[email protected] agrícolas: abusos, brechas y omisiones

Aunque la ley los reconoce como trabajadores del campo, las y los jornaleros carecen de mecanismos de protección de sus derechos humanos, en particular los laborales, y difícilmente pueden acceder a la protección del Estado cuando enfrentan explotación o abusos, o cuando requieren servicios de educación, salud o básicos.

Por: Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural Representación México-Centroamérica (@Rimisp)

De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en México hay por lo menos 2.4 millones de jornaleros agrícolas. Son trabajadores sometidos de diversas formas. Se ubican en el extremo de la marginación económica y están fuera de la protección y el acceso a servicios por parte del Estado.

Aunque la Ley Federal del Trabajo (LFT) reconoce al jornalero como trabajador del campo, y establece definiciones expresas para condicionar su empleo permanente y eventual, el monitoreo y la regulación son laxas. Las y los jornaleros carecen de mecanismos de protección de sus derechos humanos, en particular los laborales, y difícilmente pueden acceder a la protección del Estado cuando enfrentan explotación o abusos, o cuando requieren servicios de educación, salud o básicos.

La vulnerabilidad de estos trabajadores está dada, en principio, por las condiciones de marginación y exclusión prevalecientes en los lugares de origen de aquellos que son migrantes, pues más de la mitad de éstos procede de zonas rurales, usualmente aisladas, de los estados más pobres del país. La vulnerabilidad se agudiza en los campos de cultivo, a los que llegan acompañados de sus familias y donde carecen de contratos colectivos de trabajo, perciben ingresos insuficientes (50 % entre uno y dos salarios mínimos y 38 % uno o menos de un salario mínimo, según INEGI), no reciben las prestaciones mínimas de ley, no tienen acceso a las autoridades para denunciar abusos y enfrentan [email protected] insalubridad y riesgos de salud por la naturaleza de su trabajo. Sus jornadas diarias suelen rebasan las 10 o 12 horas y están en muchos casos adscritos a “sindicatos blancos” (aquellos aliados con los empresarios y pagados por ellos para evitarles huelgas u otros conflictos laborales), entre otros factores.

Esta vulnerabilidad es imperante a pesar de que muchos de los campos de cultivo en cuestión están asociados con capital trasnacional, y logran ganancias extraordinarias por la exportación de cultivos gourmet, como son los frutos rojos, o productos muy bien valuados, como el jitomate, pepino y pimiento morrón.

El surgimiento del SINDJA

Hace un par de años se creó el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (SINDJA), que se formalizó en noviembre de 2015, como resultado de movilizaciones y paros de jornaleros en el Valle de San Quintín (VSQ), Baja California. Las movilizaciones asombraron a la opinión pública, por lo menos temporalmente, al hacer visibles las condiciones de explotación en que laboran los 60 mil jornaleras y jornaleros ahí establecidos (procedentes en su mayoría de Oaxaca), la negligencia de la autoridad ante los abusos patronales y las deficiencias en infraestructura básica (energía eléctrica, hospitales, abasto de agua, transporte, pavimentación…) que padecen estos trabajadores y sus familias.

Norma Cacho, de ProDESC, en México, comentó en una entrevista con Rimisp que la vulnerabilidad prevalece en el Valle porque hay una oferta laboral considerable, que está presta y necesita trabajar. Además, la labor del jornalero se realiza en condiciones bastante insalubres, inseguras, sin protocolos de seguridad laboral mínima. Si bien la ley marca jornadas de ocho horas, en San Quintín son bastante más largas y con frecuencia están condicionadas al destajo –es decir que los pagos dependen de los volúmenes de cosecha o los surcos que se limpian o las canastas de jitomate que se llenan–, lo cual implica pagos diferenciados por tiempos iguales, pues no es lo mismo el destajo que puede hacer un hombre de 20 o 30 años de edad a lo que hace una mujer de 65. Todo esto representa condiciones precarias diferenciadas donde influye el género, si se es o no migrante, si se habla español o no, entre otros factores.

La prioridad, el salario

De acuerdo con Cacho, el SINDJA surge de una sentida condición de precariedad laboral que venía ocurriendo desde hace muchos años y de una toma de conciencia paulatina. Pero enfrenta un contexto muy complejo, laboral y sindical. No es que no hubiera sindicatos en el Valle de San Quintin (VSQ). Estaban los de protección laboral, afiliados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y a la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), comprometidos con las empresas y que han hecho un trabajo fuerte de cooptación de jornaleros y un embate con la base de trabajadores para generar conflicto y complejizar mucho el proceso organizativo del SINDJA. A esas grandes confederaciones no les conviene el SINDJA, por lo que significa para la democratización sindical en el país y sobre todo porque fortalece la lucha social de los jornaleros en San Quintín.

Por ello la dificultad de consolidar al SINDJA, si bien ha logrado alianzas con organizaciones campesinas como la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) y la Central Campesina Cardenista (CCC), y con otras como la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), y también de organizaciones no gubernamentales como ProDESC, que busca acompañar y apoyar la vida organizativa del sindicato.

Una de las primeras demandas del SINDJA es el salario, porque es una de las condiciones más inmediatas que cualquier jornalero y jornalera quiere mejorar. El salario es la base material de la sobrevivencia de los jornaleros. Por ello su importancia. Cuando ocurrió el levantamiento en San Quintín, el salario estaba entre cien y 130 pesos por día y la primera demanda fue más que duplicarlo, a 250-300 pesos. Esta región y en general el norte del país es muy caro. En el VSQ, donde una carretera única es la calle principal, el transporte es caro y hay muchas deficiencias, incluyendo desabasto de agua y energía eléctrica, 150 pesos diarios no alcanzan ni para la canasta básica. Mucho menos porque los trabajadores –madres solteras con frecuencia– deben sostener a su familia.

En reuniones del SINDJA con autoridades federales se acordó la necesidad de un análisis para proponer rangos salariales para los jornaleros. Un salario profesional, porque tiene que ajustarse al tipo de producto, a las jornadas, a los circuitos migratorios, a los diferentes niveles considerando la medida del salario mínimo por región en el país, y esto debía articularlo la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), pero ha quedado pendiente por falta de presupuesto. El compromiso federal es que se buscaría obtener tal presupuesto para garantizar que por lo menos ese análisis pudiera definirse como intención este año.

Si eso se concreta, será algo que beneficiará a todos los jornaleros del país. Pero estamos lejos.

A partir de la movilización sí hubo un aumento marginal de salarios en el VSQ, pero limitado y diferenciado por empresas. ProDESC estima que algunos jornaleros están cobrando 180-200 pesos y los menos 250 al día. De acuerdo con Isabel Margarita Nemecio, integrante de la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas, también entrevistada por Rimisp, los jornaleros del Valle señalan logros mínimos en materia salarial. En algunos campos (no en todos) se aumentó el salario, pero simbólicamente–diez o cinco pesos por jornada diaria–, comenta, pero también se les incrementó el horario de trabajo. Aunque se dice que su jornada es de ocho a diez horas, están trabajando más, 12, 14 y hasta 15 horas. Y además están todavía pendientes varios temas. Salieron de la cárcel los jornaleros que fueron aprehendidos por las movilizaciones, pero hay cosas aún no resueltas, como la demanda de un albergue, y mejoras inmediatas en las condiciones y servicios de los asentamientos.

Situación difícil de las mujeres jornaleras

Aunque el SINDJA ha puesto por delante la demanda más urgente de los jornaleros (el aumento salarial), también ha llamado la atención sobre la necesidad de brindar acompañamiento a las mujeres jornaleras, quienes han hecho evidente el acoso y abuso sexual de los cuales son víctimas en una condición muy complicada. Casi es impensable que las jornaleras denuncien o enfrenten a sus agresores (patrones, mayordomos y otros jornaleros) ya que dependen en extremo del trabajo para sostener a sus familias. Si de por sí es difícil denunciar, sin apoyo y acompañamiento es prácticamente imposible.

De acuerdo con Cacho, de nuevo, las condiciones geográficas del VSQ, con la población migrante asentada allí en condiciones de marginación y con toda la actividad económica girando en torno a las empresas agrícolas, facilitan la cadena de explotación laboral. El Valle tiene un modelo de empresa agrícola que lo diferencia de otras regiones. Además no es lo mismo cosechar fresa u otros frutos rojos –lo más frecuente en esta región- que otros productos. Esos son cultivos delicados que no permiten el uso de guantes y que implican por tanto maltrato a las manos y daño a la salud, pues mucho del trabajo lo hace la persona agachada; por tanto debería implicar mayores salarios.

¿De quién es la responsabilidad?

El Estado nacional ha sido cómplice de los abusos en el VSQ por omisión de la situación que sufren las y los jornaleros, por no garantizar los derechos laborales mínimos que marca la ley, por no regular, por no hacer inspecciones laborales en los centros de trabajo, por no vigilar. A la Conasami no le interesa definir salarios mínimos para los jornaleros aunque se sabe que a nivel nacional cuatro de cada diez jornaleros perciben un salario mínimo o menos, y sólo uno de cada diez percibe hasta dos salarios mínimos, dice Cacho.

También la cadena de suministro es responsable. Las trasnacionales que exportan o producen estos cultivos están presentes en San Quintín por medio de empresas locales, que son su brazo mexicano y que son las que hacen el trabajo de cultivo, cosecha, empaque y envío. Es el caso de Berrimex, la filial de la estadounidense Driscoll’s, que comercializa los frutos rojos del Valle en mercados de alto poder adquisitivo. La situación geográfica de San Quintín facilita la llegada a Estados Unidos. Las ganancias para las empresas son extraordinarias.

Por último, hay una responsabilidad social y de las cadenas de tiendas comerciales, pues consumimos los productos sin preocuparnos si se están produciendo con trabajo esclavo, mal pagado o vulnerado.

Migrantes por largos periodos

Desde la perspectiva de Nemecio, y de la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas, hay una falta de visión integral de protección y restitución de derechos para las y los jornaleros, principalmente los que migran desde zonas indígenas, cuya vulnerabilidad mayor está asociada a la marginación, pobreza extrema y exclusión en sus lugares de origen. Se trata de familias que migran con todo y se van por periodos de uno, cuatro, seis, ocho meses, y en ocasiones por años. Casi siempre carecen de contratos formales que les garanticen los derechos mínimos laborales; así, su trabajo es informal, carente de prestaciones sociales. En general, las zonas de trabajo no ofrecen condiciones que dignifiquen la posición de los jornaleros.

En la parte más estructural de derechos humanos, hay un vacío. La Red mencionada ha formulado propuestas al Poder Legislativo a partir de situaciones concretas o de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), como el caso reciente de menores localizados en un rancho de San Luis Potosí en condiciones de esclavitud. Pero ni a la luz de casos tan graves ha prosperado el esfuerzo por regular mejor las condiciones de explotación de las y los jornaleros.

El PAJA

Desde el marco de política pública ha habido y hay esfuerzos para dar apoyo a las y los jornaleros, en particular el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), adscrito a la Secretaría de Desarrolllo Social (SEDESOL), pero son patentemente insuficientes.

Por su enfoque, por la reducida asignación presupuestaria y la ausencia de esfuerzos transversales para articular a diversas dependencias en tareas de regulación y sanción, este tipo de programas terminan siendo asistenciales, de imperceptible impacto, y aportan a la invisibilización de los jornaleros como parte de nuestra sociedad.

En su estructura y contenidos, considera Nemecio, el PAJA no está mal pero le falta una perspectiva de derechos humanos, de infancia, de género y de interculturalidad, que son vacíos vitales y que al final lo vuelven un programa asistencial y no garante de una defensa o un seguimiento de derechos. Para dar atención, las delegaciones de la Sedesol federal a veces cuantifican sólo a los jornaleros locales, no a los que van en tránsito. Para el acceso a beneficios hay criterios que obstaculizan a las familias migrantes, por su constante movilidad y por provenir de comunidades indígenas pues a veces no hablan el español y difícilmente saben leer y escribir. Para diversos trámites o presentar un proyecto productivo, tienen que dirigirse a las cabeceras municipales o a las ciudades más céntricas y dejar de trabajar todo un día. Imposible por el escaso salario que perciben.

Cuadro 1. Presupuesto del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (en pesos de 2016)

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 (e)
Programa de atención a Jornaleros Agrícolas (S065, en Dirección de asuntos vulnerables y delegaciones, SEDESOL) $305,553,696 $303,407,226 $296,110,915 $296,481,433 $332,942,043 $282,945,044

Fuente: Cálciulos propios con información de la Cuenta Pública 2012-2016 y presupuesto 2017

En los tres sexenios más recientes, además, este Programa ha sufrido ajustes y hoy se vincula con los programas Setenta y Más y Empleo Temporal dentro de una Dirección de Grupos Prioritarios de la Sedesol, lo cual ha mermado su relevancia y ha facilitado que se le recorten recursos presupuestarios. Antes había la garantía de que las familias llegaban a los estados receptores y alguien podía registrarlos; por lo menos había datos básicos para identificar a los jornaleros y derivar recursos a programas locales. Ahora ni eso.

Además de los programas nacionales, hay esfuerzos locales que se observan en algunas zonas, por ejemplo en Guanajuato, Nayarit, Michoacán y Morelos. Aquí las autoridades apoyan a los jornaleros con despensas pero no les toca a todos. O desarrollan acciones mediáticas, como brigadas de salud o educativas, o becas, o abasto de agua, que no abarcan a la totalidad de la población que está en los circuitos migratorios.

Familias completas trabajando en 19 entidades

Hace muchos años los agricultores sólo hacían uso de la mano de obra masculina, luego incorporaron a las mujeres y también a niños, niñas y adolescentes, aprovechando a estos últimos en cultivos que requieren delicadeza en su manejo. Ello ha arrastrado a los jornaleros a migrar con sus familias y a permanecer largos periodos fuera de sus lugares de origen. Esta es característica propia de quienes emigran desde zonas rurales y en especial indígenas.

Entre los jornaleros que migran, que son quienes enfrentan mayor vulnerabilidad, es perceptible una tendencia reciente a ampliar cada vez más el periodo de migración. Cada vez con más frecuencia, los jornaleros regresan a sus hogares sólo a asuntos muy específicos y la mayor parte del año se mueven hacia alguna de las 70 zonas agrícolas que demandan mano de obra estaciona—estas zonas están dispersas en todo el territorio, e incluyen al menos 19 entidades: Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Chiapas, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Puebla y Estado de México. Los jornaleros migrantes provienen fundamentalmente de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Chihuahua y Durango.

La violencia

Amén de los riesgos propios del trabajo en campo, como los accidentes en tractores, y de la violencia institucional, los jornaleros migrantes están enfrentando nuevos conflictos. Hay familias y comunidades completas que en un año transitan por cuatro o cinco circuitos migratorios, cuatro o cinco estados diferentes, y por lo menos 90 % de estas zonas enfrentan delincuencia organizada. Ha habido casos de asesinatos, pues dado que viajan en autos con placas de zonas de trabajo, los han confundido con bandas rivales de narcotráfico. Pero esta información no se ha sistematizado. Se les ve como “víctimas colaterales”.

Por último, para subrayar lo poco que sabemos sobre las y los jornaleros, Nemecio subrayó el subregistro. La encuesta específica para identificar jornaleros es de Sedesol, y la más reciente es de 2009. Las cifras oficiales sobre jornaleros provienen de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, que no desagregan la información para dar cuenta de los jornaleros migrantes o asentados, adolescentes y niñez.

Hay una tradición en los circuitos de migración jornalera de los estados del sur, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, pero en los diez o 15 años recientes otros estados, como Veracruz, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Michoacán, Nayarit y Durango, que eran expulsores de mano de obra en menor medida han agudizado su emigración.. Esto debido a las presiones productivas y competitivas generadas por la globalización de los mercados, que han abierto caminos a la exportación agrícola más allá de Estados Unidos y con cultivos diversificados como vegetales exóticos para consumidores orientales; que han concentrado los apoyos públicos en zonas capitalizadas (el norte). Y que han acotado a la agricultura campesina (el caso de la cafetiicultura es un ejemplo) propiciando una expulsión forzada de mano de obra.

Guerrero es un caso que ejemplifica. Ahí los índices de desarrollo humano son demasiado bajos. El estado se integra por siete regiones, de las cuales tres son eminentemente expulsoras de mano de obra: la Montaña, Centro y Costa. La Montaña tiene 19 municipios y ocho de ellos (con 400 comunidades de población mixteca, tlapaneca, nahua y amuzga) llevan más de 11 años registrando los índices más elevados de migración indígena en todos los circuitos que hacen. Hace unos ocho años, los jornaleros se mantenían fuera de su lugar de origen por un periodo de cuatro a seis meses. Ahora salen todo el año prácticamente. El de la Montaña es un contingente de familias y comunidades que suman unas diez mil personas y que van a trabajar a 17 o 18 estados, o sea ¡a la mitad de los estados de la República! No obstante ello, pareciera que los jornaleros son invisibles para la sociedad y para la política del Estado. Mientras los instrumentos para dar cuenta de ellos sigan siendo tan limitados, seguirán siendo invisibles.

Este miércoles 3 y jueves 4 de Mayo se llevará a cabo en la Facultad de Economía de la UNAM el Foro Jornaleras y Jornaleros Agrícolas: Presente y Futuro, donde participarán expertos en el tema, funcionarios, académicos y organizaciones sociales; pero sobre todo jornaleros dando su testimonio. El Foro busca hacer visibles a estos trabajadores y su situación crítica. El registro es abierto. Para mayor información contactar a la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas.

 

* Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural Representación México-Centroamérica es una red de articulación y generación de conocimiento para el desarrollo de los territorios latinoamericanos, que trabaja para entender las causas de las brechas territoriales en América Latina y aporta en la elaboración de políticas públicas y en la articulación de actores para un desarrollo territorial más equitativo.

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