Burocracia frente a la violencia contra la prensa

Mientras no exista una verdadera voluntad política por parte de las autoridades y una capacidad bien instalada para hacer frente a la violencia contra la prensa, las instituciones y las leyes seguirán siendo sólo medidas cosméticas.

Por: Luis Knapp

Javier Valdez Cárdenas fue asesinado en Culiacán, Sinaloa, la tarde del 15 de mayo de 2017. Ese mismo día también fue asesinado el reportero Jonathan Rodríguez y Sonia Córdova, madre de Jonathan y directora de información del semanario El Costeño, de Autlán, Jalisco fue víctima de tentativa de homicidio.

Ya antes de aquel fatídico 15 de mayo de 2017, 4 periodistas habían sido asesinados en México. El año concluyó con un total de 12 asesinatos y 507 agresiones contra periodistas y medios de comunicación.

Respecto a 2018, la diferencia no es mucho mayor: antes del 15 de mayo presente, ya se han documentado 3 asesinatos.

Javier Valdez fue fundador del semanario Ríodoce, corresponsal de La Jornada y escritor. Contaba con una amplia trayectoria en el periodismo, siendo galardonado con el Premio Sinaloa de Periodismo y el Premio Internacional a la Libertad de Prensa del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) en 2011. Riodoce, medio que también dirigía, fue galardonado con el premio de periodismo María Moors Cabot de la Universiad de Columbia, y en 2013 recibió el premio PEN Club a la excelencia editorial. La cobertura de Javier se centraba en el crimen organizado y en particular, sobre su impacto en la sociedad.

Las autoridades respondieron tardíamente. El 17 de mayo de 2017 se realizó la reunión titulada “Acciones por la libertad de expresión y para la protección de periodistas y defensores”, en donde estuvieron presentes Enrique Peña Nieto y los gobernadores de cada estado de la República, agrupados en la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO). Se dieron cuenta de la grave problemática de violencia contra periodistas en México y de la necesidad de tomar medidas 53 meses después de haber iniciado funciones el gobierno federal. Sin duda, una gran omisión.

Aún así, las medidas que acordaron no han sido más que paliativos, meras aspirinas para combatir un cáncer que crece cada vez más y sigue asfixiando al país. Entre esa medidas se encuentran el establecimiento de legislaciones en materia de protección a periodistas y personas defensoras, así como la creación de unidades y fiscalías especializadas en delitos contra periodistas. En otras palabras, más papeles y burocracia.

En esto siempre brillan las autoridades mexicanas. Cuando responden a solicitudes de información o recomendaciones emitidas organismos internacionales hacia el Estado, éste responde que ha creado X institución o aprobado alguna ley.

Recordemos la creación del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) frente el incremento de la violencia a partir de 2007. Y a pesar de esto, las agresiones contra periodistas y medios de comunicación no sólo no disminuyeron, sino que han aumentado de manera alarmante. Tan sólo lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto han sido asesinados 42 periodistas y se han documentado un total de 1986 agresiones.

Esto nos lleva nuevamente a concluir que mientras no exista una verdadera voluntad política por parte de las autoridades y una capacidad bien instalada para hacer frente a esta situación y cumplir con sus obligaciones, el Estado podrá crear las instituciones y hacer las leyes que sea, pero esto seguirá siendo solamente medidas cosméticas que no resuelven las problemáticas de fondo que requiere el país.

Hace falta una robusta política de prevención y protección integral que incluya entre otras cosas dotar a las fiscalías de independencia y autonomía. Aquí viene una apuesta sumamente importante para el tránsito y establecimiento de la Fiscalía General que sustituya la atrofiada y politizada Procuraduría General de la República (PGR).

Por ahora, la FEADLE ha identificado a algunas personas por su probable comisión o participación en los hechos como parte de la investigación que ha realizado por el homicidio de Javier Valdez. Sin embargo, aún falta avanzar en la búsqueda de una justicia completa, que conduzca a que todas y todos conozcamos la verdad de lo sucedido, y se establezca una reparación integral a las víctimas indirectas.

Aún persisten grandes retos en materia de procuración e impartición de justicia. La impunidad en México continúa en niveles altos, con un 97 %. El actual gobierno federal está por finalizar su periodo, dejando como saldo más violencia, corrupción e impunidad. No entendió que se requería hacer un giro radical en la estrategia de seguridad, que comenzó en el sexenio de Felipe Calderón con la militarización del país y que hasta la fecha ha dejando más de 200 mil personas asesinadas y por lo menos 36 mil personas desaparecidas, según cifras oficiales del Secretariado Nacional de Seguridad Pública.

La y los candidatos que actualmente compiten para ocupar la Presidencia de la República no han prestado la atención que se debe a estas graves problemáticas, como lo son la violencia contra periodistas, desapariciones forzadas y violencia contra las mujeres, tal como se observa en la plataforma #MéxicoSinMiedo2018, impulsada por Amnistía Internacional y Artículo 19, en donde se monitorea el discurso de la y los candidatos respecto a la crisis que atraviesa México en materia de derechos humanos.

El próximo gobierno tendrá una inmensa responsabilidad en comenzar a realizar los cambios necesarios y dejar atrás las estrategias que simplemente no han funcionado y que, por el contrario, han ensangrentado más al país. La sociedad ya se encuentra harta frente a esta situación y por eso exigimos que verdaderamente se encuentren a la altura de estos problemas y brindar las soluciones que requiere urgentemente el país.

 

* Luis Eduardo Knapp es abogado del Programa de Protección y Defensa de @article19mex.

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