La impunidad en la violencia contra la prensa

ARTICLE 19 tiene registro de 389 agresiones contra periodistas del 01 de enero al 31 julio de 2018. Estamos hablando que hasta el final de julio, según nuestro registro, sumarían 2,375 agresiones contra la prensa en México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Por: Leopoldo Maldonado

En 2013 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución A/RES/68/163 en la cual proclamaba el día 2 de noviembre como Día Internacional para poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas. A nivel global, reporta la Unesco, menos del 7% de los casos de asesinatos contra periodistas ocurridos de 2006 a 2013 se han resuelto, mientras el 25% se encuentran pendientes en alguna etapa del sistema judicial.

Los datos de la impunidad en los delitos cometidos contra periodistas a nivel global son alarmantes. Evidentemente esto no es una manera de aliviar las conciencias de nuestros funcionarios de procuración de justicia. México suma a la impunidad con su, hasta hoy, 99.2 % de casos sin sentencia a nivel federal.[1] En casos de asesinatos, la FEADLE ha obtenido una sentencia en su historia, mientras que instituciones de procuración de justicia en Veracruz o la Ciudad de México han obtenido sentencias en los asesinatos de Regina Martínez, Gregorio Jiménez, Moisés Sánchez o “Narvarte”, con serias dudas sobre el aseo y alcances en las investigaciones.

Los asesinatos de periodistas son el extremo de un continuum de violencia contra la libertad d expresión que no frena y encuentra diversas manifestaciones. ARTICLE 19 tiene registro de 389 agresiones contra periodistas del 01 de enero al 31 julio de 2018. Estamos hablando que hasta el final de julio, según nuestro registro, sumarían 2,375 agresiones contra la prensa en México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esa gama de agresiones a la que hago referencia abarca, durante los primeros siete meses del año: intimidación y hostigamiento (126), amenazas (82), bloqueo, alteración o remoción de información (57), ataque físico (42) y privación de la libertad (22). En el caso de asesinatos con posible móvil relacionado por el ejercicio periodístico alcanzamos 8 periodistas durante 2018, es decir, 47 durante el peñanietismo.

La violencia contra la prensa no es un daño colateral de la violencia generalizada sino que tiene una intención específica de censurar e inhibir. Y muchas veces esa intencionalidad o móvil es evidentemente política. Encontramos nuevamente que los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno encabezan la lista de perpetradores con el 42% de las agresiones, mientras el número de agresiones posiblemente perpetradas por integrantes del crimen organizado representa el 4.6% de los casos.

La intención de inhibir el flujo informativo tiene referencias geográficas que marcan un patrón en ciertas regiones. Una vez más Veracruz (44) es el estado que más agresiones registra contra periodistas en las postrimerías del yunismo. Le siguen estados como Coahuila (43), Puebla (30), Guerrero (26) y Ciudad de México (22).

A pesar de la visibilización recurrente de patrones de violencia contra la prensa por tipo de agresión, perpetradores, entidades federativas, sexo, género; el Estado mexicano ha fracasado rotundamente en los últimos 6 años para atajar esta violencia.

Por ello este día es para expresar nuestra indignación ante un Estado que ha hecho oídos sordos ante la violencia contra periodistas. También frente un entramado institucional encargado de proteger periodistas (Mecanismo) o de investigar los delitos en su agravio (FEADLE) que forma parte de la simulación y el gatopardismo característico del régimen que está por terminar. En tanto no se frene la ascendente espiral de agresiones contra periodistas, y mucho menos se garantiza verdad, justicia y reparación integral a las víctimas, es imposible hablar de “avances” en materia de protección y procuración de justicia para periodistas.

De hecho, la mejor estrategia de prevención sería combatir la impunidad en los delitos contra la prensa. Se ha dicho hasta el cansancio pero al gobierno saliente no le interesó. Lo más que se obtuvo del actual titular del Ejecutivo Federal fueron “fuegos de artificio” dos días después del asesinato de Javier Valdez: un compromiso de fortalecer la protección de periodistas. La realidad se impuso, desde aquel anunció 15 periodistas más han sido asesinados.

Como conclusión podemos señalar que la verdadera impronta de este gobierno federal en su relación con la prensa la encontraremos más en el caso de Gobierno Espía (Pegasus), donde no escatimó recursos para espiar a activistas y periodistas incómodos. Es evidente que para el grupo político que culmina su gestión el 31 de noviembre la prensa es vista como instrumento al servicio del poder -condicionada mediante el gasto ominoso en publicidad oficial- o como enemiga cuando tenía un comportamiento crítico. Ello explica la impunidad lacerante y la violencia irrefrenable. Simplemente no les interesa tener una prensa libre de miedo y (auto) censura que dinamice un flujo de información plural, crítica e independiente.

El reto para el próximo gobierno es revertir de manera radical esta tendencia que degrada la viabilidad de construir democracia. Muy lamentable será que el 2 de noviembre de 2019 sigamos hablando de cientos de agresiones contra periodistas, y que los asesinatos recurrentes no cejen. Si es así, nos quedará claro que la democracia en México es una simulación.

 

@article19mex

 

 

[1] La cifra se obtiene al hacer el comparativo entre número de investigaciones abiertas de 5 de julio de 2010 al 30 de septiembre de 2018, lo cual registra 1120 expedientes, y las 8 sentencias que en el mismo lapso ha obtenido la FEADLE. Ver Informe estadístico FEADLE hasta septiembre de 2018 aquí. Es importante notar que en dicho informe se reportan siete sentencias pero recientemente se anunció otro caso resuelto ante autoridad judicial contra un funcionario de Tabasco (Comunicado de PGR 1099/2018 del 20 de octubre).

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