Perspectiva de género para las políticas de drogas

Entre las tareas asignadas a los Estados por la ONU está la inclusión de la perspectiva de género en las investigaciones, políticas y programas de drogas dirigidos a mujeres y niñas; además de la participación de las mujeres y las niñas, así como de la sociedad civil, en la elaboración e implementación de todas las acciones.

Por: Corina Giacomello

En marzo de 2016 se desarrolló en Viena la 59 sesión de la Comisión de Estupefacientes (CNS, por su sigla en inglés), el órgano normativo de las Naciones Unidas sobre políticas de drogas.

Los reflectores y las expectativas estaban enfocados en las discusiones sobre la aprobación del borrador final de la Declaración de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS, por sus siglas en inglés) sobre drogas, que se realizaría en abril del mismo año en Nueva York. UNGASS ha sido objeto de discusiones, análisis y artículos, particularmente por las declaraciones progresistas del presidente Enrique Peña Nieto, quien concluyó su intervención abogando por una “eficaz regulación” de las drogas. Un discurso que a la fecha, no ha tenido resonancia en las políticas de drogas nacionales.

Después de UNGASS, el presidente avanzó una discreta propuesta de reforma, centrada básicamente en la importación de medicamentos derivados del cannabis y en el aumento de la cantidad de cannabis permitida para uso personal -de 5 a 28 gramos-. Aunque su contenido está lejos de aproximarse a una “regulación eficaz”, la propuesta presidencial no encontró eco en el Congreso. La discusión sobre mariguana medicinal se procrastina hasta septiembre y la dosis de consumo personal permanece intacta.

Por otro lado, en la 59 Sesión de CND no se discutió únicamente alrededor de UNGASS. También se analizaron borradores de resoluciones sobre distintos temas, promovidas por países específicos. Una de ellas, la Resolución “Incorporación de la perspectiva de género en las políticas y programas relacionados con las drogas”, redactada originalmente por México y presentada con el apoyo de Costa Rica y Brasil. El texto final, resultado de reuniones en el marco de las jornadas en Viena, fue aprobado por los tres países, seguidos por Finlandia, Suecia, Australia, Noruega, Uruguay, Colombia, Argentina y Guatemala.

Once países con niveles de equidad de género y políticas de drogas divergentes, cuyo consenso giró alrededor de un tema de creciente interés para la comunidad internacional y latinoamericana: la situación de las mujeres y las niñas frente al problema mundial de las drogas, en su doble faceta como usuarias y/o acusadas de delitos relacionados con las drogas.

La resolución aborda estas problemáticas y delinea una serie de acciones a seguir por los Estados miembros de las Naciones Unidas. Estas acciones se traducen en un mandato cuya observación es responsabilidad de los Estados y cuyo monitoreo requiere de la participación y el escrutinio de la sociedad civil.

El objetivo de este artículo es analizar el contenido de la Resolución y esbozar horizontes de acción que deberían generarse en el contexto mexicano.

Respecto de las mujeres usuarias, se hace hincapié en la falta de datos cuantitativos y cualitativos, así como en la escasez de políticas que hagan frente a las condiciones específicas de las mujeres usuarias dependientes o problemáticas de drogas. De naturaleza social, biológica y cultural, están profundamente entrelazadas con dinámicas de género, como la discriminación y violencia contra las mujeres, y la persistencia de creencias y estereotipos sobre “la buena mujer”. La mujer usuaria es vista como transgresora de un rol social asignado, lo que conlleva un estigma que se reproduce en el ámbito social, familiar e institucional.

Las mujeres en conflicto con las leyes de drogas son descritas como pobres, con poca educación, principales o únicas responsables de sus hijos e hijas u otras personas dependientes, que son utilizadas por el crimen organizado.

La Resolución aboga a favor de medidas alternativas en el caso de mujeres embarazadas y madres, acusadas de delitos menores y no violentos, así como la implementación de las distintas normas de las Naciones Unidas en materia de población en reclusión, especialmente las Reglas de Bangkok, enfocadas en mujeres y niñas privadas de la libertad.

Entre las tareas asignadas a los Estados está la inclusión de la perspectiva de género en las investigaciones, políticas y programas de drogas dirigidos a mujeres y niñas; además de la participación de las mujeres y las niñas, así como de la sociedad civil, en la elaboración e implementación de todas las acciones.

La Resolución recoge experiencias y recomendaciones de académicas feministas y organizaciones de la sociedad civil sobre el creciente encarcelamiento de mujeres por delitos relacionados con drogas y el perfil de estas mujeres. Debe reconocerse el esfuerzo liderado por México para abordar un tema tan relevante ante la comunidad internacional y lograr, mediante arduas negociaciones, la aprobación de un texto que visibiliza los problemas que deben ser atendidos, sobre todo enfrentando el conservadurismo de ciertos países miembros.

Lo anterior explica, en parte, uno de los principales límites de la Resolución: su enfoque apunta a las problemáticas que enfrentan las mujeres en relación con las drogas, pero no se refiere a los daños causados a las mujeres por las políticas de drogas. Sin embargo, esto se comprende dada la naturaleza del foro donde fue promovida la resolución: el núcleo duro del prohibicionismo y del estatus quo.

Eso no impide que, a nivel de país, el contenido de la Resolución se traduzca en propuestas concretas, cuyo objetivo principal sea mejorar la vida de las mujeres y las niñas con relación a las drogas y a las políticas de drogas, en consonancia con un movimiento de reforma más amplio.

En el documento Propuestas de reforma en casos de mujeres encarceladas por delitos de drogas, de Equis Justicia para las Mujeres y el Instituto Nacional de Ciencias Penales, delineamos algunas propuestas de reforma en los ámbitos legislativo y de procuración, impartición y administración de justicia. Apunta principalmente a cuestiones de proporcionalidad de las penas, es decir, reformas al marco legislativo; pero también contribuye al debate sobre medidas alterativas al encarcelamiento y sobre la necesidad de incidir en las decisiones judiciales, que suelen estar marcadas por el formalismo y la falta de un enfoque centrado en las circunstancias reales de las personas.

El trabajo con mujeres usuarias es un asunto todavía poco estudiado en México. Entre los puntos a atender en el país cabe subrayar la necesidad de diagnósticos exhaustivos que muestren las opciones de detección, atención y tratamientos existen para mujeres y niñas usuarias dependientes o problemáticas en cada estado y en el ámbito federal. Esto es clave para elaborar propuestas de capacitación para las y los servidores públicos que tienen contacto con mujeres usuarias; crear centros de tratamiento exclusivos para mujeres y niñas; incluir en los programas existentes espacios exclusivos para mujeres y niñas, con horarios flexibles e instalaciones que permitan el cuidado de los hijos e hijas de las mujeres y niñas que reciben tratamiento.

Los anteriores son solo algunos de los puntos de todo lo que se requiere abordar. Para alcanzar una verdadera transversalización de la perspectiva de género –que por ahora se reduce a una perspectiva sobre mujeres y no incluye otras adscripciones genéricas– cabe enmarcar las problemáticas de las mujeres frente a las drogas en el movimiento más amplio de las reformas a las políticas de drogas. Dejar de verlo como “asunto de mujeres” y de “mujeres madres y pobres”.

Todas las mujeres deben estar incluidas y, como lo dicta la Resolución, sus experiencias deben estar incorporadas. Ello implica que las reformas no sean solo resultado del trabajo realizado por académicos, activistas y funcionaros públicos, sino que las mujeres usuarias, encarceladas y ex encarceladas deben participar en las mesas de debate, conocer y discutir las propuestas.

Como sociedad civil feminista, apostamos por el monitoreo y la evaluación del cumplimiento de la Resolución sobre género por parte del Estado mexicano, participando en dicho esfuerzo con enfoques y propuestas concretas; para que la Resolución no se diluya en el vacío, como el eco de los aplausos que celebraron la postura progresista del presidente Peña Nieto en la Asamblea General.

 

* Corina Giacomello es Licenciada en Estudios del Desarrollo por la University of East Anglia, Reino Unido, y Maestra y Doctora en Estudios Latinoamericanos, ambos grados por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales y coopera con la organización Equis Justicia para las Mujeres, A. C. (@EquisJusticia).

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