Contando los costos: Las políticas de drogas de América Latina

Es una constante histórica en la humanidad que todas las sociedades que han tenido acceso a substancias que alteren los estados generales de conciencia, las han utilizado de una forma u otra en contextos regularmente controlados. Ya sea por estatus, para relajar la mente, de forma recreativa, para fomentar la comunicación grupal o para comunicarse con espíritus o hacer magia, las drogas son una permanente social (Escohotado, Antonio. 2002. Historia de las drogas. Alianza. Madrid). Más importante para nuestro debate es decir que el tema ha sido tradicionalmente tratado de forma inmediata por la localidad en la que se les consume (Para más información sobre este tema, Barra, A. 2010. “Después de la guerra perdida, ¿qué? El debate de la legalización de las drogas en México”. Perspectivas Progresistas. Fundación Friedrich Ebert, México).

 

Sin embargo, a medida de que la producción, el tráfico y el consumo de drogas se convirtió en un tema transfronterizo, la dinámica internacional se modificó. Con esta intensión es que en 1946, al terminar la Segunda Guerra Mundial, la Organización de Naciones Unidas asumió la responsabilidad del control de las drogas ilícitas al crear la Comisión de Estupefacientes (CND) en el marco del Consejo Económico y Social. La CND tardó después hasta 1961 en consolidar una normatividad internacional a través de la Convención Única sobre Estupefacientes, mientras derogaba gran parte de las convenciones que le antecedieron (William, V., McAllister, B. 2000. Drug Diplomacy in the Twentieth Century. An International History. Routledge. Nueva York.).

 

Durante los largos 50 años siguientes, la dinámica de la comunidad internacional apostó a las directrices acordadas en la Convención Única de Estupefacientes aplicadas a través de cuatro acciones específicas: 1) el establecimiento de cuatro listas de drogas sujetas a diferentes niveles de control; 2) la reafirmación de la Comisión como la generadora de la normatividad internacional; 3) la creación de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) que supervisa la aplicación de la normatividad internacional, y 4) la creación de lo que hoy se conoce como Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para manejar fondos y proyectos de asistencia técnica a diversos países.

 

El principal problema discursivo y de directriz política de la Convención Única ha sido, sin embargo, pretender limitar los usos de las drogas clasificadas a aquellos “médicos y de investigación científica”. La Convención busca, así, eliminar cualquier otra razón o forma de uso, incluso si este es tradicional en alguna localidad o pueblo originario. Por esto, por ejemplo, aunque el documento pretendía eliminar los usos tradicionales de la hoja de coca a más tardar el 31 de diciembre 1989, Bolivia se ha pronunciado constantemente desde entonces solicitando a las partes quitar de las listas de clasificación a la hoja de coca.

 

Las políticas de drogas en América Latina

A pesar de todo lo anterior, América Latina mantiene un debate sobre las políticas de drogas a veces más politizado y con grados diversos de polémica. Durante los últimos veinte años, las perspectivas aplicadas en las distintas legislaciones nacionales son diversas. A continuación algunos de los países de la región y sus respectivas políticas de drogas:

 

Argentina y el fallo de la Suprema Corte de Justicia. Hasta el 2009, Argentina utilizó la Ley 23.737, que en su artículo 14 parte II castiga la tenencia de drogas para consumo personal con pena de prisión que va desde 1 mes a 2 años. También incluye medidas de educación o tratamiento como sustituto de las penas. Sin embargo, la Ley fue declarada inconstitucional por unanimidad por el Tribunal Supremo el 25 de agosto de 2009, aplicable a los casos de tenencia de drogas para consumo personal que no afecta a otras personas.

 

La discriminalización pendiente de Brasil. En su Ley de 2006 N° 11.343, Artículo 28, Brasil define que: “Quien adquiere, deposita, transporta o trae consigo, para consumo personal, drogas sin autorización o en desacuerdo con determinación legal o reglamentaria, será sometido a las siguientes penas: I. Advertencia sobre los efectos de las drogas, II. Prestación de servicios a la comunidad, III. Medida educativa de comparecencia a programa o curso educativo”. En este sentido, se observa una tendencia clara en las políticas brasileñas en la materia.

 

El debate actual de Colombia. En 1994, la Corte Constitucional de Colombia declaró inconstitucional el castigo por posesión de cantidades para uso personal, basada en el artículo. 16, relativa a la libertad individual. Desde entonces, los adultos pueden tener hasta 20gr. de marihuana y 1 gr. de cocaína, entre otras sustancias, para el consumo en la intimidad de sus hogares sin temor a sufrir sanción alguna. Sin embargo, a través del Acto Legislativo 2 de 2009, en su Artículo 1, se prohíbe la posesión o el consumo de drogas. Esto se encuentra actualmente en revisión de la Corte Constitucional de Colombia.

 

La ley de 1988 de Paraguay. En su Ley No 1.340, Artículo 30, Paraguay define que “El que tuviere en su poder sustancias a las que se refiere esta Ley, que el médico le hubiere recetado o aquel que las tuviere para su exclusivo uso personal estará exento de pena […]. Se considerará de exclusivo uso personal del farmacodependiente, la tenencia en su poder de sustancia suficiente para su uso diario, cantidad a ser determinada en cada caso por el Médico Forense y un Médico especializado designado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y otro por el afectado si lo solicitare a su caso. En el caso de la marihuana no sobrepasará diez gramos y dos gramos en el de la cocaína, heroína y otros opiáceos”.

 

La ley de 1974 de Uruguay. Uruguay es uno de los pocos países que nunca ha criminalizado la posesión de drogas para uso personal. Decreto de Ley No 14.294, Artículo 31: “Quedará exento de pena el que tuviera en su poder una cantidad mínima, destinada exclusivamente a su consumo personal.” El texto del artículo de 1974 fue actualizado en 1998 y dice: “Quedará exento de pena el que tuviere en su poder una cantidad razonable destinada exclusivamente a su consumo personal con arreglo a la convicción moral que se forme el juez a su respecto, debiendo fundamentar en su fallo las razones que la han formado”.

 

El tratamiento obligatorio de México. El Decreto Presidencial sobre Narcomenudeo fue aprobado en agosto de 2009 y reforma la Ley General de Salud y el Código de Procedimiento Penal. Por tanto, en el Artículo 477 de la Ley General de Salud, se castiga la posesión de drogas para consumo personal (establece una tabla de portación máxima para consumo) con un máximo de 80 días de salario mínimo de multa o pena de prisión que van desde los 10 meses a 3 años y 6 meses. Sin embargo, en el Artículo 478, se inserta una excusa absolutoria para aquellos que enfrentan cargos criminales siempre y cuando busquen tratamiento inmediato. Después de la tercera incidencia, no habrá excusa para la acusación de carácter penal.

 

Los costos de la estrategia actual: el caso de México

Sin importar lo que se debata en el pleno de la Comisión de Estupefacientes, en la familia de Naciones Unidas o en otros foros multilaterales que tocan el tema del crimen organizado, el lavado de dinero y la demanda de psicotrópicos (o política de drogas), México es lamentablemente uno de los mejores ejemplos de una mala estrategia de Estado para responder a todo lo anterior.

 

Producto de una estrategia dirigida a combatir la corrupción en la policía, desarticular a las organizaciones del crimen organizado, detener a líderes de bandas -extraditándoles a los Estados Unidos siempre que fuese posible- e incautando remesas de drogas, más de 30,000 personas han perdido sus vidas. Tras esta desafortunada situación, es difícil encontrar argumentos para no cambiar de estrategia.

 

Según un informe elaborado por el Gabinete de Seguridad para reflejar los logros alcanzados en tres años de la guerra contra las drogas del 1 de diciembre de 2006 al 30 de abril de 2009, 66.621 mil presuntos delincuentes fueron capturados. Los criminales de alto perfil que fueron extraditados para ser juzgados en los Estados Unidos representaron un número mucho mayor que en administraciones anteriores (Milenio, “Calderón lleva 316 extradiciones; Fox aprobo 219,” February 21, 2010) miles de toneladas métricas de drogas ilícitas (principalmente cannabis) fueron capturadas, y cientos de millones de dólares fueron congelados (Procuraduría General de la República, Resultados de la Política Mexicana contra la Delincuencia Organizada, June 9, 2009).

 

Aunque parece que inicialmente esta estrategia logró reducir un poco la presencia y visibilidad de las pandillas y los carteles en algunos estados como Sinaloa, Baja California y Chihuahua, el denominado “efecto cucaracha” pronto se hizo evidente. Los carteles se trasladaron a nuevos lugares, y aunque en 2007 la presencia de estas organizaciones se registraba sólo en 21 de los 32 estados mexicanos; hoy están en todos menos uno.

 

Así, después de cuatro años de malos resultados en intentos de combatir directamente organizaciones criminales y la adopción de enfoques de cero tolerancia a las drogas, la estrategia nacional parece sumamente débil. Es ahora inevitable repensar las estrategias gubernamentales de cara a la grotesca violencia y las crecientes tasas de adicción que tanto afectan la deserción escolar y la ruptura de estructuras educativas. Hoy en día, México requiere un cambio radical de dirección a medida que más niños son víctimas de violencia, y jóvenes que consumen drogas son abandonados por el Estado. El impacto a largo plazo en el país se manifestará tarde o temprano., Mientras perdemos generaciones enteras en México y alrededor del mundo, las ganancias en términos de dólares congelados, delincuentes extraditados, y toneladas de drogas incautadas, parece aún sumamente vacía e irrelevante.

Aram Barra es Director de Proyectos de ESPOLEA A.C.

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