Un golpe bajo a la libertad de expresión

La Ley General de Comunicación Social abre un espacio para que las arbitrariedades y discrecionalidades de distintos gobiernos, en colusión con distintos medios de comunicación, sean legalizadas, atropellando una gama de derechos que forman parte de la columna vertebral de una sociedad que se dice llamar democrática.

Por: Ricardo Reyes (@vegetable0000)

La noche del 25 de abril en el pleno del Senado de la República, con 60 votos a favor, 46 en contra y una abstención, los y las senadoras hicieron historia: los legisladores comprometieron gravemente la libertad de expresión al aprobar la Ley General de Comunicación Social sin tomar en cuenta que una democracia, en particular su poder legislativo, debe resguardar los derechos humanos. Esta ley que supuestamente “regulará” la publicidad oficial en realidad legaliza las malas prácticas que contribuyen a la cooptación de medios y la protección de intereses particulares.

La simulación legislativa en la que incurrieron ambas Cámaras es una clara muestra de la brecha que existe en esta democracia donde la promoción y protección de derechos humanos no están en la agenda política de la mayoría de las y los legisladores. No es un tema ajeno para esta sociedad, pero el cinismo y la hipocresía de quienes impulsan agendas propias ha alcanzado niveles graves que exponen abiertamente nuestros derechos y libertades a costa de un beneficio que como sociedad no podremos gozar.

Lo sucedido las últimas semanas en el Congreso de la Unión refleja una total ausencia de compromiso político y social, falta de voluntad y desinterés en ejercer realmente sus funciones como nuestros representantes. Así, al emitir esta Ley se abre un espacio para que las arbitrariedades y discrecionalidades de distintos gobiernos, en colusión con distintos medios de comunicación, sean legalizadas, atropellando una gama de derechos que forman parte de la columna vertebral de una sociedad que se dice llamar democrática.

El ejercicio periodístico es fundamental en las democracias para que la sociedad esté informada, ya que los medios de comunicación y periodistas son una pieza clave para su adecuado funcionamiento, toda vez que permite a los ciudadanos recibir información y conocer opiniones de todo tipo al ser precisamente el vehículo para expresar ideas sobre asuntos de interés público y difundirlas entre la sociedad. Este 3 de mayo se celebra el día internacional de la libertad de prensa, y el Congreso de la Unión honra este día a través de una ley que atenta con la libertad de prensa y la libertad de expresión.

La libertad de prensa sirve para materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad. La sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte lo señala al mencionar que “‘dada la importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática y la elevada responsabilidad que ello entraña para quienes ejercen profesionalmente labores de comunicación social, el Estado no sólo debe minimizar las restricciones a la circulación de la información sino también equilibrar, en la mayor medida de lo posible, la participación de las distintas informaciones en el debate público, impulsando el pluralismo informativo’, lo que implica que ‘la equidad debe regir el flujo informativo'”. Por lo visto, para algunos legisladores y legisladoras, estas palabras no tienen sentido.

Dejaron pasar una oportunidad histórica para hacer frente a lo que los Relatores de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Naciones Unidas han identificado como uno de los grandes problemas que enfrenta la libertad de expresión. Los efectos de esta decisión serán recordados por la historia, ya que no basta que México sea el país más peligroso de América para ejercer la libertad de expresión y sobre todo el ejercicio periodístico, no basta que vivamos una crisis de violencia generalizada y de constantes violaciones graves a los derechos humanos, sino que además, el poder legislativo ignora temas prioritarios como lo son los derechos humanos en su agenda. Porque si de algo trata la publicidad oficial, es sobre libertad de expresión y derecho a la información, conceptos que no están en el vocabulario de quienes impulsaron esta ley en el seno del Congreso de la Unión.

El estado de las cosas y el panorama de la libertad de expresión se agrava. No fue suficiente que la Suprema Corte reconociera que existe un efecto inhibidor hacia la libertad de expresión, ni que lo dijera tan claro en su sentencia para que ambas Cámaras lo integraran a través de una Ley, sino que terminó por ocurrir lo contrario: obtuvimos una ley regresiva, una ley que seguirá vulnerando nuestros derechos como sociedad.

El “chayote” —expresión utilizada en el argot periodístico que refleja el intercambio de favores, pagos, contraprestaciones que se realizan entre servidores públicos y distintos medios de comunicación y/o periodistas para determinar cierta línea editorial y así controlar el tipo de información que emitan y que nosotros como sociedad consumamos— continuará siendo el eje rector de las líneas editoriales de los medios a través de esta ley. No lo será la libertad de expresión, no lo será el derecho a la información ni el derecho a saber, tampoco lo será el ejercicio democrático de derechos y libertades. Por el contrario, el gasto excesivo de nuestros impuestos seguirá siendo utilizado para coartar derechos humanos.

Se perdió una batalla, pero la pelea aún no termina. ARTICLE 19 tiene la posibilidad de acudir a tribunales para impugnar el supuesto cumplimiento de la sentencia. Como parte quejosa es nuestro derecho, debido a que las constantes violaciones a derechos que denunciamos, mediante el amparo interpuesto en el 2014, continuarán a través de esta ley. La sentencia se tiene por no cumplida.

 

* Ricardo Reyes es abogado del Programa de Derecho a la Información de @article19mex.

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