Sobre la “intromisión” política de extranjeros en México

El artículo 33 Constitucional, cuya aplicación corresponde de manera exclusiva al Presidente de la República, nunca ha tenido una ley reglamentaria que defina sus alcances, por tal motivo el INM carece de competencia para ordenar la expulsión en términos del artículo 33 Constitucional. No obstante, esto ha provocado un autoritarismo xenófobo que ha alimentado la discriminación y el racismo contra los extranjeros.

Las personas extranjeras que residen de manera regular o irregular en México enfrentan, igual que los mexicanos, la crisis social y de derechos humanos que vive el país y padecen por igual y a veces con mayor profundidad, la inseguridad, la inequidad, la corrupción, la falta de acceso a servicios públicos y la impunidad. Sin importar su origen nacional, se trata de estudiantes, padres y madres de familia, comerciantes o empresarios con los que compartimos algo en común: vivir en un país multicultural, diverso, lleno de contrastes y contradicciones.

Al igual que los mexicanos, es normal que las personas extranjeras que viven o transitan por México se indignen ante injusticas como la muerte por negligencias médicas, el secuestro y las desapariciones forzadas. Ellas mismas han sido víctimas de éstos y otros delitos; baste recordar las fosas de San Fernando y, de manera reciente, el caso del sacerdote católico John Senyondo, de nacionalidad ugandesa, cuyos restos fueron encontrados en una de las fosas de Iguala.

No obstante, sin importar qué tanto consideren a México como su hogar, aprendan a quererlo, construyan aquí un proyecto de vida o se vean afectadas por el contexto social y político en que viven, el artículo 33 Constitucional establece la prohibición a las personas extranjeras de inmiscuirse en asuntos políticos del país. ¿Pero qué se entiende por “asuntos políticos”? Mucho habría que reflexionar y debatir sobre los alcances de este concepto, pero baste decir que en el México actual inmiscuirse en ‘asuntos políticos’ incluye el usar una playera con el nombre de un desaparecido, pronunciarse en un concierto a favor de una lucha social, acudir a una protesta social como observador o expresar libremente indignación y solidaridad ante violaciones graves a derechos humanos como la desaparición forzada de 43 estudiantes.

Además de establecer la prohibición a los extranjeros de no inmiscuirse en asuntos políticos, el artículo 33 Constitucional contempla una sanción extraordinaria, conocida como la “expulsión de extranjeros”. Para Manuel Becerra, el modelo de expulsión de extranjeros del artículo 33 en México ‘responde a un momento histórico determinado por fuertes amenazas del exterior que sufría el joven Estado mexicano”. Es claro que el contexto nacional e internacional ha cambiado desde entonces, no así el artículo 33 que continúa casi igual que en 1917 cuando Carranza propuso fortalecer la facultad de expulsar extranjeros al grado de que ante la decisión del ejecutivo no hubiera previo juicio, ni fuera procedente recurso alguno.

El artículo 33 Constitucional, cuya aplicación corresponde de manera exclusiva al Presidente de la República, nunca ha tenido una ley reglamentaria que defina sus alcances, lo que dio lugar a su utilización para una gran variedad de situaciones. No obstante, inmiscuirse en asuntos políticos siempre ha sido la base de su aplicación. En 2011, a propósito de la reforma constitucional en derechos humanos, el legislativo escuchó el reclamo internacional de garantizar un debido proceso en el articulo 33 y como consecuencia se planteó la necesidad de expedir una ley reglamentaria que hasta el día de hoy no se ha publicado, pero el dictamen también prevé las actividades políticas como causa para su aplicación.

No obstante, los varios casos que para la opinión pública han consistido en expulsiones bajo el artículo 33 Constitucional como lo fue Antenco, la Cumbre de Guadalaja y Monterrey, y lo que se espera será el caso de Lawrence Maxwell, que se encontraba en la protesta por la aparición con vida de los 43 normalistas, en realidad reflejan que el Instituto Nacional de Migración ha sido una herramienta para regresar a sus países de origen a extranjeros incómodos, sin que esas expulsiones resulten sumamente incómodas para la política exterior mexicana.

El INM carece de competencia para ordenar la expulsión en términos del artículo 33 Constitucional y de facultades para expulsar a quienes se inmiscuyen en los asuntos políticos de México, pero se han utilizado sus facultades discrecionales para expulsar, vía Ley de Migración, a los extranjeros que ‘realizan actividades no autorizadas’ como el ‘participar en asuntos políticos’.

Esta forma de operar la principal causal del artículo 33 Constitucional sin aplicarlo ha dado lugar a una serie de expulsiones de facto por situaciones y conductas que, lejos de responder a fines legítimos y contar con mérito suficiente para siquiera argumentar, ya no digamos probar, la tildada injerencia en asuntos políticos, reflejan un autoritarismo xenófobo que ha alimentado la discriminación y el racismo contra personas extranjeras, incluso por parte de particulares que ante inconformidades personales plantean de manera pública y sin ninguna responsabilidad, que se aplique el 33 a alguna persona extranjera, so pretexto de inmiscuirse en “asuntos políticos”.

Lo anterior nos lleva a replantear no sólo la legalidad de las expulsiones que bajo esta fórmula realiza el INM, sino la propia conveniencia de mantener una figura de expulsión en la Constitucion por injerencias en asuntos políticos ante un contexto que es totalmente diferente al del siglo pasado. Hoy Lawrance Maxwell nos da nuevamente la oportunidad de reflexionar si resulta más grave para el país una intromisión extranjera en asuntos políticos a través del poder económico (mineras, empresas constructoras, etc.), que una supuesta intromisión en asuntos políticos por actos como presenciar o incluso participar en una protesta social.

 

 

* Elba Coria y Diana Martínez son integrantes de la Coalición Internacional contra la Detención (@IDCAmericas) y Sin Fronteras (@Sinfronteras_1) respectivamente.

 

 

 

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