La igualdad como realidad o ficción

Hoy a las 10:00 horas, el Tribunal Constitucional de Yucatán iniciará la discusión para decidir si el Congreso del estado ha sido omiso de legislar conforme a los principios de igualdad y no discriminación, al prohibir explícitamente en las leyes locales el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sería un error reducir la discusión a posiciones liberales o conservadoras con respecto al matrimonio igualitario cuando en el fondo el debate entraña el reconocimiento de derechos para todos y todas por igual.

Por: Miguel Moguel (@greenarrow)

El reconocimiento de la igualdad como principio es un enclave fundamental para que todas las personas —sin distinción— podamos disfrutar plenamente de nuestros derechos. Desde un paradigma de igualdad, no habría excusa para la existencia de condiciones que acoten —o impongan límites— al ejercicio amplio de derechos y libertades. Sin embargo, en la práctica, todavía se puede constatar la persistencia de estos obstáculos como es el caso de la Constitución Política[1] y del código de familia[2] del estado de Yucatán, que explícitamente prohiben el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El debate por el reconocimiento del matrimonio igualitario (o matrimonio entre personas del mismo sexo) es relativamente reciente en nuestro país. Fue apenas en 2010 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió una acción de inconstitucionalidad que permitiría el matrimonio civil de parejas homosexuales.

De esta forma, el Distrito Federal se convertiría en la primera entidad en legislar a favor de su reconocimiento. La Suprema Corte dispondría además en el texto de la resolución, la obligación de reconocer estos matrimonios en el resto de las entidades y de “garantizar el acceso pleno a derechos” desde un horizonte de igualdad y no discriminación.

Años más tarde, la propia Corte sentaría un precedente positivo al resolver una controversia interpuesta por parejas del mismo sexo del estado de Oaxaca. Los demandantes señalaron la existencia de una “distinción” en el código civil de la entidad, que justificaba un trato diferenciado con respecto a las parejas heterosexuales al considerar al matrimonio “como la unión entre un hombre y una mujer”.

La SCJN resolvió que esta distinción era discriminatoria, motivo por el cual instruyó al Registro Civil a registrar a los matrimonios demandantes. Desde entonces, el juicio de amparo se ha convertido en un recurso para que parejas de otras entidades puedan acceder a este reconocimiento.

El Tribunal Constitucional del Estado de Yucatán anunció que este lunes 2 de marzo de 2015, a las 10:00 horas, decidirá si el Congreso del Estado ha sido omiso de legislar conforme a los principios de igualdad y no discriminación contenidos tanto en la Constitución Federal como en diversos tratados internacionales de derechos humanos.

Desde mi perspectiva, el Tribunal Constitucional no puede evadir la discusión que se encuentra depositada en el fondo de la demanda. Sería un error reducir la discusión a posiciones liberales o conservadoras con respecto al matrimonio igualitario cuando en el fondo el debate entraña el reconocimiento de derechos para todos y todas por igual.

De vuelta a la idea con la que inicié, queda claro el rol fundamental que juega el reconocimiento de la igualdad como principio para el disfrute de otros derechos. Ahora toca exigir su reconocimiento como derecho. De otra forma, estaríamos viviendo la igualdad como un maravilloso relato de ficción en pleno siglo XXI.

Yucatan_SSM

 

 

[1] Segundo párrafo del Artículo 94.

[2] Artículos 49 y 201.

Close
Comentarios