Austeridad y publicidad oficial en el próximo gobierno

Las políticas de austeridad de Andrés Manuel López Obrador parecen necesarias frente al excesivo gasto del régimen saliente, pero no pueden aplicarse si no tienen lineamientos que establezcan cómo se realizará la disminución o cómo se asignará la pauta publicitaria.

Por: Ricardo Reyes Márquez

El próximo 3 de septiembre será un día histórico, pues el nuevo Congreso de la Unión estará integrado por una mayoría con representación del grupo parlamentario de MORENA. Hay altas expectativas de cambio depositadas en las y los congresistas entrantes.

Al entrar en funciones, la nueva Legislatura tiene la posibilidad de hacer lo que el Congreso anterior no hizo: atender el tema de la publicidad oficial de conformidad con lo establecido en la sentencia del 15 de noviembre de 2017 de la Primera Sala de la Suprema Corte. Es decir, el nuevo Congreso tiene frente a sí la posibilidad de abrogar la Ley General de Comunicación Social, la #LeyChayote, y emitir una nueva ley con participación de la sociedad civil, academia, periodistas y medios de comunicación, bajo un ejercicio de parlamento abierto y cumpliendo los más altos estándares en la materia. De esta manera, aunque fuera del tiempo establecido por la propia sentencia, se cumpliría con lo mandatado por el máximo Tribunal del país.

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, presentó en julio sus 50 puntos del plan de combate a la corrupción y austeridad, los cuales abarcan cuestiones de ahorro, transparencia y limitaciones en la administración pública, así como reformas legales. Entre ellos, llama la atención el punto 29 que dice “Se reducirá en 50 por ciento el gasto de publicidad del gobierno”, lo cual, a primera vista, tiene una lectura positiva tomando en cuenta que la actual administración de Enrique peña Nietoha gastado  a nivel federal, de enero del 2013 a diciembre del 2017, más de 50 mil millones de pesos en publicidad oficial, con un sobreejercicio de alrededor del 70%.

Las políticas de austeridad de Andrés Manuel López Obrador parecen necesarias frente al excesivo gasto del régimen saliente, pero no pueden aplicarse si no tienen lineamientos que establezcan cómo se realizará la disminución o cómo se asignará la pauta publicitaria. Si no se establecen estos criterios, la propuesta puede ser vaga y corre el riesgo de no obtener el éxito deseado. Asimismo, se deben cambiar las malas prácticas sobre la asignación arbitraria y discrecional sobre la publicidad oficial, y así, evitar el gasto excesivo. Precisamente éstas son las discusiones que tienen que darse en un proceso de parlamento abierto que atienda la opinión de la sociedad civil y los medios.

En cuanto a la reducción del gasto de publicidad oficial, habrá que prestar especial atención a cómo se repartirá la pauta a los distintos medios, ya que un gran número de ellos subsisten gracias a estos ingresos, los cuales, se verán mermados, y en un contexto económico y social como es el mexicano, la situación es grave, sobre todo cuando un gran número de periodistas tienen ingresos mínimos y condiciones precarias para ejercer su trabajo.

La política de austeridad de la próxima administración puede afectar la libertad de expresión tanto como la política de control mediático que implementó la administración saliente.

Dentro del plan de combate a la corrupción y austeridad, se tiene contemplado que se tendrá una sola oficina de comunicación social en el Gobierno Federal, la cual estará en la Presidencia a partir del 1 de diciembre de 2018, y así, desaparecerán las oficinas de las instituciones y organismos del resto de la Administración Pública.

Esto no sólo se reflejará en una disminución del gasto, como lo han anunciado, sino que habrá más congruencia en la información que emita el Gobierno. Sin embargo, existe un riesgo en la concentración en una sola oficina de comunicación social, ya que la eficiencia en sus actividades y obligaciones puede decaer, además de que recaigan tantas facultades y otorgar tanto poder a una sola persona que sea la titular de esta oficina, podría ser peligroso.

Un punto preocupante, es que Presidencia no debe concentrar todas estas funciones, deben existir otras vías para la toma de decisiones tan relevantes en materia de comunicación social, un tema que tendrá que resolver la próxima administración en cuanto a la distribución de facultades y en la organización de sus instituciones y organismos.

 

* Ricardo Reyes Márquez es abogado del Programa de Derecho a la Información de Artículo 19 México y Centroamérica

 

@article19mex

 

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