Sin libertad de expresión, una democracia simulada

Con la muerte de Leobardo Vázquez, el actual gobierno deja claro que le importa un bledo que en México la prensa viva bajo la disyuntiva de la plata o el plomo. Se trata de gobiernos cómplices y parte constitutiva de estructuras criminales.

El 21 de marzo mataron al periodista Leobardo Vázquez en el municipio Gutiérrez Zamora, Veracruz. Un día antes, Artículo 19 dio cuenta de la violencia que azuela a la prensa en este país: 1986 agresiones contra periodistas durante el peñanietismo. De esta manera, el actual sexenio se erige como el más violento contra la prensa.

Con el asesinato de Leobardo el mensaje es claro. Les importa un bledo que se denuncie públicamente que en México la prensa vive bajo la disyuntiva de la plata o el plomo. Agentes del estado y crimen organizado seguirán matando periodistas porque pueden, porque no hay consecuencias. De hecho las probabilidades de salirse con la suya son altas puesto que el 99.6% de los crímenes contra periodistas (prácticamente todos) quedan impunes.  Si alguien es del 0.4% que recibe condena por alguna agresión contra la libertad de expresión muy seguramente le habrán faltado influencias políticas, amigos en la PGR o de plano es un chivo expiatorio.

Triste pero cierto. Las violencias contra la prensa son funcionales a los actores de poder económico (legales o ilegales) y político. Lo hemos dicho hasta el cansancio, no son gobiernos rebasados por una entidad poderosísima llamada crimen organizado. Más bien son gobiernos cómplices y parte constitutiva de estructuras criminales. Y es bajo esta lógica del “sicariato” que ahora rige las relaciones sociedad-gobierno que se puede amenazar, perseguir, hostigar, allanar, hackear, desaparecer o matar periodistas.

Vaya disparate del señor Vargas Llosa quien el lunes 19 defendió la democracia a la mexicana, aquella donde- considera él- la propia libertad de expresión marca el fatal destino de 115 de periodistas asesinados por realizar su labor.  Nada más absurdo y falaz. Por eso es un traje a la medida de nuestro sistema político actual hablar de democracia simulada. Tenemos reformas constitucionales aprobadas por un Constituyente (Congreso de la Unión más la 17 legislaturas locales); leyes que reglamentan esas reformas a la Constitución; instituciones complejas, caras, algunas veces autónomas, creadas para cauce a esas leyes.

Pero a la luz de los resultados, por lo menos en el ámbito de la libertad de expresión, todas las reformas han sido una mera puesta en escena. Tenemos un Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) complaciente con el Poder Ejecutivo Federal. Ese INAI nace de una ambiciosa reforma a la Constitución, una Ley General modelo para el mundo, un proceso de designación rebuscado. Y así sin más, la cereza en el pastel, la que mata cualquier viso de legitimidad del organismo, es la comisionada Ximena Puente en la para senadores plurinominales del PRI.

Otro ejemplo. En 2012 se reformó la Constitución para que la PGR pudiera atraer casos de delitos cometidos contra periodistas que le correspondería inicialmente investigar a una procuraduría local. En 2013 se reformaron diversas leyes secundarias que reglamentaban la “facultad de atracción”. Realidad casi 5 años después: impunidad casi absoluta, una FEADLE reacia a atraer caso, y más bien enfocada a desvirtuar líneas de investigación relacionadas con el trabajo informativo de las víctimas.

En 2012 también fue aprobada una Ley para proteger personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que crea un Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas compuesto en su Junta de Gobierno por representantes de órganos del Estado y sociedad civil. En 2013 nace la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de una controvertida pero necesaria Ley General de Víctimas, que en 2017 sufrió otra cirugía mayor ante la inoperancia de la institución encargada de implementarla. Sin  embargo seguimos sin ver políticas de prevención de la violencia ni modelos de atención a víctimas periodistas eficaces.   Como correlato atestiguamos la total descoordinación de todos los órganos de Estado responsables, y funcionarios responsabilizándose unos a otros por la completa negligencia que tiene a la prensa mexicana en zozobra.

En otros ámbitos de la libertad de expresión podemos encontrar esta teatralización del gatopardismo puro: cambiar todo para que todo siga igual. No se ha logrado la tan ansiada desconcentración mediática que da al traste con un debate plural, crítico e independiente.  Primordialmente para ello se creó un Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) “autónomo”.  Contrario a este pasmoso proceso de “desconcentración” en la propiedad de tv, radio y telecomunicaciones que ha causado profundas decepciones, encontramos que la histórica persecución contra radios comunitarias es diligente e implacable.

Por otro lado la Suprema Corte puso a trabajar al Congreso de la Unión, el cual desde 2014 tenía la obligación de regular la publicidad oficial.  A regañadientes, el Congreso se dispone a aprobar antes del 30 de abril cualquier remedo de ley que cumpla con la sentencia de la Corte y lo saque del problema, pero no que establezca las reglas mínimas ni mecanismos sólidos y eficaces para la distribución de la publicidad oficial.

Así podemos enumerar a instituciones como el IFT, Mecanismo de Protección, CEAV, se han convertido en mascarada de un Estado que en lo público “lamenta” muertes de periodistas, “se compromete” con el combate a la impunidad, “defiende y garantiza”  derechos a la información y libertad de expresión, “protege” víctimas periodistas; pero que en los hechos prodiga la opacidad, la violencia, la censura, la falta de pluralidad mediática, la desigualdad en el acceso a internet y una serie de condicionantes para el pleno, robusto y desinhibido ejercicio de la libertad de expresión.

Nada hay de democrático en este panorama. Lo que sí hay es una simulación costosa, absurda y cínica. México es el país de los procesos democráticos truncos, y es el asedio a la libertad de expresión la mejor muestra de ello. Por ello salvar la libertad de expresión implica salvar la democracia en sí misma.

 

@article19mex

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