Tareas pendientes para la Ley General de Archivos

En materia de archivos históricos, la ley que produzca el Senado y revise la Cámara de Diputados enfrenta dos retos mayúsculos: revertir el desafortunado concepto de archivos históricos confidenciales que introdujo y reguló la Ley Federal de Archivos publicada en 2012, y diseñar un mecanismo que verdaderamente asegure la identificación, el resguardo y la difusión de los archivos históricos de todos los sujetos de la administración pública.

Por:David Mora (@dmoravera)

La reforma en materia de transparencia de 2013 está inacabada aún. A nivel federal, el Congreso aún tiene pendiente la discusión y aprobación de dos leyes fundamentales: la Ley General de Datos Personales y la Ley General de Archivos. Esto, sin contemplar los pendientes relacionados con la armonización de la Ley Federal de Transparencia.

En materia de archivos históricos, la ley que produzca el Senado y revise la Cámara de Diputados enfrenta dos retos mayúsculos: revertir el desafortunado concepto de archivos históricos confidenciales que introdujo y reguló la Ley Federal de Archivos publicada en 2012, y diseñar un mecanismo que verdaderamente asegure la identificación, el resguardo y la difusión de los archivos históricos de todos los sujetos de la administración pública.

En relación con los archivos históricos confidenciales, el principio de partida no debe ser otro sino la publicidad de los documentos históricos. Estén resguardados en el archivo histórico de un sujeto obligado, el Archivo General de la Nación o en los archivos históricos estatales, todo documento de naturaleza histórica no puede sino ser público y debe ser accesible para cualquier persona interesada en éste.

La presunción de publicidad es tan intensa que incluye incluso los documentos que contienen datos personales. Por un lado, cientos de documentos de carácter histórico son considerados así por la información personal que resguardan, es decir, su valor histórico se enlaza directamente con los datos personales que éste contiene. En estos casos, clasificar como confidencial un documento histórico o secciones de éste por los datos personales que contiene equivale a censurar la información que hace útil y relevante el documento.

Por otro lado, falso es el argumento de que se perjudica el derecho a la privacidad de terceros, titulares de la información y datos contenidos en documentos históricos. La determinación de un documento como histórico es el resultado de un análisis riguroso que examina si éste ha agotado ya sus valores administrativos, jurídicos, fiscales, contables, etcétera, y además si cuenta con un información de relevancia para comprender los procesos históricos de índole política, social o de cualquier otra naturaleza. En otras palabras, si y sólo si el documento ya agotó valores primarios y cuenta con información que se debe preservar a largo plazo, es un documento histórico. Si divulgar esta información aún causa perjuicio, el documento en cuestión no debe ser considerado histórico.

En adición, como argumento subsidiario, en casos de documentos históricos opera la excepción a la confidencialidad de la información, en el sentido de que ésta adquiere un valor menor al interés público que tiene la sociedad en conocerla.

En relación con la segunda de las líneas de trabajo, la Ley General es la oportunidad para optar decisivamente por una política que favorezca la identificación, conservación y difusión de los archivos históricos, a través de su concentración en autoridades especializadas.

Centralizar el archivo histórico, en primer lugar, impacta positivamente en la tarea de construcción, resguardo, difusión de los documentos y patrimonio históricos. Una medida así profesionaliza el personal dedicado a estas tareas, deriva más recursos para tales actividades, elimina la discrecionalidad de los sujetos obligados para decidir qué es de relevancia histórica, y unifica los procedimientos de acceso a los archivos históricos, dentro de otros. La centralización también facilita, e incluso incentiva, la producción jurídica, académica y cultural derivada de los mismos archivos históricos. En relación con los archivos que atestiguan violaciones graves, internacionalmente se encuentra prohibido que las autoridades que los administren sean las mismas que se involucraron en los graves delitos en el pasado.

Finalmente, concentrar los archivos es una medida apenas justa de frente a la radiografía actual de los archivos históricos en México, que no es alentadora. Exceptuando los archivos históricos del ejecutivo federal, en el olvido están los archivos históricos de otros poderes públicos así como de los estados y cientos de municipios. Desde instrumentos deficientes de consulta hasta serios procesos de descomposición, muchos son los problemas que les aquejan.

Por esto, el Senado debería discutir francamente si se deben concentrar los archivos históricos de los sujetos obligados en ciertas autoridades, especializadas y responsables de los mismos –el Archivo General de la Nación y sus equivalentes en los estados–.

Las líneas de trabajo aquí señaladas tienen un impacto determinante sobre la memoria, el derecho a la verdad y la lucha contra la impunidad. El Senado, así, tiene frente a sí una disyuntiva: promover avances concretos hacia la memoria y rendición de cuentas o arrastrar los problemas vigentes de los archivos históricos, muchos de los cuales han surgido por limitadas técnicas legislativas.

 

* David Mora es Oficial adjunto del Proyecto Derecho a la verdad. ARTICLE 19, Oficina para México y Centroamérica.

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