¿Cómo vamos en procuración de justicia?

Si bien los indicadores promedio de procuración de justicia muestran una mejora marginal, la impunidad en homicidio intencional va en aumento pues pasó de 78.6 % a 83.4 %. Además, en gran parte de los estados, el tiempo de espera para los denunciantes aumentó de de 134 a 135 minutos.

Por: Guillermo Raúl Zepeda Lecuona (@gzepeda_lecuona

La seguridad ciudadana y la justicia penal son desafíos multifactoriales y sistémicos, pero vale la pena realizar un análisis particular sobre las procuradurías y fiscalías, ya que éstas son el “cuello de botella” del sistema de justicia penal. Con este fin, se desarrolló el Índice de desempeño de las procuradurías y fiscalías, que se publica por segundo año consecutivo, en colaboración con Impunidad Cero.

Como en la versión del año pasado, se consideraron para la elaboración del Índice indicadores de estructura (recursos humanos y presupuestales dedicados a las fiscalías), operación (tiempos de espera de los denunciantes) y resultado (proporción de las investigaciones que son resueltas efectivamente, proporción de órdenes de aprehensión ejecutadas y porcentaje de las personas mayores de 18 años que dijeron tener mucha confianza en el ministerio público local), así como variables cualitativas sobre política criminal (impunidad para el delito de homicidio intencional y proporción de condenas penales para delitos de mayor impacto social). En algunas de estas variables también se refieren indicadores internacionales. El Índice de desempeño de las procuradurías lo encabeza nuevamente Chihuahua, seguido de Colima, Yucatán, Guanajuato y Nuevo León. En las últimas posiciones se mantienen Estado de México, Michoacán, Guerrero y Puebla.

Si bien los indicadores promedio siguen mostrando un pobre desempeño, se aprecia una mejora marginal. Salvo la impunidad en homicidio intencional, que pasó de 78.6 % a 83.4 % y el tiempo medio para denunciar un delito (134 a 135 minutos) , los otros seis indicadores mostraron avance. Se incrementó el presupuesto per cápita de $294 a $308 pesos y se pasó de 7.6 ministerios públicos por cada cien mil habitantes a 8.4, con lo que se redujeron las cargas de trabajo de 165 a 155 investigaciones por cada ministerio público, en promedio. Además, el tiempo de espera para los denunciantes  aumentó de  de 134 a 135 minutos. Sin embargo, Baja California, Colima y Chihuahua siguen siendo los referentes con menos de 90 minutos, en Mexicali se tienen tiempos de espera menores a 20 minutos.

A pesar de que se incrementó de 14 % a 18 % la efectividad en la conclusión de investigaciones, este aspecto sigue siendo el talón de Aquiles de las fiscalías y el corazón de la impunidad: apenas se cumplieron una de cada dos órdenes de aprehensión recibidas por las procuradurías (49 %) y se acumulan más de 250 mil órdenes pendientes de cumplimiento. Además, solo 10.3 % de los mexicanos dicen confiar mucho en el ministerio público local y la impunidad en el delito de homicidio asciende ya a 83.4 % (con el incremento en el número de homicidios es previsible que este indicador siga deteriorándose). En Oaxaca, Guerrero y Morelos se resuelve uno de cada 20 homicidios, en tanto que en Yucatán –el estado con menor impunidad– se resuelven 3 de cada cuatro. Mientras prevalecen altas tasas de impunidad, más de la mitad de las sentencias y recursos del sistema penal se dedican a perseguir y sancionar a los delitos menores.

Si consideramos que solo se reportan e inician investigaciones en 6.4 de cada 100 delitos cometidos, de los cuales se logra esclarecer solo el 18 %, tenemos que la probabilidad de que un delito sea esclarecido (determinar si hay o no delito que perseguir) en México es de 1.14 %. La mayor parte de los estados de la República están por debajo de esta probabilidad. Para 63 millones de personas en México, es más probable obtener un doble reintegro en la lotería nacional (1%), a que las autoridades esclarezcan un delito del que fueron víctimas.

No obstante, hay estados como Chihuahua, Yucatán, Guanajuato o Nuevo León que están implementando nuevos modelos de gestión y buenas prácticas en las áreas clave de los servicios de procuración de justicia. Por ejemplo, la atención a las víctimas del delito (el esquema de la ruta de la víctima y los centros integrales de atención a víctimas), la investigación criminal (cambiar el esquema epistolar de investigación de gabinete por unidades de investigación con fiscales, policías, investigadores, peritos y personal de inteligencia adscritos) y la justicia alternativa en materia penal (sistemas de indicadores y estándares para cada fase de los procedimientos, desde la clasificación en atención temprana, hasta las unidades de seguimiento del cumplimiento de los acuerdos). Por otro lado, comienza a dar resultados favorables la creación de unidades de investigación dedicadas exclusivamente al cumplimiento de órdenes de aprehensión.

En el análisis completo, que puede ser consultado en el sitio web de Impunidad Cero, se presenta el desempeño de los estados en cada variable para detectar las buenas prácticas y propiciar que las procuradurías puedan desarrollar una agenda de mejora institucional a partir de sus áreas de oportunidad. Esperamos que este ejercicio sirva para la evaluación social de nuestras instituciones y la construcción democrática de intervenciones que incrementen la efectividad y calidad en este servicio clave. Sólo así se podrá revertir la espiral de impunidad y violencia que erosiona el capital social y la legitimidad del Estado mexicano.

 

@ImpunidadCeroMx

 

Referencias: 

[1] Se agradece a Impunidad Cero por el apoyo para esta investigación. El estudio completo se puede encontrar en www.impunidadcero.org.

[2] Doctor en Derecho por la UNAM. Director de Jurimetría Iniciativas para el Estado de Derecho A. C. y académico de El Colegio de Jalisco. Autor del libro “Crimen sin castigo”.

 

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