A 50 años de Tlatelolco, ¿qué sabemos?

El 19 de septiembre, el INAI determinó la publicidad de todos los archivos del movimiento del 68. Los acervos contienen documentos oficiales de las dependencias involucradas. La misma posición se debería asumir ante otros casos como Tlatlaya y Ayotzinapa. O ¿serán necesarios otros 50 años?

Por: Carlos Dorantes (@doross) y Ricardo Reyes (@vegetable0000)

En México, cada 28 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Derecho a Saber. En esta fecha se realizan diversos eventos por parte de organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas para hablar de los logros que hay en materia de transparencia o promover el derecho de acceso a la información pública. Desde 2004 conmemoramos este día y en estos últimos 14 años hemos fortalecido instituciones como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI, antes IFAI), contamos ahora con un Sistema Nacional de Transparencia, una Plataforma Nacional y tenemos la mejor ley en la materia a nivel internacional.

Sin embargo, tener información no es lo mismo que saber. Es por ello que nos parece importante preguntarnos este Día Internacional del Derecho a Saber, coincidente con el 50 aniversario de la Masacre de Tlatelolco, ¿qué sabemos de los hechos ocurridos el 2 de octubre, del Halconazo y de los más de 788 casos de desaparición forzada, de acuerdo con el informe de la Fiscalía Especial de Movimientos Políticos y Sociales del Pasado (FEMOSPP)? De igual manera, es necesario preguntarnos ¿qué sabemos de las atrocidades de los últimos diez años?

De acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información (LGTAIP), la información relacionada con casos de violaciones graves de derechos humanos no puede ser reservada. Es decir, todo alrededor de estos casos —a excepción, por ejemplo, de datos personales sensibles— debe ser público. Sin embargo, esto no nos ha permitido saber más sobre casos declarados en este sentido, como Ayotzinapa o Tlatlaya; tampoco nos ha ayudado a responder las preguntas por qué, quiénes, cómo. Garantizar el acceso a información no necesariamente ha resultado en mayor conocimiento ni en saber la verdad de lo que ocurrió. Podríamos enumerar decenas de casos que están en la mirada pública y tampoco es posible responder las mismas preguntas: el multihomicidio de la Narvarte (2015), Acteal (1997), Aguas Blancas (1995), Villas de Salvarcar (2010), Apatzingán (2015), San Fernando (2010 y 2011), Cadereyta (2012), los hallazgos de fosas clandestinas de los últimos diez años, ¿ad infinitum?…

Ahora bien, esto no quiere decir que no sea importante la información que hemos podido recuperar: nos ha ayudado a reconstruir lo poco que sabemos. Sin embargo, mucho influye la selectividad que puede haber en la información que se abre, que no haya políticas públicas de difusión, que se protejan datos personales o se teste parte importante de las investigaciones. Con información podemos responder estas preguntas, pero necesitamos que esté disponible, bien organizada, que se difunda y que también se fomente la construcción de narrativas que expliquen qué ocurrió, por qué razones, y quiénes son los culpables.

El pasado 19 de septiembre, el INAI determinó la publicidad de toda la información contenida en documentos que conforman la colección de archivos M68: Ciudadanías en Movimiento, incluyendo todos los datos personales. Los acervos contiene documentos oficiales de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la Secretaría de Gobernación, el Servicio Secreto, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía del Departamento del Distrito Federal. El Instituto debe asumir una posición similar ante otros casos de igual importancia, algunos de los cuales incluso ya han sido clasificados como violaciones graves de derechos humanos (Tlatlaya, Ayotzinapa, San Fernando, entre otros). De lo contrario, ¿sería necesario esperar 50 años y tener la presión de las universidades más importantes del país para que se abra la totalidad de la información del resto de los casos?

Pero insistimos en que tener información sobre este y otros casos no es garantía de saber: aún no sabemos quiénes, ni cuántos, ni por qué; en consecuencia, tampoco hay justicia. Es por ello que los relatos construidos con información verídica y su difusión son fundamentales para saber. En este sentido, ARTICLE 19, Indignación, el Centro ProDH, junto con Carlos Escoffié, promovimos un amparo indirecto ante la Secretaría de Educación Pública para que incorpore los contenidos del período conocido como “Guerra Sucia” (represión estatal entre los años 60 a 80) en los libros de texto gratuito de la educación básica. Mediante este juicio de garantías, pretendemos que se reconozca expresamente un contexto histórico de violencia y represión, y así poder generar memoria y verdad. El amparo nos permitirá incorporar como una política educativa hechos pasados en donde el Estado y sus instituciones han sido cómplices de atrocidades.

Generar memoria, verdad y justicia es parte de las responsabilidades del Estado mexicano, no tendríamos la necesidad de ir a recursos para exigir que se nos garanticen nuestros derecho saber; así como fomentar políticas de no repetición, reconocimiento de atrocidades del pasado y acceder a la justicia. La falta de estas políticas es una condena a la constante repetición de atrocidades. La incorporación de este tipo de narrativas será muestra de que las conquistas en materia de accesibilidad a información, archivos, documentos, se vean reflejadas en la posibilidad de que todas las personas podamos saber qué fue lo que pasó.

 

*Carlos Dorantes es Oficial del Programa de Derecho a la Información y Ricardo Reyes es Abogado del Programa de Derecho a la Información.

 

 

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