Lydia Cacho: otro golpe contra el pacto de impunidad

Pocos casos encierran en su totalidad una serie de factores y dimensiones sobre nuestra deficiente democracia y Estado de Derecho; el de Lydia Cacho, periodista y defensora de derechos humanos, es uno de ellos.

Lydia Cacho: otro golpe contra el pacto de impunidad
Animal Político

Por Leopoldo Maldonado (@snaiperG)

Hace 13 años se publicó el icónico libro de Lydia Cacho “Los demonios de Edén”, en el cual se exhibe una red de explotación sexual infantil protegida y auspiciada por empresarios poderosos y altos funcionarios estatales y federales. Uno de los señalados de participar en dicho entramado criminal, el empresario Kamel Nacif Borge, denunció a la periodista ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla por los supuestos delitos de difamación y calumnias.

Con celeridad inusitada se integró la averiguación previa, se consignó ante una Jueza Quinto de lo Penal, y ésta, en principio, se declaró incompetente. El Ministerio Público de Puebla volvió a consignar prácticamente con las mismas pruebas. Para diciembre de 2005 la jueza, extrañamente, ya había cambiado de opinión y en esta ocasión sí ordenó la aprehensión contra Lydia.

Lo que pasó después quedaría registrado como una historia infame y dolorosa de la justicia mexicana. El 16 de diciembre de 2005, policías judiciales de Puebla, apoyados por sus homólogos de Quintana Roo y agentes privados de Nacif, detuvieron a Lydia a las afueras del Centro Integral de Atención a la Mujer en Cancún. Nunca le mostraron la orden de detención ni le informaron los motivos. La llevaron a los separos de la Procuraduría de Quintana Roo y la incomunicaron, desoyeron las peticiones de no llevarla por tierra debido a que recién se recuperaba de una bronquitis, y acto seguido, se la llevaron a Puebla.

En el trayecto de 20 horas la periodista sufrió amenazas, agresiones físicas, verbales e intimidaciones sexuales. Ante las múltiples acciones de denuncia pública desplegadas por amistades y organizaciones solidarias, las autoridades poblanas pretendieron mitigar las violaciones graves cometidas contra Lydia. En la caseta de entrada al estado de Puebla, cambiaron a la periodista a un automóvil con policías judiciales mujeres con la intención de simular que fue custodiada con las condiciones mínimas que garantizaban su integridad personal. Ya en las celdas del Cereso en Puebla sufrió nuevas agresiones.

Una vez que Lydia Cacho fue puesta a disposición de la Jueza Quinto de lo Penal, se le fijó una caución de 70 mil pesos para obtener su libertad. Ahí supo los delitos que se le imputan y que el llamado “rey de la mezclilla” era la “víctima”. La indignación social suscitada en los meses siguientes alcanzaría su máximo nivel cuando en febrero de 2006 se dieran a conocer las sórdidas conversaciones telefónicas entre el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, y Kamel Nacif. Ambos personajes se regodeaban con patéticos halagos mutuas (“eres mi héroe”, “mi gober precioso”) y se ufanaban de haberle “dado sus coscorrones a esa vieja cabrona (sic)”.

Muestra palmaria de la lógica mafiosa que permea en las clases política y empresarial dominantes, el diálogo entre ambos daba cuenta del fracaso de una verdadera transición democrática, el uso faccioso del aparato de justicia penal y el imperante pacto de impunidad, vigente hasta nuestros días. Era el botón de muestra de un sistema de justicia degradado y denigrante, factor clave en la tragedia humanitaria que actualmente encubre y soslaya miles de violaciones graves a derechos humanos.

En marzo de 2006, Lydia Cacho denunciaría ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con actos de Violencia en Contra de las Mujeres (FEVIM) y la entonces Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos a Periodistas (FEADP), ambas de la Procuraduría General de la República (PGR). Como parte del patrón de obstrucción y denegación de justicia, las investigaciones se entramparían en trámites burocráticos y diligencias inocuas. La celeridad para perseguir y castigar a Lydia tendría como correlato la completa ineficacia para ser reparada en sus derechos.

En paralelo, Lydia enfrentó la acusación, ahora solamente por difamación. Hasta septiembre de 2006, y después de haber recorrido los juzgados penales de Quintana Roo y en el Distrito Federal, se dejó sin materia la causa instruida en su contra.

A este frustrante periplo se añadiría la resolución desfavorable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el ejercicio de su extinta facultad de investigar violaciones graves a derechos humanos. Decía el más alto tribunal de justicia que no se acreditaban violaciones graves a derechos humanos. En 2008, la acción penal ejercida contra los policías torturadores se declararía improcedente por los tribunales locales de Quintana Roo. Al mismo tiempo, se congelaría la investigación en PGR contra el resto de los implicados. A éstos, los poderosos e influyentes autores intelectuales, ni siquiera se les amagó con una acción penal fallida como a los policías.

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El mensaje fue claro. Torcer la acción de la procuración de justicia, reducir a nada la imparcialidad judicial, mandar detener y torturar por decir la verdad sobre abusos sexuales contra infantes no tendría ni tiene hoy consecuencias. No fue el único caso donde hombres poderosos se colocaban por encima de la ley, pero quizás el que hasta entonces evidenciaba mayor cinismo. Aun así, frente a lo evidente, nuestras autoridades de todos niveles cerraban las puertas de la justicia, la verdad y la reparación.

Como pasa comúnmente con nuestro sistema de justicia fallido, llegó un organismo internacional protector de los derechos humanos a determinar lo que siempre pareció evidente para la sociedad civil. O mejor dicho a enmendar la plana. Después de un procedimiento que tomaría 4 años, el Comité de Derechos Humanos  fue contundente y comenzó un camino hacia la reparación integral denegada a Lydia.

La sucinta y concisa resolución reivindica una lucha y reconfigura por sí misma el camino hacia la justicia. Reconoce que una periodista, así como las redes, organizaciones y  movimientos de diversa índole que la apoyamos, no estábamos construyendo teorías de la conspiración. Sí se detuvo y torturó a una periodista que denunciaba abuso infantil. Sí escuchamos a dos sujetos regodearse de ello desde la cumbre del poder. Sí tenemos un sistema que simula justicia. Sí, efectivamente, todo eso es condenable en un verdadero Estado democrático de derecho.

En efecto, con el dictamen de un mecanismo internacional se corrobora que  en este país se persigue penalmente a quien dice la verdad, y existen las condiciones legales (delitos contra el honor) para hacerlo. Que la tortura es una forma recurrente y deliberada de obtener información o de castigar. Que las mujeres son violentadas sistemáticamente en todos los ámbitos de la vida pública y privada, y en especial, cuando están bajo custodia de agentes estatales. Que la impunidad es la regla que alimenta al régimen político actual. Que no hay democracia en la que se tolere las amenazas, la tortura, la muerte de periodistas por hacer su trabajo. Y que de todo eso es hoy sobreviviente Lydia Cacho.

Ya ella luchó, soportó y superó todos los malos tratos que profiere un sistema indolente, excluyente y autoritario. Ya el Comité de derechos Humanos hizo el trabajo que nuestro costoso aparato burocrático no quiso hacer. Ahora toca tomar las medidas de reparación determinadas e implementarlas: investigar a todos los responsables, impulsar la derogación de delitos contra el honor en 9 estados, compensar los daños. Ahí está otra prueba de la verdadera voluntad de cambio para el nuevo gobierno. Y cumpliendo este fallo, podremos comenzar a confiar. Partiendo de que es la confianza una actitud elemental para la paz y reconciliación verdaderas.

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* Leopoldo Maldonado es subdirector regional de Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica (@article19mex).

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