inteligencia, de monitoreo, procuración de justicia, si no se prepara a los ministerios públicos y se generan unidades especializadas para combate de estos delitos, es como si solo usáramos curitas para tapar los ductos.

Por: Rodrigo Elizarrarás (@rodaxiando) y Cristina Rivas (@HumIntmx)

Ya en otras ocasiones hemos abordado en este mismo espacio el tema del robo de combustibles en México, sus implicaciones y algunas posibles propuestas para resolver el problema; sin embargo fueron en contextos diferentes y con otros gobiernos y estrategias.  Quizá por eso en esta ocasión solo haremos diez apuntes a manera de reflexión sobre la (nueva) estrategia contra el robo de combustible:

  1. Detener y buscar reducir el delito de robo de combustible y los mercados ilícitos de combustibles es una gran acción de parte del gobierno federal entrante y una sin duda una tarea impostergable para el Estado Mexicano. Celebramos que se haya tomado la determinación de atacar de frente un delito que lesiona los recursos no renovables e instalaciones estratégicas de la nación, además del grave daño a las finanzas públicas y al patrimonio del país, con pérdidas mayores a los 60 mil mdp (según los cálculos de Hacienda) y que es indispensable detener y controlar esta fuga masiva de recursos valiosos para los mexicanos. No hay ninguna crítica que hacer por ese lado.  
  2. Junto con el robo de combustibles va de la mano otro tipo de delitos que han proliferado en las principales regiones de ordeña del país (Tamaulipas, norte de Veracruz, Puebla y Guanajuato), tales como secuestro de empleados de Pemex, comerciantes, empresarios; extorsión a la población; robo de otros bienes, por ejemplo, de automóviles. Basta ver los datos de incidencia delictiva en Guanajuato en el último año (2018) para comprobar que se han disparado otros delitos debido a la presencia de células delictivas en la zona (hasta un cártel local se formó: el Cártel de la Rosa). Los índices más altos son en la zona sur de Guanajuato y sobre el corredor industrial del estado, que va de Celaya a León, y en la zona alrededor de la refinería de Salamanca.
  3. El tema es complejo sobre todo en su operación logística; es decir, como ya pudimos observar, el cerrar ductos trae afectaciones graves sobre el abasto de combustible a la población del país. De igual forma, la vigilancia kilómetro a kilómetro por parte del Ejército de cada ducto se vuelve imposible y la inversión necesaria para el uso de tecnología más sofisticada no se tiene. De tal suerte que, el fenómeno del MIC (mercado ilícito de combustibles) es un monstruo de mil cabezas que hay que visualizar en toda su dimensión y atacar por partes con una estrategia bien pleneada, para evitar escenarios de gran afectación a la economía del país. Se puede hacer aún mejor y con menores costos para la población y eso sería un gran éxito para el gobierno.
  4. La delincuencia organizada (DO) ha utilizado, de forma cohercitiva en la mayor parte de los casos, a empleados de Pemex para identificar los ductos, y conocer los horarios de transporte y extracción ilegal de combustible. También secuestro y robo de pipas, y han construído hasta sus propias “TAR´s” ilegales para el almacenamiento del combustible. La pregunta es, ¿a dónde va a dar ese combustible? Es un hecho que no se evapora, entonces, o se vende en el mercado interno o se vende fuera, lo que sí es que hay un mercado negro monstruoso de este tema y no hay ni medio indicio de que se esté investigando por la vía fiscal o monetaria. En algún lado se compra y se vende y eso no lo estamos viendo claramente. Todavía falta esa parte de la fórmula que no termina de desarrollarse para lograr detener la demanda de huachicol.
  5. La base social del huachicoleo ha sido organizada y protegida por la delincuencia organizada, donde ha encontrado una forma ilícita de ganarse la vida y ofrece también una red amplia de halcones a los delincuentes, y ha generado que cuando el Ejército u otras autoridades entran a las zonas duras del huachicoleo difícilmente detectan actividades ilegales, ya que son advertidos desde su entrada a la región. Asimismo, una red de policías, funcionarios, políticos y hasta empresarios gasolineros forman parte de esta compleja red de tráfico de combustibles que no se acaba solo cerrando la llave de los ductos y desplegando al Ejército en cada instalación de Pemex. Si no se hacen labores de inteligencia, de monitoreo electrónico, procuración de justicia, si no se prepara a los ministerios públicos, se generan unidades especializadas para combate de estos delitos, es como si solo usáramos curitas para tapar los ductos.
  6. De todas las modalidades de robo de combustible las más fáciles de atacar es el robo hormiga y el involucramiento de distribuidores legales en la comercialización de combustible obtenido de manera ilícita, mediante los controles volumétricos, laboratorios móviles para verificar los marcadores de combustibles y vigilancia y sanciones de personal. Cosas que operan ya y que habría que evaluar cómo operan y buscar las reformas internas necesarias para fortalecer estas medidas. Todas los demás involucran procesos complejos que pueden impactar en la pérdida de vidas, en la distribución al usuario final y la economía, además de que tienen un alto costo económico para la empresa.
  7. Hay muchas otras formas de combatir este delito que no sea tapar ductos y cerrar la válvula. Estas van desde la instalación de métodos de verificación de la presión de ductos, protocolos de detección y clausura de tomas clandestinas, procesos internos y de órganos internos de control y auditoría para detectar las malas conductas de servidores públicos y sancionarlos, reforma a la Gerencia de Seguridad Física para darle relevancia al trabajo de vigilancia de instalaciones y darle el rango de subdirección, pasando por la adquisición de drones de vigilancia, operativos de fuerzas de seguridad en estados con mayor incidencia de robo de combustibles, adecuaciones a la Ley para que el robo de hidrocarburos sea considerado delito grave y la creación de Ministerios Públicos Especializados en estos delitos.
  8. Toda medida sin planeación estratégica tiene costos elevados que es indispensable minimizar. Esto no implica que apoyemos a los huachicoleros y a toda la red de complicidad que hay detrás de ellos, por el contrario, consideramos que para poder terminar de una vez por todas con esos operativos de seguridad similares a lo que fue el “Michoacanazo” de Felipe Calderón es indispensable la planeación fría y bien calculada, con información de inteligencia verificada, con la coordinación de múltiples agencias y dependencias en Centros de Fusión, y la cooperación de diversos niveles de gobierno, que permitan poner en marcha una estrategia integral y bien orquestada para dar golpes contundentes a la delincuencia.  
  9. Dejar de hacer y dejar pasar, lo que probablemente fue la estrategia principal desde la mitad del sexenio anterior, no es por mucho una buena estrartegia de combate a este delito. Todo lo contrario. No debemos olvidar que la DO tiene una gran capacidad de adaptación a cambios en las estrategias de seguridad del gobierno, por lo que fácilmente si el huachicoleo se vuelve un delito de altos costos para ellos, buscarán rápidamente alguna otra actividad o sector que genere altas rentas a un bajo costo operativo. Lo hemos visto en otras áreas como la minería, el campo, tala ilegal, pesca ilegal y demás actividades en las que entran los grupos delictivos.
  10. La comunicación estratégica y manejo de crisis. Finalmente, toda esta crisis  huachicolera del momento deja una gran lección en términos de comunicación efectiva y es que el gobierno debe reconsiderar –muy pronto– su actual estrategia que desgasta al Presidente (prácticamente el vocero único de todos los temas), que no termina de liberarse de la lógica de confrontación al estilo de una campaña política, por una nueva estrategia de mensajes oficiales y una narrativa del gobierno desde la Oficina de la Presidencia de México. Sé que es difícil después de más de 10 años de campaña política permanente, pero es momento de tomar la oficina, abrazar la embestidura, adoptar el encargo formal y comunicar desde el gobierno a los ciudadanos.

 

La anécdota: Cuando trabajamos un proyecto de consultoría para Pemex sobre este tema, hace ya algunos años, se habló mucho de la posibilidad de funcionarios y trabajadores de la empresa involucrados o en complicidad con los grupos criminales para este tipo de delitos; sin embargo, cada vez que se sugería la posibilidad, el silencio en la sala se volvía un tanto incómodo y era mejor volver a los temas alegres: la delincuencia es un gran mal nacional y nos roba la gasolina, hay que detenerlos. El otro gran silencio incómodo era la labor de esa famosa Subdirección de Salvaguardía Estratégica, pero de eso, es mejor esperar un poco.

 

* Este texto contó con la participación de Cristina Rivas, quien junto con Rodrigo Elizarrarás son consultores y analistas de riesgos políticos y sociales en @humIntmx.

 

@rodaxiando

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