Impunidad en homicidio doloso 2018

En 2017, Baja California Sur encabezó el listado de las entidades más violentas del país, con una tasa de homicidios intencionales por cada 100 mil habitantes de 69.15, seguido de Guerrero (64.04), Baja California (58.36), Sinaloa (43.89) y Chihuahua (41.72).

Por: Guillermo Zepeda Lecuona y Paola Jiménez Rodríguez

En 2017, México alcanzó uno de los puntos más alto de violencia en la historia reciente del país. Al 31 de diciembre de 2017, el INEGI contabilizó 31,174 víctimas de homicidio intencional, mientras que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó 29,139 víctimas por dicho delito. La tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con los datos de incidencia delictiva del SESNSP, fue de 20.50.

Algunas entidades presentan cifras muy por encima del promedio, e incluso mayores a tasas observadas en países como Honduras (56.5) y Venezuela (56.3). En 2017, Baja California Sur encabezó el listado de las entidades más violentas del país, con una tasa de homicidios intencionales por cada 100 mil habitantes de 69.15, seguido de Guerrero (64.04), Baja California (58.36), Sinaloa (43.89) y Chihuahua (41.72). En la parte baja de la lista se ubican Yucatán (2.12), Aguascalientes (6.21), Hidalgo (6.24), Campeche (7.17) y Coahuila (7.62).

A pesar del incremento de homicidios intencionales que se ha dado desde 2014, se observa que la capacidad de respuesta del Estado frente a este delito se encuentra colapsada. Hasta el 2012, se contaba con información completa para todas las entidades del país acerca de las sentencias condenatorias y absolutorias dictadas por el delito de homicidio doloso a través del INEGI. Sin embargo, a partir de 2013, la información debe obtenerse a través de consultas de acceso a la información a las entidades federativas, y no todas proporcionan los datos. Entre 1997 y 2012 la capacidad del Estado se observaba topada a no más de 4,803 condenas anuales en todo el país. No obstante, a partir de 2013, en las entidades con las que se cuenta información se observa incluso un descenso en el número de condenas emitidas durante el año.

Uno de los indicadores más utilizados para estimar la impunidad de un sistema de justicia es la impunidad directa en homicidio intencional, debido a la gravedad y trascendencia de este delito. Este indicador incluye dos variables clave: la incidencia del delito y la capacidad del Estado para persuadir, procesar y castigar. En este caso, dicha capacidad se mide a través de las sentencias condenatorias. Es así que México se ubica en el peor escenario posible: aumento en los homicidios intencionales cometidos y disminución del número de sentencias condenatorias por dicho delito.

En 2017, la impunidad directa promedio en homicidio doloso en las 24 entidades donde se obtuvo información fue de 87.5 %, es decir, solo uno de cada diez homicidios cometidos en el país son sancionados. Las entidades que se sitúan con mayor impunidad en homicidio doloso son Oaxaca (99.4 %) y Morelos (99.3 %), Guerrero (98 %), Chiapas (96.8 %) y Baja California Sur (95.9 %). Como las menos impunes se ubicaron Yucatán (-4.3 %), Durango (52.4 %), Hidalgo (62.6 %), Ciudad de México (65.8 %) y Nuevo León (74.8 %).

 

Estas cifras ponen en evidencia el fracaso de las estrategias para contener la violencia y la poca capacidad de investigación y disuasión penal del Estado mexicano, por lo que se debe trabajar en ambos términos de la ecuación de la impunidad para afrontar esta problemática. Además, es necesario contar con información confiable para realizar un análisis riguroso de la situación con la finalidad de armar un diagnóstico completo del problema.

Dentro de las Procuradurías y Fiscalías es necesario implementar modelos de investigación donde los ministerios públicos, policías y peritos actúen de forma coordinada, apoyados por áreas de inteligencia y grupos tácticos, para realizar operativos, actos de investigación o captura. También es necesario adoptar mejores modelos de gestión dentro de las instituciones y establecer un verdadero servicio civil de carrera para fomentar la profesionalización.

Se debe atender también de manera focalizada a los grupos en riesgo y vulnerables, así como impulsar estrategias de prevención social y situacional de la violencia. Es necesario el seguimiento de los casos resueltos en los municipios mediante la justicia cívica, y en las entidades a través de la justicia alternativa, para evitar que los casos que se tratan en estas vías puedan escalar a mayores niveles de violencia. A su vez, debe trabajarse en las políticas de reinserción social de los centros penitenciarios, para evitar que las personas que recuperan su libertad vuelvan a delinquir.

Los niveles de impunidad en homicidio doloso en México han llegado a un punto alarmante y es necesaria una transformación institucional para contener y reducir la impunidad. Los delitos de alto impacto solo pueden ser combatidos reduciendo la impunidad, y así recuperar la tranquilidad de la población y la legitimidad del Estado para garantizar el orden y la seguridad de las personas.

 

* Guillermo Zepeda Lecuona y Paola Jiménez Rodríguez son investigadores de Impunidad Cero y Jurimetría A.C. La investigación completa se puede consultar aquí.

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