Cambian las personas, pero no las deudas del Estado

En casi 13 años de “guerra contra el narco”, las y los periodistas hemos aprendido a organizarnos a pesar de los obstáculos de autoridades que limitan recursos y operan a medias logros como el Mecanismo federal de protección para personas defensoras y periodistas o la Fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión.

Por: Verónica Espinosa (@veroespinosav)

En noviembre del año pasado fuimos invitadas e invitados por Artículo 19 e integrantes del Parlamento Europeo a Bruselas, donde se nos recibió con la mayor calidez, donde se nos hizo sentir acompañados, donde se nos escuchó hablar sobre lo que es ser periodista y hacer periodismo en México en éstos, los años de la guerra nunca declarada que tantas miles de personas asesinadas y desaparecidas ha dejado, como el más macabro de los trofeos.

Hablamos sobre la oportunidad que significa y que vemos ante nosotras, nosotros, en un gobierno nuevo que quiere marcar una distancia del pasado, pero que le debe a millones de mexicanas y mexicanos la justicia que ha sido negada por décadas.

Porque cambian las personas y los nombres, pero las deudas del Estado no se pueden borrar o reducir a la cuenta de cero.

Son dos meses de este nuevo gobierno y tenemos urgencia, tenemos prisa; las y los periodistas tenemos urgencia de certezas sobre si podremos recobrar el derecho a trabajar, el derecho a informar, el derecho a la justicia, el derecho a vivir sin miedo.

Han sido años de agravios y de pérdidas de amigas, colegas; años de miedo, de amenazas; años de huir, de desaparecer, de sufrir violencia de género, acoso sexista, precarización laboral; años de morir y ver morir a periodistas que también eran nuestros seres queridos. Años de impunidad.

Mi estado, Guanajuato, vive hoy una violencia sin tregua y sin precedentes. Grupos criminales suman su ofensiva social a las prácticas ya conocidas de censura, amenaza e intimidación contra periodistas desde el poder público.

El temor no es gratuito: tenemos los ejemplos de Tamaulipas, de Veracruz, de Guerrero, de Oaxaca, de la Ciudad de México; tenemos los ejemplos de periodistas desplazados, desplazadas, de sus ciudades; de colegas amenazadas por rostros anónimos o falsos desde el ciberespacio, o por acoso judicial y demandas millonarias.

Las agresiones en Guanajuato siguen proviniendo en su mayoría de funcionarios municipales, pero ahora se suman dos nuevos factores: las campañas de criminalización en redes sociales y la presumible presencia de grupos vinculados a la venta de ilegal de combustible o huachicol. Estas acciones son consecuencia directa de trabajos periodísticos, particularmente las investigaciones sobre corrupción en los municipios y en el gobierno estatal.

En varios de los casos se ha identificado a las autoridades municipales que de manera reiterada han incurrido en agresiones en distintos niveles, desde acoso en redes sociales a través de emisarios, ataques digitales. Pero el principal sigue siendo el veto para acceder a los contratos de publicidad oficial, a manera de castigo, y así expresamente se ha hecho saber, particularmente por gobiernos municipales, pero también por el gobierno del estado.

A esas amenazas se suma una nueva, pero no menos forma de perseguir, criminalizar y censurar al periodismo: la persecución judicial en forma de demandas por daño moral, sea directamente de funcionarios y políticos o de personeros y, como ocurre en Guanajuato, propietarios de medios favorecidos o coludidos con gobiernos para acallar voces críticas.

Todo eso que acabo de mencionar es historia sabida. Porque esa lista de riesgos ha recorrido gran parte del mapa nacional, y hoy luchamos para que no se quede en Guanajuato. Y justo es eso lo que resalto por paradójico: han pasado casi 13 años del comienzo de lo que llamamos “guerra contra el narco” y aunque las y los periodistas hemos aprendido a organizarnos, apoyados por grandes aliados como Artículo 19, la Red de Periodistas de a Pie, CIMAC, para cuidarnos, sentarnos con autoridades para exigir leyes, mecanismos, fiscalías y medidas, lo que hemos logrado lo hemos logrado a pesar de y con los obstáculos de esas autoridades, que limitan recursos y operan a medias logros como el Mecanismo federal de protección para personas defensoras y periodistas o la Fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión.

Ésta es, pues, nuestra urgencia fundamental, senadora (Citlali Hernández): que lo que existe sirva, funcione, sea mejorado; que lo que falta para que el Estado garantice plenamente los derechos que enumeré, deje de faltar. Que este gobierno no nos niegue ni la libertad, ni la justicia.

 

* Verónica Espinosa es corresponsal de Proceso en Guanajuato y editora en El Otro Enfoque.

 

Este texto es un discurso de la periodista para la presentación de la iniciativa “De la mano”, del Parlamento Europeo y ARTICLE 19.

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