Atendamos la violencia contra las mujeres en línea

En términos reales, las mujeres que ejercen su libertad de expresión y su derecho a la información en los temas que libremente eligen suelen quedar inmersas en una estructura de discriminación sistemática.

Por: Martha Tudón (@MarthaTdn)

En el marco de la conmemoración internacional sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer resulta imprescindible reconocer las condiciones en las cuales las mujeres ejercen sus derechos en México, sobre todo de aquellas que se enfrentan a situaciones mayormente amenazantes y a vulnerabilidades adicionales como resultado de su trabajo periodístico, de sus expresiones y por la búsqueda de información necesaria para generar cambios en sus comunidades.

En la actualidad, el ejercicio de los derechos humanos se da en dos entornos complementarios, el físico y el digital. Particularmente la Internet y las tecnologías de la información se han convertido en fuentes habilitadoras para que las mujeres ejerzan sus derechos a la libertad de expresión, de acceso a la información, de asociación y de participación y, en consecuencia, se reivindiquen como entes políticos, sociales y económicos.

No obstante, la materialización de lo anterior requiere de una premisa: que exista un acceso efectivo y un uso funcional y seguro de las tecnologías por parte de las personas. En ausencia de lo anterior, las desigualdades de género ejercen mayor influencia en la manera en que las mujeres tienen acceso a las herramientas digitales y en la forma en que las utilizan y disfrutan para incidir en sus realidades. En términos reales, las mujeres que ejercen su libertad de expresión y su derecho a la información en los temas que libremente eligen suelen quedar inmersas en una estructura de discriminación sistemática.

Primero, porque existe una brecha importante en el acceso, uso, desarrollo y aprovechamiento de las tecnologías entre mujeres y hombres, así como una falta de reconocimiento de este problema por parte del Estado que visibilice la necesidad de estudiar estas barreras y sus consecuencias de forma precisa y diferenciada para crear políticas públicas en la materia. Además de la ausencia de estrategias de conectividad y apropiación tecnológica con perspectiva de género –y con diferenciales asociados a la inclusión generacional y pertenencia lingüística y cultural-, también hay una carencia de políticas complementarias que faciliten el uso de las tecnologías, como de educación (la cual es una vía para su aprovechamiento y el conocimiento de los riesgos implícitos en ellas) y de remuneraciones salariales para las mujeres (para sostener y diversificar el uso de las herramientas digitales).

Segundo, las mujeres que sí tienen acceso a Internet y otras tecnologías de la información enfrentan agresiones asociadas con su uso. Las vulneraciones suelen comenzar desde el ámbito digital, y pueden llegar a reproducirse y exacerbarse en el físico -manifestándose en distintos niveles de agresiones y violencias-. Sin embargo, el entorno digital suele recibir menos atención y consideración que el físico, porque las agresiones y violencias son menos visibles por estar enfocadas en ataques directos y por estar implícitamente permitidos o ignorados debido a la normalización generalizada de actitudes machistas.

El bullying, el acoso, las amenazas, las fotos que se difunden sin consentimiento, los mensajes falsos, las violaciones a la privacidad, los comentarios discriminatorios o machistas que menosprecian los saberes, conocimientos o capacidades -por el hecho de ser mujeres-, las alusiones y valoraciones a la apariencia física y/o sexual, son algunos de los muchos ejemplos de agresiones que las mujeres enfrentan día a día. Además, la situación se recrudece para las mujeres que habitan en comunidades históricamente excluidas o donde las connotaciones sexuales, el desprestigio y las alusiones amenazantes a su familia y a su vida privada se convierten en armas de violencia contra ellas.

Esta violencia de género en el entorno digital es grave y seria por sus impactos a nivel individual y colectivo. A nivel individual porque, como consecuencia de las intimidaciones y agresiones, las mujeres se ven limitadas o se autocensuran en la manera en que se expresan y acceden a información y contenidos, mermando sus capacidades para devengar estos y otros derechos. A nivel colectivo, porque la carencia de estas voces en el espacio digital genera una distorsión y fomenta un discurso patriarcal o dominante en la discusión pública, porque –por default– implica la carencia de puntos de vista, reflexiones y análisis desde la perspectiva de muchas mujeres. En este sentido, la pérdida de estas voces es invaluable para una democracia, especialmente en la medida en que éstas quedan excluidas de representación en el espacio cívico donde se van construyendo temas en la agenda pública y construyendo estrategias para su seguimiento.

Aún más, las agresiones a las mujeres en el entorno digital implican también que un sub-grupo de ellas, es decir, periodistas, defensoras de derechos humanos y políticas, reduzcan la manera en que desempeñan sus roles en la sociedad, exacerbando la afectación en el derecho colectivo de las demás personas a acceder a sus voces, interese, perspectivas y trabajos.

Por ello, es indispensable reconocer la necesidad de emprender acciones encaminadas a la atención de estas violencias con sus distintas aristas, las cuales se guíen por una perspectiva de género que reconozca los estereotipos asignados a las mujeres que les discriminan al replicarse cuando deciden empoderarse a través del uso de las tecnologías y deciden informarse y expresarse a través del uso de las plataformas digitales.

En ese sentido, existen algunas nociones sobre los pasos inmediatos que habría que caminar. En julio de 2018 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó la resolución “Acelerar los esfuerzos para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas: prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas en los contextos digitales y responder a ese fenómeno”[1]. Posteriormente en el mismo mes, el Estado mexicano recibió las observaciones finales[2] emitidas por el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) a partir de la examinación de su noveno informe.

Con base en los llamamientos de ambos instrumentos internacionales, los cuales recuperan y refuerzan estándares de derechos humanos, el Estado mexicano habría de desarrollar políticas desde y para las mujeres, las cuales hagan frente a las causas históricas, estructurales y subyacentes de violencia, así como a los factores de riesgo asociados.

Además, apelando a la corresponsabilidad del sector privado por crear espacios libre de violencia, dichos instrumentos internacionales hacen también un exhorto a que las empresas de tecnologías de la información, incluidos los proveedores de servicios de Internet y las plataformas digitales, consoliden y adopten medidas positivas para promover la igualdad de género en el diseño, la aplicación y la utilización de las tecnologías digitales –al tiempo en que se resguardan y fomentan los derechos humanos de todas y todos los usuarios-.

El entorno digital es un espacio fundamental para el desarrollo individual y social de las mujeres, en el cual hemos encontrado una fuerte resonancia a nuestras voces y experiencias, marcando hitos en la manera en que construimos nuestra realidad. En ese sentido, no desestimemos los ataques ni las agresiones en nuestra contra ni dejemos de reconocer las violencias machistas que perduran en todos los ámbitos de nuestras vidas, pero tampoco desestimemos (ni subestimemos) el valor y la potencia de nuestras voces en el espacio público.

 

* Martha Tudón es coordinadora en el Programa de Derechos Digitales de @article19mex.

 

 

[1] Asamblea General de las Naciones Unidas. Acelerar los esfuerzos para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas: prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas en los contextos digitales. A/HRC/38/L.6. Publicado el 2 de julio de 2018. Disponible aquí.

[2] Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México. CEDAW/C/MEX/CO/9. Publicado el 25 de julio de 2018. Disponible aquí.

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