La Suprema Corte y la publicidad oficial

En una sociedad donde la mayoría de las empresas de comunicación dependen en un alto porcentaje del dinero público, se decide desde el aparato gubernamental sobre las líneas editoriales, sobre qué se dice, cómo se dice y cuándo se dice, o de plano no se dice.

Por: Leopoldo Maldonado (@snaiperG)

Mucho se ha hablado sobre la asignación de la publicidad oficial en México. Que si es un mecanismo de censura, o un dispendio opaco y arbitrario de recursos públicos, o un desfalco inútil al erario en tanto se usa la comunicación social para promocionar políticos, pero no políticas de Estado. Todas son razones verdaderas, pero sobre todo, preocupantes.

En principio debe preocuparnos –y mucho– porque este mecanismo de control de la información es también la condicionante de cualquier posibilidad de construir una sociedad democrática. Sin muchas vueltas hay que decirlo: en ausencia de información plural, veraz, crítica y oportuna hay pocas posibilidades de un ejercicio pleno de derechos fundamentales, y por ende, de vivir en democracia. Y es esa información desinhibida y sin tapujos lo que más necesitamos en el contexto actual de violaciones graves a derechos humanos y violencia social en el que se encuentra sumergido México.

Las condiciones sociales, económicas y políticas actuales apuntan en sentido contrario a la garantía del derecho a la información. La censura y autocensura se imponen como las constantes en el llamado sistema de medios de comunicación. Ello a través de la violencia física y política contra las y los periodistas que se expande, incrementa y diversifica. Cada vez más agresiones contra periodistas, entre ellas asesinatos y desapariciones; más impunidad y menos prevención. Eso sí, muchas instituciones y leyes que solamente generan doble victimización.

Acompañando la violencia física, encontramos la simbólica, la que normaliza las agresiones, las justifica o las explica a partir de hipótesis construidas por las procuradurías y fiscalías que a priori descartan el ejercicio periodístico como móvil de los crímenes. De esta manera, se delinea un discurso legitimador de la impunidad.

La cereza en el pastel, la que explica por qué la mayoría de medios de comunicación (o por lo menos los más grandes) adopten las narrativas oficiales sobre la violencia contra la prensa (y prácticamente sobre cualquier hecho de interés público), es el condicionamiento económico a través de la asignación discrecional de la publicidad oficial. En una sociedad donde la mayoría de las empresas de comunicación dependen en un alto porcentaje del dinero público, se decide desde el aparato gubernamental -a través de las coordinaciones o direcciones de comunicación social- sobre las líneas editoriales, sobre qué se dice, cómo se dice y cuándo se dice, o de plano no se dice. De esta manera, tan solo el gobierno federal actual ha erogado 37 mil millones de pesos desde 2012 con criterios y fines poco claros, pero de los cuales tenemos bastantes suspicacias.

Esta última violencia, la económica, puede comenzar a frenarse en los próximos días. El jueves 26 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo público el proyecto de sentencia sobre un amparo promovido por ARTICLE 19 para obligar al Congreso de la Unión a legislar sobre comunicación social. El proyecto elaborado por el ministro Zaldívar propone amparar y obligar al Congreso a legislar este rubro. Ello no surge como una idea peregrina de ARTICLE 19 puesto que, derivado de la reforma político-electoral de febrero de 2014, el Congreso de la Unión tenía hasta 30 de abril de ese año para legislar en la materia.

La mesa está puesta para acabar con el “nido de la serpiente” en materia de censura. O por lo menos con uno de esos nidos. Quitándole a los gobiernos la posibilidad de gastar a su antojo y someter a los medios de comunicación a sus designios se generan mayores condiciones para proteger un flujo de información robusto, plural, crítico. Pero no es tarea fácil. La discusión de la Primera Sala debe pasar varias “aduanas”.

La primera tiene que ver con la procedencia del juicio de amparo contra omisiones legislativas. Históricamente se ha vedado esta posibilidad por dos razones. Una es que las sentencias solamente pueden tener efectos, benéficos en su caso, para las personas que activan el juicio de protección constitucional. El proyecto de sentencia refiere de manera puntual otros amparos que han atraído beneficios más allá de los quejosos, sobre todo en cuestiones que atañen derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Por poner un ejemplo, el freno al acueducto que pasaría por la región Vicam en Sonora en el marco de un amparo promovido por el pueblo Yaqui. Aquí es claro que el amparo otorgado a la comunidad yaqui no solamente los benefició a ellos sino a una colectividad más amplia.

Otra es que se puede alegar invasión de competencias y facultades del poder legislativo. Atina la propuesta de resolución en decir que el amparo sí procede contra leyes ya aprobadas, entonces ¿por qué no por la omisión de legislar en cuestiones que atañen el goce de derechos humanos? Además es necesario mandar un mensaje claro y contundente: ningún poder público por encima de la Constitución.

Una segunda “aduana” tiene que ver con el interés legítimo de la organización para promover el amparo. Se considera que el objeto social de ARTICLE 19, al estar relacionado con la defensa y promoción de la libertad de expresión, se afecta por la ausencia de reglas claras en la publicidad oficial.

La tercera –y al parecer menos difícil de superar– consistiría en decidir que la discrecionalidad y opacidad en la provisión de dinero público a los medios de comunicación para publicidad oficial es violatorio del derecho a la libertad de expresión de los propios medios y el derecho la información de la sociedad. Es concluyente el proyecto al establecer que la falta de reglas claras en la comunicación social genera un efecto inhibidor en la prensa que repercute en la calidad de la oferta informativa.

En efecto, no se necesita ser muy perspicaz para darse cuenta que la frase acuñada por López Portillo hace 40 años tiene plena vigencia en el México del siglo XXI: “no pago para que me peguen”. Así de fácil, el ejercicio de poder autoritario, bastante más evidente en los últimos años, encuentra una base sólida en el control de la información. De hecho ese control es la condición necesaria para el proyecto de gobernabilidad autoritaria.

Así las cosas, como en no pocas ocasiones durante los últimos años, la Suprema Corte tiene en sus manos el detonante de un cambio estructural en México. La viabilidad de frenar el actual deterioro democrático depende de la decisión que se adopte. Precisamente ahora, cuando las instituciones están siendo socavadas desde el propio poder político. Esperemos que el Tribunal pueda tomar la decisión de proteger la libertad de expresión de los medios y el derecho a información útil de la sociedad.

Síntesis de proyecto de sentencia de amparo de ARTICLE 19 sobre Publicidad Oficial by ARTICLE 19 MX-CA on Scribd

 

 

* Leopoldo Maldonado es Oficial del Programa de Protección y Defensa de ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mex).

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