Fin de la historia

Desde la publicación de la Ley Federal de Archivos en 2012, a historiadores y archivistas se le ha negado paulatinamente la consulta en vivo y en directo de las versiones íntegras y originales de los documentos históricos alojados en diversos archivos del país.

Por: David Mora Vera (@dmoravera)

Periódicos de los años setenta con rostros tachados, actas judiciales de inicios del siglo XIX con nombres suprimidos, reportes y oficios de policía secreta testados… algunos ejemplos de la política de censura de archivos históricos que en los últimos días historiadores, historiadoras y archivistas han difundido en redes sociales. Todos son reclamos completamente legítimos. Desde la publicación de la Ley Federal de Archivos en 2012, a esta comunidad se le ha negado paulatinamente la condición más elemental de su oficio: la consulta en vivo y en directo de las versiones íntegras y originales de los documentos históricos alojados en diversos archivos del país.

Como respuesta, la iniciativa de Ley General de Archivos presentada esta semana en el Senado de la República tiene una gran virtud, pues da reversa al texto legislativo aprobado hace más de cuatro años. Los documentos históricos son de interés general y su consulta es pública e irrestricta, establece la minuta con certeza. La inventiva del legislador mexicano y aquel adefesio endémico llamado “archivos históricos-confidenciales” cesarán.

Lo anterior, no obstante, no es una victoria. Por lo menos no aún. Para que la censura de los documentos históricos sea finalmente parte de la historia, se debe ajustar con mayor precisión una serie de elementos en esta iniciativa, así como en otras leyes. Dentro de otras, asegurar la existencia de comités de valoración debidamente capacitados y disponibles en cada autoridad; obligar a las autoridades para que en un plazo máximo realicen efectivamente transferencias secundarias; definir el archivo histórico como una fuente de acceso público; no promover la multiplicación de archivos históricos que no tienen recursos ni capacidades, y declarar que todo documento que actualmente esté en un archivo histórico se considere como histórico, sin importar el motivo o fundamento por los que esté alojado allí.

Otras leyes deben ajustarse también. La minuta de Ley General de Protección de Datos Personales en Cámara de Diputados, por ejemplo, tiene que enlistar los archivos históricos como fuente de acceso público.

Ahora bien, los archivos históricos son claves, por supuesto, pero allí no se agota el tema.

El nuevo marco legal por el que se debe apostar es uno que sea un verdadero parteaguas para la práctica archivística de las autoridades. Las expectativas que tiene la sociedad (historiadores, archivistas, organizaciones) no son menores, más aún porque un sistema de archivos deficiente puede llegar a minar la operación efectiva de los sistemas de transparencia y anticorrupción, hilvanados todos no sólo por las autoridades que los operan sino por las funciones que tienen asignadas.

Por esta razón es prioritario que la política nacional de archivos cuente con pleno respaldo y determinación política del más alto nivel, pero también que su entramado legal y supervisión operativa responda exclusivamente a criterios técnicos-archivísticos y no a decisiones políticas. Por esto es fundamental un Consejo Nacional de Archivos conformado por instancias federales y estatales con capacidad de implementar decisiones estructurales. Éste debe atender las fórmulas y propuestas hechas por un órgano técnico paralelo, encargado de diseñar lineamientos, programas y proyectos archivísticos para el país.

En términos prácticos, las funciones que deberá desempeñar este órgano rebasan la capacidad técnica, política y presupuestal que el Archivo General de la Nación tiene actualmente. Por esto falla la minuta que se discute en el Senado: la condición estructural y naturaleza jurídica vigentes del AGN, así como la conducción actual de Mercedes de Vega, no están a la altura de las funciones que se le arrogan como secretario ejecutivo del Consejo. Se requiere, por el contrario, un órgano técnico, plural e independiente.

La discusión que abra el Senado de la República será determinante para hacer un texto más sólido. Por esto, la determinación y disposición al diálogo que ha mostrado la senadora Laura Rojas en las mesas de discusión previas debe permear a todas las bancadas; y todos los actores deben ser llamados como parte del proceso legislativo. Sólo así, el texto que se apruebe no será el fin de la historia.

 

@article19mex

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