¿El 33 para Laura Bozzo?

Me parece que en estos tiempos debe recalcarse la idea de que los #DerechosPolíticos también son #DerechosHumanos y que los residentes de cualquier país no pueden seguir siendo condenados por opinar sobre lo que sucede en su barrio o comunidad.

Por: Yarima Merchan Rojas (@Yarigui)

Al parecer la peruana Laura Bozzo genera más atención que temas como el mal uso de los recursos públicos del país, el tipo de políticas y estrategias del gobierno actual, el papel de las televisoras en ese circo, entre otros aspectos.  Sin embargo, el punto que quiero tratar aquí está relacionado con la viralización en redes de manifestaciones en contra del personaje, que piden su expulsión del país o la aplicación del Artículo 33 de la Constitución nacional, cosa que no procede dado que según algunos medios se naturalizó como ciudadana mexicana. Estos días fue TT la etiqueta #FueraLauraBozzoDeMéxico, aparecieron miles de memes de indignación y campañas de recolección de firmas por su rechazo, expulsión,  algunas con aires xenofóbicos.

Si bien la entrada de extranjeros al país se ha dado de varias formas, con el establecimiento de un modelo neoliberal las trasnacionales extranjeras y juegos de mercados internacionales tienen gran importancia en las políticas nacionales. Cuando se toman decisiones como concesionar un Museo del Cacao a una empresa Belga como Belcolade, hacer una reforma energética como la que está en la mesa de juego, se es consciente que esta decisión debe pasar por una negociación política, ya que hay instrumentos legales en contra que si no tienen el suficiente respaldo de grupos de poder, pueden echar para atrás el negocio. Todos sabemos que la política neoliberal está íntimamente ligada al poder económico y en estas negociaciones, no en las legislativas, es donde se toman muchas decisiones importantes o nocivas para los países. Recordemos que recientemente la cámara baja del Congreso mexicano votó a favor de que se reduzcan las restricciones que pesan sobre los extranjeros para comprar propiedades en zonas costeras y fronterizas del país, antes regularizado por el Artículo 27 de la Constitución prohíbe que los extranjeros sean propietarios directos.

Quienes viajamos antes y después del 11 de septiembre pudimos notar que la vigilancia y prácticas aeroportuarias fueron más rigurosas después del atentado, y es notorio que esto se dio a petición del gobierno vecino. También es de notar las siguientes modificaciones a la normatividad migratoria y los miles de casos de intervencionismo y espionaje político y militar de USA en países latinos, documentados en los Wikileaks, y que  no han tenido las repercusiones necesarias por su gravedad ni en la diplomacia ni en una real defensa de la soberanía nacional.

Otro tipo  de extranjeros que han tenido que ver con México son los del fuero militar. Según el diario Proceso: “Con la anuencia del gobierno calderonista, 200 policías y militares mexicanos fueron puestos al servicio de la agencia antinarcóticos de Estados Unidos: esta instancia los entrenó, los puso a trabajar en México y les dio órdenes de no compartir información con las autoridades nacionales”. Un caso muy sonado fue el anuncio que el General Oscar Naranjo seria el asesor de seguridad de Enrique Peña Nieto en caso de ganar la presidencia. Naranjo en muchas ocasiones dio su opinión sobre las políticas y estrategias del gobierno mexicano, visitó foros como el TEC de Monterrey, quienes además de invitarlo publicaron opiniones como la de Otto Granados Roldán, quien menciona: “Si como demuestran varios países, la atracción de talento es uno de los pilares en que han fundado buena parte de su éxito, el reclutamiento del general Óscar Naranjo, ex director de la Policía Nacional de Colombia, para brindar, entre otras actividades que realizará, asesoría externa al gobierno de Enrique Peña en seguridad, es una decisión ciertamente heterodoxa pero inteligente y correcta”.

En este sentido, en chiste y no, diré que la Señorita Laura es como una semilla transgénica, un producto de origen extranjero que el gobierno mexicano desea en el  país porque conviene a sus intereses. Entonces la primera premisa es que un afortunado grupo de extranjeros no sufren del mal del 33, los que se apegan a intereses neoliberales y los que apoyan al tipo de políticas del gobierno en curso.

Ahora bien, el Artículo 33 de la Constitución mexicana señala:

Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el Artículo 30 Constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta constitución.

(Reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011)

El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la Ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención.

(Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011)

Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país.

México era reconocido en Latinoamérica por ser un país amable con los migrantes. Durante el franquismo y en los años 70’s y 80’s recibió a españoles, chilenos y otras comunidades de exiliados que huían de dictaduras en sus respectivos países. Hoy en día si bien la cantidad de población en general y la de migrantes han aumentado, las políticas migratorias se han endurecido. El recién nombramiento de Ardelio Vargas como titular del Instituto Nacional de Migración (INM) parece una advertencia. Según Proceso: “Organizaciones defensoras de indocumentados exigieron su destitución, y reprocharon al presidente Enrique Peña Nieto la imposición del «perfil policíaco y de criminalización» en la política migratoria del país”.

El investigador Manuel Becerra Ramírez, señala: “En los últimos años, fundamentalmente con los acontecimientos sucedidos en Chiapas, a partir del levantamiento indígena de 1994, del ejercito zapatista de liberación nacional, se han expulsado (entre 1996 – 1998) 57 extranjeros con base en el Artículo 33 de la Constitución”.

El caso del profesor colombiano Miguel Beltrán también fue muy sonado; en el 2009 fue citado en las oficinas del INM con relación a sus trámites para sacar su FM3. El académico fue con Jorge Becerril un abogado de la Universidad y según mencionaron: “Casi inmediatamente, fue sacado del INM y obligado a abordar una Van dorada sin placas ni insignias”. Poco más de una hora después ya estaba a bordo de un avión, rumbo a Colombia, en calidad de expulsado sin proceso legal. En el aeropuerto de la capital colombiana fue detenido. A esa hora los portales de Internet de los diarios de esa nación habían divulgado la supuesta ficha criminal del universitario, a quien le atribuyen la identidad clandestina de Jaime Cienfuegos, quien supuestamente recibía órdenes de Raúl Reyes para escribir materiales ideológicos y artículos para la agencia de noticias de las FARC, Anncol. Se informó, falsamente, que había sido detenido desde el jueves por la noche”, dice el diario La Jornada. El tema en cuestión es que fue expulsado por el gobierno de Felipe Calderón sin el debido proceso a solicitud del gobierno derechista de Álvaro Uribe Velez, quien claramente quiso mandar un mensaje a sus críticos y opositores. Ahora bien, ¿qué dice la ley colombiana respecto a los extranjeros? Artículo 100: “Los derechos políticos se reservan a los nacionales, pero la ley podrá conceder a los extranjeros residentes en Colombia el derecho al voto en las elecciones y consultas populares de carácter municipal o distrital”.

El tema del 33 es como una maldición que llega a ser chiste, del tipo: “mejor no opino, no me apliquen el 33”. Cada año hay alguna controversia al respecto, como el pasado cuando vino Camila Vallejo a la UAM. Sin embargo, lo preocupante es que siga vigente y que sea usado como arma del gobierno para librarse de los “incómodos”.

¿Qué dicen las leyes chilenas respecto a los extranjeros? En este país sudamericano los  extranjeros pueden inscribirse en el Registro Electoral si son mayores de 18 años y “se encuentren avecindados en Chile”.  En cuando a Perú, si bien la constitución de ese país no habla de la posibilidad de participación política de extranjeros, tampoco sanciona el ejercicio de expresión o apoyo a uno u otro sector políticos por parte de extranjeros.

El otro tema no es sólo la legislación, sino la fibra chauvinista que alumbra en algunas personas, menciona un amigo belga: “Cuando se empiezan a tocar temas delicados políticos o de sociedad en general, algunas personas dicen, si no te gusta, ¿por qué no te regresas a tu país? Como si fuera un argumento de oro implacable frente a una queja que no es mexicana”.

Otro caso muy sonado fue el del cantautor francoespañol Manu Chau, quien suspendió un concierto en Guadalajara en el 2009 por la amenaza del 33. Según registra el diario La Jornada, el director francés Christian Poveda les dijo en entrevista: “Jorge Sánchez nos pidió que todos los extranjeros que estuviéramos en el edificio nos fuéramos, porque iba a llegar migración, que sería mejor permanecer en el hotel. Él se quedó con los abogados”. Menciona este diario que Manu cometió el horrendo delito (dicho por mí) de solidarizarse y comentar sobre lo ocurrido en San Salvador Atenco, mencionar las denuncias a violaciones de los derechos humanos y las agresiones sexuales que sufrieron algunas personas, decir que era “terrorismo de Estado” y leer públicamente una carta de Ignacio Valle, líder del movimiento de Atenco y preso en ese momento. En ese año, según la agencia Reuters la Secretaría de Gobernación dijo: “Se está haciendo una investigación a Manu Chao para saber qué fue lo que pasó, qué dijo y en qué contexto. Habría una sanción, dependiendo del resultado”. Otra vez, ¿qué dicen las leyes españolas sobre la participación política de los extranjeros? España ha realizado convenios de reciprocidad con varios países, reconociendo el derecho a sufragio activo en elecciones municipales a residentes con mínimo 5 años en el país.

Volviendo al caso Atenco, el portal NarcoNews menciona: “Con el fin de ocultar la atrocidad cometida, el gobierno de Vicente Fox les robó sus cámaras y películas (junto a los pasaportes y el dinero, para luego embarcarlos rápidamente hacia sus países de origen –España, Alemania y Chile– en viajes sin regreso. Cada uno de ellos fue expulsado de México por cinco años. Escondidos detrás de las cortinas políticas, mientras las mujeres eran violadas y torturadas, estaban dos asesores gringos: Dick Morris y Rob Allyn”.

Otro tipo de migrantes no gratos, pero aún más vulnerables y cuya situación es más trágica, son los indígenas y mestizos centroamericanos, ellos, quienes de plano no tienen una FM2 o FM3 que les permita “existir” dentro del país, son tratados como seres que no merecen ni atención ni la garantía de sus Derechos Humanos mínimos.

Según algunos datos del INM, unos 120.000 centroamericanos entran a México por su frontera sur, pero, por ejemplo en el 2012, solo 10.000 centroamericanos fueron regularizados por esta institución, los demás: no existen, se van, se mueren, los matan, son secuestrados, quién sabe, a quién le importa…

Pareciera que la sentencia para los estudiantes, escritores, críticos, indígenas, jodidos, latinoamericanistas es: ¡Qué ardan en el 33! o ¡Qué mueran en la bestia!

Manuel Becerra Ramírez comenta también que la creación de este artículo responde a un momento histórico y se justificó por las “constantes intervenciones de las grandes potencias que sufrió cuando recién adquirió su independencia, pero la historia nos muestra que a nombre del famoso artículo 33 constantemente se han cometido muchos errores”. Sobre las 57 expulsiones, menciona: “No hay que ser muy sagaz para entender que los expulsados, a excepción de García Ábrego, eran activistas de Derechos Humanos que vieron en la causa indígena un motivo de lucha”. El autor menciona que “tal ha sido el impacto que la Comisión Nacional de Derechos humanos ha propuesto una reforma del Artículo 33” y concluye diciendo que si bien un Estado puede mantener la facultad de expulsar a los extranjeros, éste debe “concederles las garantías de legalidad y de audiencia, contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales”.

Me parece que en estos tiempos debe recalcarse la idea de que los #DerechosPolíticos también son #DerechosHumanos y que los residentes de cualquier país no pueden seguir siendo condenados por opinar sobre lo que sucede en su barrio o comunidad. Sin papeles, sin voz y sin voto, muchos extranjeros son víctimas de arbitrariedades y violaciones a sus Derechos Humanos, como el más fundamental Derecho a la expresión. Entonces sí, aunque en la actualidad esté prohibido “inmiscuirse” en asuntos políticos, considero que la señorita Laura, aunque no se hubiera naturalizado, debería tener la libertad de vestirse de rojo PRI y de apoyar Eruviel Ávila. Lo que sí es condenable es que el gobernador del Estado de México, el gobierno nacional y las televisoras se presten para lucrar con la tragedia que viven las comunidades del país, mientras por el contrario no brindan estrategias de prevención ni el apoyo suficiente en el desastre y usan los recursos públicos de esta manera tan vil.

* Yarima Merchan Rojas es  Arqueóloga de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es integrante de YoSoy132 Internacional, 15M e Indignadas del mundo.

 

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