Dar voz a los 50 años de la Marcha del Silencio

La Ley General de Archivos, publicada en junio de 2018, ya considera que todos los documentos históricos son de acceso público irrestricto. Así, se elimina la categoría de documentos histórico-confidenciales que permitía el testado de nombres en los documentos históricos. Pero entra en vigor hasta junio de 2019.

Por: Carlos Dorantes (@doross

Este pasado 13 de septiembre de 2018 se cumplieron 50 años del aniversario de la “Marcha del silencio”, en la que participaron más de 250 mil personas bajo la consigna “nadie deberá abrir la boca”. Se trató de una marcha que buscó demostrar que la violencia no provenía por parte del movimiento estudiantil, sino de provocadores pagados por el gobierno. El 13 de septiembre coincide, además, con el aniversario de la Batalla de Chapultepec, en la que se construyó el imaginario de los “Niños héroes” que salvaron el honor de la patria a través de su sacrificio: se trata de una fecha en la que se hace frente a una versión oficialista de la juventud que promueve un modelo de jóvenes héroes que se sacrifican por su patria y hacen a un lado su “rebeldía”.

En este cincuenta aniversario de la “Marcha del silencio”, hemos decidido alzar la voz a través del anuncio de dos archivos digitales que contienen documentos oficiales relacionados al período de la represión estatal de las décadas de los 50 a los 80. Se trata de la publicación del acervo Mexican Intelligence Digital Archives (MIDAS, por sus siglas en inglés) y el pre-lanzamiento de los Archivos de la Represión. El primero hospedado por el Center for Research Libraries y construido por la Northwestern University y el segundo hospedado y construido por ARTICLE 19 de la mano de El Colegio de México. Ambos acervos contienen documentos de la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, las policías políticas del régimen. Se trata de documentos que han sido recabados por historiadores y académicos como Sergio Aguayo o que fueron recabados durante el mandato de la Fiscalía Especial de Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) y la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece el deber de crear y preservar acervos vinculados a violaciones de derechos humanos que deben contar con marcos legales especiales de protección y difusión para garantizar el derecho a la información y la no repetición de atrocidades. Sin embargo, en México, no existen todavía marcos que protejan y promuevan la difusión de este tipo de acervos de manera proactiva y tampoco han sido considerados oficialmente como probatorios de violaciones de derechos humanos. Por el contrario, en la actualidad es necesario realizar solicitudes de información para poder acceder a ellos. Pero, ¿cómo saber lo que se busca si no conocemos lo que hay dentro del acervo?

No sólo la información no es accesible ni difundida, sino que publicar este tipo de acervos conlleva riesgos. La gran amenaza que enfrentan este tipo de acervos son las demandas por protección de datos personales. Las sanciones por publicar archivos que contienen datos personales van por arriba del millón de pesos. Esta situación se da incluso con documentos generados por el Estado que, por medio de la vigilancia, fueron recabados de manera ilegal. En esta discusión, el INAI ha demostrado en años recientes tener una postura más inclinada hacia la protección de datos personales que hacia la apertura de información de interés público.

La Ley General de Archivos, publicada en junio de 2018, ya considera que todos los documentos históricos son de acceso público irrestricto. Con esto, se elimina la categoría de documentos histórico-confidenciales que contemplaba la Ley Federal de Archivos de 2012, misma que permitía el testado de nombres en los documentos históricos. Por ejemplo, documentos que daban cuenta de la detención de personas que están desaparecidas aparecían con los rostros y nombres tachados. De este modo se consolidaba una doble desaparición: la desaparición de la persona en la vida real y la desaparición del registro de la persona en los documentos. La Ley General de Archivos entra en vigor hasta junio de 2019, por lo que todavía existe dicha protección de datos personales en este tipo de documentos de interés público. De este modo, organizaciones que abran documentos pueden ser sujeto de sanciones derivadas de la antigua Ley Federal de Archivos y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. Es por ello que El Colegio de México, Center for Research Libraries, ARTICLE 19 y la Northwestern University exigen al nuevo Congreso, como prueba de voluntad política en este contexto de transformación y potencial procesos de paz y justicia transicional, que la Ley General de Archivos entre en vigor de inmediato y se promuevan marcos especiales de protección y difusión de documentos vinculados a derechos humanos. Sólo de este modo es posible promover que nuevos acervos se incorporen y se abran en el futuro cercano. La promoción del derecho a al información y a la verdad a través de la apertura de archivos no pueden ser considerados como actividades clandestinas.

 

* Carlos Dorantes es Oficial del Programa de Derecho a la Información de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica.

 

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