Cortos circuitos

Una política pública de prevención debe detectar, admitir y revertir un conjunto de cortos circuitos. Para ello, se requieren servidores públicos con capacidad técnica y ética política que no ocupen las plazas para su beneficio personal o partidista, sino para contribuir al bien común.

Por: Suhayla Bazbaz Kuri (@SuhaylaCCIS)

La prevención de la violencia y la delincuencia es el conjunto de políticas, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorecen la generación de violencia y delincuencia y a fomentar los factores de protección ante las mismas.[i] Desde que se etiquetó un porcentaje del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) hasta la publicación de un Programa Nacional en la materia, en México no hemos sido capaces de articular esas políticas, programas y acciones porque existe un conjunto de cortos circuitos.

Un primer tipo de corto circuito es de carácter institucional. Hay más de 78 dependencias y entidades con atribuciones y competencias en materia de prevención entre las que se encuentra el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Comisión Permanente de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, la Subsecretaría de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, los Centros Estatales de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el Centro Nacional de Información, la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (CIPSVD), las Comisiones Interinstitucionales Estatales y los gabinetes municipales. ¿Cómo diseñar, implementar y medir una política pública con decenas de responsables cuyas atribuciones y competencias se establecieron sin congruencia ni consistencia en múltiples ordenamientos jurídicos?

Un segundo tipo de corto circuito radica en la disponibilidad, accesibilidad, confiabilidad y utilidad de la información. Actualmente es posible obtener estadísticas desagregadas, regulares y comparables sobre victimización, prevalencia e incidencia delictivas, averiguaciones previas, cuerpos o víctimas.[ii] Estos datos se refieren a los delitos, a los efectos de la violencia y la delincuencia. Lo que no es posible es obtener estadísticas desagregadas, regulares y comparables sobre los factores de riesgo ni sobre los factores de protección.[iii] Esas cifras se refieren a las causas de la violencia y la delincuencia. Los números sobre presuntos delitos cometidos en los municipios registrados en averiguaciones previas o en carpetas de investigación se actualizan de manera mensual. Los datos sobre el tamaño de la población, la desigualdad en el ingreso o el acceso a servicios públicos básicos se actualizan cada quinquenio y no se cuenta con información municipal sobre asuntos tan pertinentes como el acceso a armas de fuego o la violencia familiar, laboral o escolar.

Un tercer tipo de corto circuito es de planeación para alinear las estrategias y acciones con los objetivos y metas. ¿Se busca prevenir el delito o la violencia o la delincuencia? Ni todos los delitos son violentos, ni todas las violencias son delitos. La prevención de aquéllas contribuye a prevenir éstos, pero prevenir éstos no necesariamente contribuye a prevenir aquéllas. ¿Cómo se determina cuáles son los “delitos de alto impacto”?[iv] ¿Dónde se debe invertir los recursos? ¿En los lugares más inseguros o en los más violentos o en los que tienen mayor número o tasa de delitos o en los que tienen más factores de riesgo o menos factores de protección o en los lugares que tienen una combinación de esas variables? ¿La selección es y debe ser una decisión técnica o una decisión política o un balance entre ambas?

Un cuarto tipo de corto circuito es de ejecución. ¿Quién participa en la política pública de prevención? No sólo como asistentes a las actividades o como proveedores de las mismas, sino como sujetos de derechos con la prerrogativa de incidir en la determinación de prioridades conforme a sus necesidades, expectativas y aspiraciones y de evaluar si las decisiones y acciones de prevención contribuyen a la satisfacción de las mismas? ¿Cómo se previenen los delitos o las violencias o la delincuencia? La Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (LGPSVD) establece la prevención social, situacional, comunitaria y psicosocial. El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PRONAPRED) incorpora la prevención policial y la prevención de la reincidencia. ¿Basta con un coro monumental o con una cancha de fútbol o con un huerto urbano? O se requiere una intervención que combine los distintos tipos de prevención que efectivamente reduzca las disparidades y brechas, que disuada la comisión de delitos modificando el entorno, que garantice oportunidades y proyectos de vida no violenta, que contribuya a la obtención de satisfactores objetivos y subjetivos a través de la legalidad, que involucre a las comunidades en la transformación de sus territorios, que convierta a los cuerpos policiales en líderes comunitarios en los que confía la ciudadanía, que ofrezca una salida de la delincuencia a quienes dejan la cárcel o el tutelar? ¿Cómo se financian los programas y acciones de prevención?

La prevención de la violencia y la delincuencia se financia con los recursos del PRONAPRED, de las Secretarías que integran la CIPSVD, del FASP y del SUBSEMUN. Por un lado, esos recursos se rigen por Programas Presupuestarios, Programas Sectoriales, Reglas de Operación y Lineamientos distintos. Por el otro lado, se excluyen programas estatales y municipales que deberían alinearse a la prevención. La variación en la cobertura, población objetivo, criterios y requisitos de elegibilidad, fórmulas de asignación de recursos y tiempos para las ministraciones, reprogramaciones y entregas significa que no todos los recursos se invierten en los mismos territorios para las mismas poblaciones al mismo tiempo y con los mismos propósitos. Ello propicia la fragmentación, duplicidad e ineficiencia en el ejercicio de los recursos públicos. Es común que lleguen varios programas con las mismas acciones que no se necesitan o que no llegue algún programa con las acciones que sí se necesitan.

Un quinto tipo de corto circuito radica en el monitoreo, seguimiento y evaluación. Por un lado, se debe verificar que se haya hecho lo que se dijo que se iba a hacer en donde se dijo que se iba a hacer y con el costo que se dijo que iba a tener. Pero no basta con hacer lo que se dijo que se iba a hacer para lograr los resultados o el impacto esperados. Puede ser que lo que se hizo no sirvió o que sí haya servido, pero que no se haya hecho en todos los territorios y con todas las poblaciones con los que se debía hacer. Por ello se requiere la medición de indicadores no sólo de cobertura o de gestión o de procesos, sino también de eficiencia, de calidad, de resultados y de impacto (no sólo en los delitos sino también en los factores de riesgo y de protección). Además, el monitoreo, seguimiento y evaluación de los programas y acciones de prevención deben retroalimentar su planeación y ejecución para no generar nuevos cortos circuitos en la política pública.

Un sexto tipo de corto circuito radica en la comunicación. La ciudadanía debe conocer qué se hace, por qué se hace, para qué se hace y cuánto cuesta hacerlo, y tiene derecho a saber lo qué ha funcionado y lo qué no ha funcionado a partir de evidencia que trascienda las anécdotas. La repartición de lentes por la Fundación Ver Bien, las Glorias del Deporte, el “Tepitour” o el mural de Palmitas pueden ser ejemplos de cortos circuitos, al menos, en la comunicación, porque el Gobierno de la República y los gobiernos estatales no han explicado detalladamente las razones por las que consideran que esas acciones son necesarias o suficientes para prevenir la violencia y la delincuencia.

Un último tipo de corto circuito es la corrupción y el conjunto de faltas administrativas y de tipos penales que distorsiona la información, la planeación, la ejecución, la evaluación y la comunicación.

Una política pública de prevención debe detectar, admitir y revertir ese conjunto de cortos circuitos. Para ello, se requieren servidores públicos con capacidad técnica y ética política que no ocupen las plazas para su beneficio personal o partidista, sino para contribuir al bien común. Frente al tamaño del reto en esta materia, parece que la segunda mitad del sexenio del presidente Enrique Peña arranca con un paso en falso.

 

* Suhayla Bazbaz Kuri es Fundadora y Directora General de Cohesión Comunitaria e Innovación Social A.C.

 

 

[i] Adecuación de la definición contenida en la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

[ii] Sobre las limitaciones e implicaciones de la información sobre averiguaciones previas, cuerpos y/o víctimas véase Un país que cubre sus espejos de José Merino publicado en Nexos el 27 de julio de 2015.

[iii] Véase Apuntes sobre la ECOPRED 2014.

[iv] Hay delitos como el feminicidio y la trata de personas que no suelen considerarse como tal.

Close
Comentarios