Resguardo y difusión de archivos en museos de memoria

La política en materia de archivos ha pasado desapercibida para la agenda de derechos humanos en México, a pesar de ser un elemento clave para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información.

Por: Carlos Dorantes (@doross)

Foto: Museo de la Memoria y Derechos Humanos, Santiago de Chile, 2018.

Dos mujeres entre los 60 y 70 años de edad se encontraban en el último piso de la exposición permanente del Museo de Memoria y Derechos Humanos en Santiago de Chile, espacio que busca recordar para no repetir las atrocidades cometidas por la dictadura de Pinochet (1973-1990). En este período se cometieron ejecuciones y desapariciones de manera sistemática: el gobierno chileno ha reconocido más de 40 mil víctimas por diversos delitos. En el último piso del museo hay un mirador que da a un muro en el que se encuentran cientos de fotografías de personas asesinadas o desaparecidas en ese período. Ambas mujeres estaban concentradas viendo las fotografías y revisando una pantalla táctil en la que venía la ficha biográfica de cada víctima.

Mientras buscaban nombres en la base de datos, ellas hablaban de compañeros y familiares que habían sido asesinados por el régimen. En sus biografías de militancia aparecía la versión de la policía seguida de lo que realmente había ocurrido con cada uno de ellos. Aparecían las fotos y el proceso de justicia que desmontaba la versión oficial sobre su destino. Ellas decían “¿Te acuerdas de Miguel?… Ahora busca a los hermanos Soto… Mira, acá también está Jorge” y así nombre tras nombre, encontrando amigos y conocidos. Aun cuando recordaban con tristeza, ellas transmitían tranquilidad sabiendo que ahí estaban todos y todas, resguardadas del olvido, mientras alrededor de ellas les escuchaban con atención los más jóvenes.

Foto: Expediente de Jorge Soto, abogado boliviano asesinado por el régimen pinochetista, Museo de Memoria y Derechos Humanos, Santiago de Chile.

En México son muy pocos los espacios dedicados a contar lo que pasó en la época de la represión de los años 60 a 80. Solamente el Museo Casa de la Memoria Indómita – construido por el Comité Eureka – contiene documentos y narraciones sobre los hechos. Sin embargo, es necesario contar con un espacio en el que se reconozca lo ocurrido durante la represión estatal, como parte de una política pública de memoria y no repetición. Hay otros museos de memoria, como Memoria y Tolerancia, pero espacios como éste no dan cuenta de las violaciones de derechos humanos ocurridas en México con el peso que se requiere.

Los museos necesariamente requieren robustecer su narrativa documentalmente y para ello necesitan de los archivos. En México hubo avances en este sentido a partir de la desclasificación y transferencia al Archivo General de la Nación de documentos de la policía política (Dirección Federal de Seguridad y Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales): el 27 de noviembre de 2001 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo Presidencial mediante el cual Vicente Fox dispuso la creación de una Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) y la transferencia y apertura de los archivos, invitando a los estados a hacer lo mismo.

Estos documentos, aun cuando en todo momento fueron resguardados por el Centro de Investigación de Seguridad Nacional (CISEN), estuvieron disponibles para su consulta directa de 2002 a 2015. Hoy día no son accesibles debido a que su consulta directa fue clausurada en enero de 2015 como último paso tras un continuo proceso en busca de cerrar su acceso.

Sin embargo, a través de los documentos identificados en estos archivos y otras fuentes testimoniales, fue posible saber de manera oficial la existencia de por lo menos 788 casos de desapariciones forzadas de 1968 a 1997, de acuerdo con el Informe Histórico a la Sociedad Mexicana de la FEMOSPP, mismo que actualmente no es reconocido oficialmente y que tuvo que ser editado y publicado por el Comité 68. Los archivos no representan la verdad por sí misma, pero sí son una fuente que permite hacer conjeturas e identificar las narrativas y conceptualizaciones estatales a partir de las cuales se pueden ir reconstruyendo fragmentos de verdad.

Es por esta razón que los archivos vinculados a violaciones a derechos humanos, tanto públicos como privados (tal como el caso de la Vicaría de la Solidaridad en Chile que da cuenta de muchos casos documentados de tortura y desaparición) requieren de un ámbito especial de protección y difusión. En el Sistema Interamericano hay apoyo substancial a la idea de que los Estados tienen una obligación afirmativa para reunir, crear y preservar archivos vinculados a represión estatal y violaciones de derechos humanos puesto que son fuente clave en procesos de verdad y justicia por atrocidades del pasado como ha sucedido en Argentina, Chile, Uruguay o Guatemala.

En este sentido, el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2009 estableció que “[…] los Estados también tienen el deber de crear […] archivos designados para recolectar y organizar información sobre violaciones graves a los derechos humanos que ocurrieron en sus países”. [1] Por su parte, el informe Derecho a la verdad en las Américas[2] reforzó esta noción afirmando que “[…] el derecho de acceso a la información impone a los Estados el deber […] de crear y preservarlos [archivos] cuando no han sido compilados y organizados de esa manera”. Adicionalmente, la CIDH señaló que “Deben tomarse medidas para promover, implementar y reforzar el derecho de acceso a la información creando y manteniendo archivos públicos”.[3]

Libertades en Resistencia: informe 2016 de ARTICLE 19 by ARTICLE 19 MX-CA on Scribd

La política en materia de archivos ha pasado desapercibida para la agenda de derechos humanos en México, a pesar de ser un elemento clave para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información. Buscar, recibir y difundir información a partir de los archivos, además de abonar a la obtención de verdad, permite aportar elementos probatorios para casos que permanecen en la obscuridad: no sólo de los años 70 sino también a casos de los últimos diez años como San Fernando 2010 y 2011, Cadereyta 2012, Apatzingán 2015 o Tlatlaya 2015.

La impunidad del pasado, acompañada de la falta de acceso a información que lleve a saber lo que ocurrió, se hace extensiva a los casos de hoy, y su aparejada ausencia de verdad. La impunidad del pasado es la impunidad del presente. Con una política que coloque en el centro los archivos, tal vez en un futuro no muy lejano podamos contar con espacios de memoria que nos permitan saber qué ocurrió en tantos casos de desaparición que no han dejado de ocurrir desde hace más de 40 años y resguardar sus historias y nombres en un espacio público que los dignifique.

 

* Carlos Dorantes es Oficial Adjunto del Programa de Derecho a la Información en ARTICLE 19 México y Centroamérica. El autor agradece a Ryan Lavinge y Camilo Vicente por información recuperada para este texto. A la Universidad Alberto Hurtado y el Museo de Memoria y Derechos Humanos que organizaron la Conferencia Internacional Tecnologías Políticas de la Memoria.

Fuentes: 

[1] IACHR, Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights 2009, Report of the Special Rapporteur for Freedom of Expression, 30 December 2009, parr. 83-85.

[2] IACHR, The Right to Truth in the Americas, 13 August 2014, parr. 118.

[3] The Inter-American Juridical Committee, Principles on the Right of Access to Information, 7 August 2008, parr. 10.

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