¿Qué esperamos ver en una nueva ley docente? Parte 5

Desde la nueva ley docente y las políticas que deriven de ella se debe asegurar la creación de sistemas públicos de información para la planeación, seguimiento y evaluación de los procesos docentes.

Por: Sandra Creixell Breña (@sandracreixell)

Hace unos días, en una ponencia de International Youth Foundation (IYF), se destacó que era “un lujo” contar con información relativa a la trayectoria escolar de 300,000 estudiantes de CONALEP. IYF es una organización internacional no gubernamental que tiene como objetivo principal lograr que jóvenes accedan a oportunidades de formación y empleo para su desarrollo integral pleno. Esta organización ha impactado a más de 17 millones de jóvenes en el mundo, gracias al esfuerzo de sus integrantes para conseguir información que debiera ser pública y disponible (con la debida protección de datos personales).

No, no es un lujo contar con información generada por entes públicos; es un derecho consagrado en el artículo 6º constitucional, así como en decenas de leyes y reglamentos federales y locales. Garantizar la transparencia y el acceso a la información requiere que el gobierno habilite, principalmente, herramientas de consulta; en México esta tarea empezó a ser relevante con la reforma de 2002, se fortaleció con la reforma de 2014 y sigue en continuo desarrollo con varios pendientes en los tres ámbitos de gobierno tanto a nivel federal como estatal.

En el caso de la educación, la información y la transparencia son además indispensables para la debida gestión, implementación y evaluación del sistema educativo nacional. El acceso a la información es esencial para que todos los agentes de cambio de la transformación educativa puedan hacer su parte: las autoridades federales, estatales y municipales, las figuras educativas (docente, director, supervisor, asesor técnico pedagógico), las niñas, niños y jóvenes, sus familias y las organizaciones de sociedad civil.

Pero no es suficiente que exista la información. Debe estar actualizada y sistematizada, ser fácil de consultar y sobretodo, en un sistema educativo tan complejo y grande como es el mexicano, se requiere que los sistemas de información públicos estén articulados entre sí.

En materia docente, la importancia de la transparencia y el acceso a información actualizada y sistematizada se explica fácilmente en estos ejemplos:

  • Tener certeza sobre las plazas disponibles en los distintos niveles de educación obligatoria permite orientar la oferta en las escuelas normales y las decisiones de docentes para acceder a oportunidades de promoción o cambio de adscripción.
  • Conocer los resultados de evaluaciones diagnósticas como parte del aprendizaje docente permite definir los cursos y programas de formación continua que se necesitan y los que no, así como medir su efectividad.
  • Saber que tutores hay disponibles permite adecuar la asignación de cada tutor(a) para maximizar su desempeño.

Por lo anterior, se debe asegurar –desde la nueva ley docente y las políticas que deriven de ella- la creación de sistemas públicos de información para la planeación, seguimiento y evaluación de cada uno de los siguientes temas: (i) la formación inicial, (ii) los procesos de asignación, readscripción y promoción docente, (iii) la formación continua, (iv) la evaluación diagnóstica, (v) la tutoría (federal y estatal), y (vi) el acompañamiento escolar desde las supervisiones.

Como insumo esencial de estos sistemas, se debe dotar a cada docente un folio de identificación que garantice su anonimato, proteja sus datos personales y permita dar seguimiento a todos los interesados en los procesos docentes.

La construcción y articulación de esta propuesta es un paso determinante hacia un sistema educativo nacional cada vez más transparente en el que ya no será un lujo contar con información, sino una herramienta abierta y disponible para todos.

Este elemento, junto con el establecimiento de perfiles claros y públicos para todas las figuras educativas, procesos de selección y promoción justos y equitativos, acompañamiento escolar e individual, y formación inicial y continua, conforman los cinco que consideramos fundamentales para que la nueva ley docente promueva y garantice los derechos profesionales de las y los maestros.

Desde Mexicanos Primero estaremos atentos a la nueva propuesta educativa del gobierno y defenderemos la inclusión de estos cinco elementos en la nueva ley docente. Reiteramos que la mejor forma de garantizar el derecho a aprender de las niñas, niños y jóvenes en México es garantizar el derecho a aprender de sus maestras y maestros.

 

* Sandra Creixell Breña es directora de Estudios Jurídicos de @Mexicanos1o.

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