A un año del 19-S: cómo enfrentar las irregularidades

¿Conoces las herramientas ofrecidas por el gobierno con las que cuenta la sociedad para hacer frente a las consecuencias por sismos? Te las presentamos a continuación...

Por: Antonio Alvarado Guerrero

De acuerdo con los censos publicados en la Plataforma CDMX en abril de 2018,[1] 26 mil personas resultaron afectadas por los sismos ocurridos en el mes de septiembre de 2017. Analizando los datos de dicha plataforma, se observa que 25% de los afectados tienen entre 50 a 59 años de edad, el 20.9% tienen entre 60 a 69 años de edad y el 20.7% 40 a 49 años de edad,[2] lo cual significa que la mayoría de la población afectada es de edad adulta y en los siguientes años estarán muy cerca de la tercera edad, con mayores necesidades de cuidados, salud y movilidad que les harán difícil salir del lugar en donde se encuentren en temblores subsecuentes. Además, el 49.3% de los edificios dañados se clasifican en riesgo alto, el 35.5% tiene daños moderados, 5.4% tienen daños leves y 4.3% fueron demolidos. El 75% de los edificios dañados son hogares propios de los afectados.[3]

Herramientas frente a los sismos

En Ciudad de México, las formas de prevención y solución ante las consecuencias que generan los sismos representan el trabajo constante de autoridades y de la sociedad. Como antecedente y ejemplo importante, podemos mencionar la creación del Reglamento de Construcciones en 1987, el cual incorporó la figura de especialistas en la supervisión de proyectos arquitectónicos, denominados Directores Responsables de Obra y Corresponsables en Seguridad Estructural, cuya labor consiste en asegurarse que las construcciones sean seguras desde su planeación, durante su construcción y una vez terminada ésta. Algunas otras herramientas con las que cuenta la sociedad para hacer frente a las consecuencias por sismos son las siguientes, mismas que pueden ser consultadas en la investigación de Impunidad Cero “A un año del 19-S: responsabilidades derivadas de los sismos” que se publicó en la edición de septiembre de 2018 de la revista Este País:

La Fianza

En marzo de 2017, se incorpora la herramienta de la fianza para protección ante posibles vicios ocultos en la construcción y conformidad de la obra con los planos de licencias, como requisito para edificar y comercializar departamentos o casas en condominio.[4] De acuerdo con la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, esta fianza debe incluirse al momento de inscribir cualquier régimen de propiedad en condominio en Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México. 

La Acción Pública

Es una herramienta Jurídica creada en marzo de 2017, la cual consiste en que cualquier persona que se sienta afectada o en peligro por una construcción puede acudir ante un Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México con el propósito de verificar la actividad del constructor, propietarios, poseedores y autoridades participantes en dicha construcción.[5]

El propósito de esta acción es cerciorarse que no haya irregularidades fraguadas entre las personas y autoridades involucradas en dichas construcciones. Desde el inicio de la acción pública, es posible obtener la suspensión de la construcción hasta la conclusión definitiva del proceso en cuestión. Al concluir esta acción, es posible obtener la clausura, demolición o restitución, obteniendo la restitución de las cosas al estado anterior de la obra.

Publicitación Vecinal

En Marzo de 2017 también se implementa como requisito obligatorio para cualquier manifestación de construcción (licencia de construcción) la realización de un proceso de publicitación vecinal, con el propósito de citar a los vecinos, propietario, constructor y autoridades para dar a conocer el proyecto de una nueva edificación y recibir observaciones y oposiciones. Delegaciones como Miguel Hidalgo incluso realizan la difusión y publicación de estos procesos a través de la plataforma Periscope.[6]

Apoyos de Gobierno

En Ciudad de México, en el mes de diciembre de 2017, fue creada la “Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México[7] en una cada vez más Resiliente”. El propósito de ésta ley es materializar los apoyos a los damnificados de los terremotos del pasado septiembre de 2017 que necesitan rehabilitar sus viviendas o reconstruirlas porque colapsaron o requieren demolición.

Los apoyos para rehabilitar o reconstruir vivienda son de carácter económico y administrativo. Los primeros asignan una cantidad de dinero a los damnificados para iniciar las obras de rehabilitación o reconstrucción. Los segundos proporcionan facilidades administrativas como la exención del impuesto predial equivalente al gasto que los damnificados realicen de sus bolsas para rehabilitar su vivienda. A pesar de la importancia de estos apoyos económicos y administrativos, fueron aprobados hasta el mes de junio de 2018.[8]

Incremento a la seguridad estructural y su verificación

La reforma al Reglamento de Construcciones, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 15 de diciembre de 2017, agrega medidas que buscan optimizar la seguridad estructural de las construcciones nuevas, buscando la reducción de los riesgos existentes y generados a consecuencia del temblor del 19-S. Lo relevante de esta reforma es que todas las construcciones nuevas requieren de una constancia de seguridad estructural y de su renovación. Esta misma constancia puede implementarse para verificar seguridad estructural de las construcciones existentes y con ello implementar un sistema de mantenimiento y verificación constante a la estructura de todas las construcciones.

Los pasos que venían generando el avance en la prevención de riesgos sísmicos, así como la solución a los daños materiales y pérdida de vidas que ocurrieron, son evidentemente lentos por las complejas y multidisciplinarias acciones que demandan.

Dado que la Ciudad de México se encuentra en una región sísmica de alto riesgo, es esencial que tanto autoridades como ciudadanía estemos preparados para enfrentar los sismos. Para ello, debemos conocer las herramientas que están a nuestra disposición para hacer frente a construcciones que pudieran ponernos en peligro.

 

* Antonio Alvarado Guerrero es especialista en Derecho Civil y licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México; asesor jurídico y litigante en materia inmobiliaria con más de 12 años de experiencia en el campo de la construcción. Articulista en la Revista de Derecho Privado de la UNAM. Brigadista para asesoría jurídica tras el sismo de septiembre del 2017 en la Fundación Appleseed México A. C.

 

@ImpunidadCeroMx

 

Referencias: 

[1] Revisar aquí. 

[2] Revisar aquí. 

[3] Revisar aquí.

[4] Artículos 9 fracción I bis inciso f) y 26 Fracción III bis de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal.

[5] Decreto que contiene las observaciones al diverso por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal”, 24 de marzo de 2017. Recuperado aquí. (Consultado el 25 de julio de 2018).

[6] Consultar aquí (consultado el 27 de agosto de 2018).

[7] Consultar aquí.

[8] Revisar aquí. (consultado el 27 de agosto de 2018).

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