La calumnia y la restricción de libertades

A pesar de que los delitos contra el honor se derogaron del Código Penal Federal en 2007, 8 entidades del país no han hecho lo propio. Esto permite un uso arbitrario del Derecho Penal contra quienes resultan críticos, prácticas que han sido rehusadas por distintos organismos internacionales.

Por: Gabriela Castillo

El 11 de enero comenzó el proceso de difamación contra Leonardo García, tras reclamar el correcto funcionamiento del fraccionamiento donde vivía, y con ello, la denuncia de actos que apuntan al posible conflicto de intereses entre los principales accionistas de la Constructora y de titulares de la Subsecretaría de Obras de Hidalgo y de la Secretaría de Medio Ambiente en Hidalgo.

Y así como al señor K, de Kafka, a Leonardo lo detuvieron sin aclarar la razón, aludiendo a que había un proceso en su contra. Tiempo después supo que la razón era haber transmitido información a un periodista que pudiera causar deshonra y afectar la reputación a la empresa de los Rico. Se afectaba la reputación de una de las familias con poder económico y político de Hidalgo.

Este es el riesgo que generan los delitos contra el honor, su mala interpretación puede limitar la libertad de expresión en temas de interés público. Riesgo que también generan los procesos civiles por daño moral, puesto que las indemnizaciones que solicitan quienes se aducen ofendidos son exageradas y comprometen la estabilidad económica de los periodistas.

A pesar de que en el año 2007 se derogaron del Código Penal Federal los Delitos contra el honor: calumnias, difamación e injurias, 8 entidades federativas[1] no han hecho lo propio. Esto permite un uso arbitrario del Derecho Penal contra quienes resultan críticos, prácticas que han sido rehusadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos[2], la Relatoría Especial sobre libertad de expresión de la CIDH[3] y demás organismos internacionales.

Si bien la libertad de expresión puede ser restringida, lo será sólo bajo los parámetros de que el límite conste en ley, sea la medida idónea y proporcional, y se haga una debida interpretación conforme del contenido del derecho y pueda ponderarse con la protección, en este caso, del derecho al honor, tomando en cuenta la doble dimensión de la libertad de expresión: la individual, que implica que cualquier persona pueda manifestar ideas de cualquier índole al mismo tiempo que pueda informarse, y la social, que implica que cualquier sociedad que se llame democrática deber garantizar el ejercicio de este derecho para expresarse, para recibir información con el afán de generar opiniones públicas y con ello debatir los temas que nos afectan a todos. Hoy más que nunca necesitamos del debate abierto, en el que todas las voces puedan ser escuchadas y entendidas con respeto y detonen cambios sociales que mejoren nuestras condiciones de vida.

El 29 de mayo de este año se dio un paso importante en la derogación de estos delitos, la diputada Mariana Bautista de Jesús, presentó una iniciativa de ley al Congreso de Hidalgo para derogar los delitos contra el honor, los numerales 191 a 202 del Código Penal del Estado de Hidalgo y por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inválidos los artículos referentes al tipo de calumnias del Estado de Nayarit debido a la Acción de Inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Ambos eventos se suman a los esfuerzos por erradicar este tipo de figuras del Derecho mexicano, para proteger la libertad de expresión y de información.

Al día de hoy, Leonardo García se encuentra a la espera de la resolución del juicio de amparo que interpuso por la violación a sus derechos, el cual ha suspendido el proceso penal. Él y su familia confían en que el Derecho internacional de los Derechos Humanos permee en el criterio del juez al momento de dictar la sentencia, que los criterios de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, den luz en un contexto de violencia hacia quienes ejercen el periodismo, y sus sus derechos.

Por tanto, es categórica la exigencia hacia los Congresos estatales y los Gobernadores, para que deroguen los delitos aún vigentes en los códigos penales de Campeche, Colima, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sonora y Yucatán, obedeciendo con ello el mandato de garantizar, proteger y promover los derechos humanos, y en cumplimiento de las recomendaciones que ha recibido el Estado mexicano por parte de organismos internacionales.

La exigencia debe hacer eco en el Juez que está conociendo del juicio de amparo promovido por Leonardo, así como en los demás Poderes judiciales tanto locales como Federal, en aquellos casos donde se busque silenciar la palabra, como diría el mismo Leonardo, a partir del uso arbitrario del Derecho y de las Instituciones mexicanas. Habría que recordarles que además de ser garantes de nuestros derechos, deben ser garantes de la democracia.

 

* Gabriela Castillo es abogada consultora para el Programa de Protección y Defensa de @article19mex.

 

 

 

[1] Los estados son: Campeche, Colima, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sonora, Yucatán; Michoacán ya había derogado los delitos contra el honor de su código penal en el año 2007, específicamente el de difamación, sin embargo bajo una nueva denominación los volvió a incluir en el año 2014, como Ataques contra el honor, Ataques a la intimidad, Ataques a la propia imagen.

[2] Corte IDH. Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177; Corte IDH. Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C No. 193.

[3] CIDH. Leyes de desacato y difamación criminal. Relatoria Especial para la Libertad de Expresión.

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