El Seguro Popular: impunidad en su ideario y ejecución

De acuerdo con la ASF, solo 4 entidades tuvieron una gestión eficiente y transparente de los recursos destinados al Seguro Popular. De esta revisión se detectaron malos manejos por casi 6 mil mdp, que dejaron de utilizarse para atender a los afiliados y derechohabientes como les correspondía.

Por: Julio J. Copo Terrés (@juliocopo

Los fundamentos jurídicos que dan razón al Seguro Popular aspiran a la difícil tarea de universalizar los servicios de salud para ofrecer cobertura a cualesquiera de sus afiliados, sin que esta condición dependa de contar con un trabajo, como sucedía con el IMSS o con el ISSSTE antes de la creación del Seguro Popular. Con ello, el estado mexicano materializa de forma relevante la satisfacción del derecho a la protección a la salud, contenido en el artículo cuarto constitucional y en diversos tratados internacionales de los que México es parte.

No obstante, como con tantas otras leyes que en el papel se leen como remedio óptimo para ciertos males, el problema del Seguro Popular se desencadena al momento de su ejecución: se asigna un monto relevante de recursos federales de distintas partidas presupuestales a los Estados, para que el servicio se materialice a través de éstos y sus instituciones de salud.

De ahí sabemos lo que viene: el dinero etiquetado para el Seguro Popular se utiliza para pagar otras cuentas, se paga a aviadores, se mezcla y confunde con otros recursos estatales; las instituciones retienen los impuestos derivados de sueldos y salarios pero no lo enteran a la Secretaría de Hacienda o a las instituciones de seguridad social; se hacen pagos sin documentación comprobatoria, se adquieren bienes e insumos fuera del catálogo de cobertura del Seguro Popular, entre otras.

La falta de disciplina financiera, la nula o ineficiente coordinación entre federación y estados, y el deliberado incumplimiento de la normatividad aplicable por parte de los estados en la administración de los recursos destinados al Seguro Popular,  tiene como consecuencia que, por ejemplo, para la revisión de la Cuenta Pública de 2016 hecha por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sólo 4 entidades tuvieron una gestión eficiente y transparente de los recursos. De esta revisión se detectaron malos manejos, por casi seis mil millones de pesos. Son, por ende, seis mil millones de pesos que dejaron de utilizarse para atender a los afiliados y derechohabientes del seguro popular como les correspondía.

Si bien como generalidad es sumamente grave el desvío de recursos federales por parte de los estados y municipios para fines diferentes a los que fue etiquetado, en el caso específico del manejo irregular de los recursos del Seguro Popular esta gravedad se acentúa, pues se traduce en un ataque al deber no solo de buena administración por parte de los organismos públicos, sino al derecho a la protección a la salud de los mexicanos. En otras palabras: si estamos destinando recursos para salvaguardar el derecho a la salud y éstos se están ocupando para fines diversos, estamos violentando este derecho.

Parte relevante del problema tiene que ver con la estructura compleja tanto financiera como de auditoría de los recursos destinados al Seguro Popular. A grandes rasgos, la Federación asigna recursos de dos partidas presupuestales distintas, los Estados aportan también una parte y finalmente los afiliados contribuyen con su correspondiente cuota. Una vez centralizados estos recursos, casi el 90% se entrega a los Estados para su ejecución, mientras que el resto es para la coordinación administrativa del Seguro Popular. El Estado debe posteriormente informar del destino de los recursos.

Desde el punto de vista de auditoría, una vez asignados los recursos las auditorías estatales, así como los congresos locales, deberían de vigilar su correcta aplicación para que, en última instancia, la ASF audite igualmente el destino de éstos. En la práctica, la vigilancia por parte de los organismos de auditoría y supervisión de los estados es, en el mejor de los casos, precaria, y en la generalidad de los casos nula; por lo que la responsabilidad de auditar las cuentas del Seguro Popular recae en la ASF para investigar y documentar los malos manejos.

¿Cuales son las irregularidades que más afectan al Seguro Popular?

Fuente: Elaboración propia con datos de la Fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016

De ahí los estados comienzan con un estire y afloje con la ASF para acreditar el destino de los recursos desviados. Esta labor varía de un estado a otro y generalmente revela desde errores administrativos menores hasta una burda desaparición de recursos que no se puede justificar. Con ellas, comenzarán los procedimientos adicionales de sanciones tanto administrativas como penales, que se litigarán por años y cuya efectividad ha sido cuestionada en otras investigaciones de Impunidad Cero.

El resultado final: una institución diseñada para salvaguardar el derecho a la salud de los mexicanos, un derecho que a su vez habilita y permite el disfrute de otros derechos, es sistemáticamente abusada por la propia administración pública para la satisfacción de intereses y prebendas privados que poco o nada tienen que ver con la protección y desarrollo de los derechos de los administrados.

 

* Julio J. Copo Terrés Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, maestro en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame, maestro en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana, profesor de asignatura de Derecho Internacional Público en la Universidad Iberoamericana, y abogado especializado en Ciencias de la Salud y Derecho Regulatorio en Basham, Ringe y Correa S. C.x

 

@ImpunidadCeroMx

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