Caso Narvarte: deuda pendiente de justicia en CDMX

A tres años de los feminicidios y homicidio de Nadia, Alejandra, Yesenia, Mile y Rubén seguimos sin saber el móvil de los hechos. Durante este tiempo no ha habido justicia ni verdad. El caso Narvarte muestra la negligencia y falta de debida diligencia en las investigaciones ministeriales.

Por: Gabriela Castillo

Tres años han pasado ya de impunidad, de reuniones infructíferas con autoridades ministeriales, de repetir las mismas exigencias a autoridades que no escuchan, de negación al acceso a la justicia y a la reparación del daño.

Tres años ya de extrañar a Rubén, a Nadia, a Alejandra, a Yesenia y a Mile, sin saber el móvil de los feminicidios y el homicidio[1], debido a que la Fiscalía de Homicidios de esta Ciudad no ha podido aclararlo, tampoco ha aclarado las líneas de investigación y no ha generado un plan de trabajo que solicite las diligencias necesarias que arrojen datos que puedan esclarecer los hechos, reconocer responsabilidades penales y sancionar a los culpables tanto intelectuales como materiales. Por el contrario, la filtración de información, el no cumplimiento de la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México, no tomar en cuenta la línea de investigación respecto a la labor periodística de Rubén y el activismo de Nadia, así como el contexto adverso a los periodistas y a la libertad de expresión y la grave crisis de derechos humanos en Veracruz, burlan las obligaciones de quienes en principio tendrían que velar por nuestros intereses al fungir como representación social ante la justicia.

Durante todo este tiempo, es lo que no ha habido, justicia ni verdad. El caso Narvarte, muestra la negligencia y falta de debida diligencia en las investigaciones ministeriales, que son la antesala del acceso a tribunales y que tal como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, forman parte del acceso a la justicia y de la tutela judicial efectiva.[2]

La propia Comisión de Derechos Humanos capitalina, en su recomendación 4/2017 del 21 de junio del año pasado, señaló a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, como autoridades responsables de violaciones a derechos humanos en perjuicio de las víctimas directas e indirectas de los feminicidios y homicidio ocurridos el 31 de julio de 2015. Los derechos violados son los siguientes:

I. Derecho al debido proceso y debida diligencia, en relación con el derecho a defender derechos humanos y el derecho a la libertad de expresión.

II. Derecho a la verdad y derecho de acceso a la justicia.

III. Derecho a la integridad personal en relación con el derecho a la memoria de las personas fallecidas y el derecho a la honra y a la dignidad.

IV. Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Si bien el derecho a la verdad no se reduce a la verdad formal que pueda obtenerse de un proceso judicial, saber qué pasó es crucial para las familias de las 5 personas que nos faltan. Es indignante que los avances en el caso hasta el día de hoy, se lograran por el impulso de las propias víctimas y no por agentes del Estado. Es indignante que tengamos que esperar voluntad política de quienes están a cargo de la procuración de justicia.

Es verdad que la responsabilidad de investigar los asesinatos cae en autoridades ministeriales, pero la obligación política de revertir las violaciones, impedirlas y no revictimizar cae en la Jefatura de Gobierno, hoy saliente. Una Jefatura, que en palabras de las víctimas, “cargará en su historia y en su carrera política el haberse negado a resolver este caso”. Cargará con negligencia y la negación de verdad.

Hoy más que nunca siguen vigentes las exigencias de justicia de los familiares y quienes los acompañamos.[3] No pedimos más que lo que por mandato constitucional deben hacer: respetar, garantizar y proteger los derechos humanos de todas y todos en este país.

La exigencia se hereda a la administración entrante, a la nueva Jefatura de Gobierno y a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, quienes heredan también expectativas positivas respecto de la protección de derechos humanos y la dignidad de todas las víctimas. Les solicitamos que falta de voluntad política no sea obstáculo para el cumplimiento de sus obligaciones, que la procuración de justicia vaya más allá de “procurar” y verdaderamente se ocupe de las graves falencias que hoy lastiman a quienes sufren su ineficiencia.

A tres años de los feminicidios y el homicidio en la Colonia Narvarte, seguimos necesitando a Rubén, a Nadia, a Alejandra, a Yesenia y a Mile. A tres años seguiremos exigiendo justicia.

 

@article19mex

 

*Gabriela Castillo es abogada del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19.

 

[1] El 31 de julio de 2015, en un departamento de la Colonia Narvarte se privó de la vida a Olivia Alejandra Negrete Aviles, Mile Virginia Martin, Yessenia Atziri Quiroz Alfaro, Nadia Dominique Vera Pérez, defensora de derechos humanos y a Rubén Manuel Espinosa Becerril, fotoperiodista desplazado de la Ciudad de Xalapa, Veracruz.

[2] Corte IDH. Caso Gutiérrez y Familia Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2013. Serie C No. 271, Párrafo 154

[3] Artículo 19, Grupo de Acción por los derechos humanos y justicia social, y la Clínica de interés público contra la trata de personas del ITAM

Close
Comentarios