El discurso de odio y la libertad de expresión

Discutamos el cómo garantizar que los intermediarios de internet y el sector público no invoquen el discurso de odio para censurar información durante las elecciones del próximo año.

Por: Paulina Gutiérrez (@paulinagtzr)

Cuando se determinan ciertos mensajes como ofensivos, violentos, discriminatorios, sexistas, entre otros, solemos integrarlos en la categoría de discurso de odio. Se considera que el contenido de tales expresiones está nutrido de rechazo a cierto grupo o individuo y por lo tanto su circulación no debería permitirse.

Por otro lado, también se ha dicho que ese tipo de mensajes y comunicaciones han encontrado en la libertad de expresión un escudo protector para amplificarse, sin que existan contrapesos discursivos que contrarresten su impacto.

Lo cierto es que no existe un concepto ni tratamiento uniforme y consensuado sobre lo que es y no es el discurso de odio. La intención es real y palpable, hay expresiones que dañan profundo y pueden incluso orillar a ciertos grupos a ocultarse y reducir, incluso nulificar, su participación en las discusiones públicas. Un efecto inhibidor que bajo ninguna circunstancia es promovido por la libertad de expresión. Sus voces nutren de pluralidad el diálogo y ocupan espacios monopolizados por ciertas narrativas.

Sin embargo, es justamente la falta de claridad sobre qué es y cómo debe atenderse el discurso de odio lo que ha dado lugar a respuestas normativas, judiciales y legislativas excesivamente restrictivas. Una respuesta a las obligaciones impuestas al Estado por el derecho internacional de los derechos humanos orientadas a legislar prohibiciones sobre cualquier promoción del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia (expresiones de odio).

Los riesgos intrínsecos a restringir la libertad de expresión bajo justificaciones enmarcadas en el discurso de odio pueden ser también la sobreprotección de ciertos grupos, una sobreinclusión o incluso restricciones desproporcionadas que invisibilizan el problema, la gravedad y la intencionalidad que pudiera ser inminente para responder de manera adecuada.

Con lo anterior no tengo la intención de confirmar los argumentos iniciales, por el contrario, me interesa contemplar que los discursos ofensivos y chocantes también son necesarios, en especial cuando son los grupos o individuos discriminados, violentados y excluidos quienes los utilizan para dirigirse a sus opresores.

ARTICLE 19 reconoce que en México la atención a este tema ha sido precario y requiere de debates sobre sus dilemas, los impactos en las personas y en los derechos humanos, y las necesidades de atención ante coyunturas donde la información y la pluralidad de voces es fundamental para la democracia en nuestro país.

Para ello, esta semana hemos iniciado un debate internacional sobre sus alcances e implicaciones en materia legal, social, contextual y de derechos humanos en el Seminario Internacional sobre Libertad de expresión y discurso de odio; sobre todo, discutamos el cómo garantizaremos que los intermediarios de internet y el sector público no invoquen el discurso de odio para censurar información durante las elecciones del próximo año; cómo garantizamos que mujeres y periodistas atacadas en plataformas digitales con discursos sexistas, amenazantes, misóginos y discriminatorios permanezcan en las redes para nutrir con sus expresiones y experiencias el debate público; cómo contrarrestamos la intolerancia y el  rechazo sin reducir nuestros espacios ganados para expresarnos.

Definitivamente encontraremos contenidos y expresiones prohibidas y sujetas a restricción  y sanciones, ya sean penales, civiles o administrativas, pero también encontraremos muchas que entren en el área gris del discurso de odio y cuyo tratamiento podría ser protegerlas o limitarlas conforme a elementos de análisis como el contenido de la expresión, la calidad del emisor (poder, amplificación, etc.), el contexto, la intención, el alcance y la magnitud, así como la probabilidad de que ocurra.

 

* Paulina Gutiérrez es oficial del Programa de Derechos Digitales de @article19mex.

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