La SCJN y el paso histórico sobre publicidad oficial

Con el amparo concedido por la Corte para legislar sobre publicidad oficial, se abre la posibilidad de tener a más tardar el 30 de abril de 2018 una Ley Reglamentaria idónea a las exigencias y necesidades actuales, y que regule de igual forma el gasto excesivo en materia de publicidad oficial.

Por: Ricardo Reyes (@vegetable0000)

El 15 de noviembre la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictó un fallo histórico con 4 votos a favor y uno en contra (Ministro Pardo), que marca un precedente en el sistema jurídico nacional. Se trata de la concesión al amparo promovido por Artículo 19 (año 2014) ante la omisión legislativa del Congreso de la Unión para emitir (de conformidad con el artículo 3º transitorio del decreto de reforma constitucional de 10 de febrero de 2014) la Ley Reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 constitucional, el cual se refiere a la regulación del gasto en materia de publicidad oficial; este fallo obliga al Congreso a emitir dicha ley antes de terminar el segundo periodo ordinario de sesiones de este último año de la LXIII Legislatura, es decir, antes del 30 de abril del 2018.

La publicidad oficial ha sido utilizada como una herramienta para condicionar las relaciones entre medios de comunicación y gobiernos, limitando la diversidad de voces editoriales, y condicionando la independencia y autonomía de la información, censurando directa o indirectamente la misma y las opiniones críticas que se difunden. La comunicación social dejó de ser una herramienta de información para convertirse en una herramienta de promoción. Así, la ausencia de regulación propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en comunicación social, lo que constituye una restricción indirecta de la libertad de expresión, toda vez que genera un efecto de censura para los medios de comunicación, en especial a los medios de comunicación críticos.

La trascendencia de este amparo se puede identificar en distintos aspectos:

1.- Es la primera vez que la Suprema Corte ordena al Poder Legislativo a cumplir con un mandato expresado en la constitución, esto derivado de la omisión en la que incurrió en el 2014, “el Poder Legislativo no es libre para decidir no legislar” como se establece en el proyecto de sentencia del Ministro Zaldívar[1]. “Ningún órgano político debe estar por encima de la Constitución”.

2.- A través de esta resolución se amplían las posibilidades del juicio de amparo y se aporta a su efectividad, ya que a través del mismo se puede reclamar la vulneración de un mandato constitucional. “Por primera vez hay un medio al alcance de los ciudadanos para obligar a los poderes legislativos a que cumplan con la Constitución a efecto de que se cumplan los principios fundamentales en la materia”, en palabras del Ministro Arturo Zaldívar. Esto representa un contrapeso en los actos y omisiones de las autoridades.

3.- Se abre la posibilidad de tener en un futuro cercano (a más tardar el 30 de abril de 2018) una Ley Reglamentaria idónea a las exigencias y necesidades actuales, y que regule de igual forma el gasto excesivo en materia de publicidad oficial. Asimismo, a través del amparo se confirma “la violación a la libertad de expresión, de prensa y de información, y que la ausencia de esta regulación en publicidad oficial propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en comunicación social, con lo que se restringe indirectamente la libertad de expresión”. Se reconoce el efecto negativo que existió contra los derechos de la libertad de expresión y el derecho a la información de la población.

4.- Se precisa que el Estado debe de actuar de manera neutral en la asignación de recursos entre los distintos medios de comunicación, por lo que es necesaria la regulación de la publicidad oficial para dar voz de una manera equitativa y así, estas puedan expresarse a través de los medios de una manera completa, justa y no limitativa.

Como consecuencia del mandato expreso constitucional y del pronunciamiento de la Corte al otorgar el amparo, la ley que emita el Congreso es importante y trascendente debido a que entre muchos elementos importantes, se destaca el contemplar la transparencia en los contratos, los límites al gasto en comunicación social y la distribución equitativa y justa del dinero. Así se podrá abonar al ejercicio democrático de la libertad de expresión, es decir, acabar con la asignación discriminatoria y desigual de los recursos entre los medios de comunicación, y obedecer a principios de transparencia, acceso a la información y la rendición de cuentas. Pero sobre todo, es muy importante contemplar el pluralismo informativo, es decir, que el presupuesto y gasto se reparta en distintos medios de comunicación y no asignarlo a unos pocos que son los de siempre y con una cercanía e intereses en común con el o los gobierno(s), y así garantizar la libertad de expresión.

Es importante reconocer y aplaudir el papel que jugó la Primera Sala de la SCJN ante este tema. El mensaje es claro como el máximo tribunal constitucional, el mandato expreso en la carta magna está para realizarse, y ningún poder u órgano de gobierno puede pasar de largo la constitución.

Asimismo, el presente tema no es ajeno a ciertos estándares internacionales; la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido los “Principios sobre regulación de publicidad oficial y libertad de expresión”[2], los cuales deberán ser considerados para la Ley que deberá emitir próximamente el Congreso de la Unión.

Este último, debe considerar la importancia de que se legisle una Ley General en materia de Publicidad Oficial, ya que de crear una Ley Federal, las 32 entidades federativas tendrían que legislar dentro de sus Congresos locales la respectiva ley (local) y esto podría generar un riesgo de que exista dispersión entre las mismas y no una debida armonización entre las leyes de cada estado.

Ante el amparo concedido el día 15 por la Primera Sala de la Corte, es importante mencionar que no es una victoria total, es un gran avance en la materia y en un contexto jurídico y político previo a un año electoral. El que se haya obligado al Congreso a emitir esta Ley Reglamentaria, no significa que vayan a legislar una ley que cumpla las necesidades y exigencias requeridas, no significa que vayan a crear una ley idónea, por lo que es necesario que desde la Sociedad Civil y la academia elevemos el costo político de estas implicaciones e impulsemos en colaboración con el Congreso una ley que sea la que esta sociedad y los medios de comunicación necesitan, una ley que garantice el libre y efectivo ejercicio de la libertad de expresión de los medios de comunicación, y por otro lado el derecho a la información de las audiencias, por lo que no sobra decir que estaremos al tanto de lo que suceda en el Poder Legislativo: están siendo observados.

 

@article19mex

 

 

 

[1] Disponible aquí.

[2]  Disponible aquí.

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