Legalización del aborto en Chile: ¿deuda saldada?

La despenalización del aborto en Chile por tres causales es un avance, pero su formulación y las condiciones bajo las cuales las mujeres pueden acceder legalmente a la interrupción del embarazo dejan bastante que desear.

Por: Iris González Cortez (@IrisGCortez)

El pasado lunes 21 de agosto millones de personas fuimos espectadoras, a través de programas de radio, televisión y redes sociales, de una resolución histórica emitida por el Tribunal Constitucional de Chile, en la cual se refrenda la legalidad de un proyecto de ley que despenaliza el aborto bajo tres causales: en caso de riesgo para la vida de la mujer, en caso de inviabilidad fetal extrauterina y cuando el embarazo sea producto de una violación. Aunque las opiniones son muy diversas, basándonos en las cifras de abortos clandestinos y en la clara ineficacia de la ley hasta hoy vigente, algo que con certeza se puede afirmar es que una determinación de esta naturaleza era urgente, pues con esta resolución, al menos de manera formal y oficial, ya será posible dar solución a parte de un problema de extrema injusticia social.

En Chile, a pesar de ser ilegal debido al contexto extremadamente religioso de la época, el aborto fue una práctica bastante común desde la Colonia, pero no fue sino hasta 1931 que se reguló con fines terapéuticos en el Código Sanitario. Tiempo después, en septiembre de 1989 —unos meses antes de que concluyera la dictadura de Augusto Pinochet—, se prohibió la ejecución de cualquier acción que tuviera como finalidad provocar un aborto1, dejando en situación de desamparo, durante casi tres décadas, a miles de mujeres que, cada año y por infinidad de razones médicas, decidían poner fin a sus embarazos.

Sin embargo, tal y como sucede en México —a pesar de tener regulaciones un poco más flexibles— esta situación de incertidumbre y criminalización no ocurre de la misma forma a todas las mujeres, pues, como siempre, han sido aquéllas que viven en condiciones de precariedad y, por tanto, sin la suficiente solvencia económica para pagar un aborto con personas calificadas, quienes llegan a los hospitales con complicaciones derivadas de malas prácticas y son, posteriormente, remitidas a las autoridades. Cabe aclarar que las mujeres juzgadas por el delito de aborto han sido, en su mayoría, denunciadas por personal hospitalario que no sólo ha violado el secreto profesional y el lazo de intimidad que debería resguardarse con la paciente, sino que, ejerciendo un papel de jueces morales, se han negado a brindar atención digna y humana, violentando así sus derechos humanos. La criminalización, la aplicación de la ley y la atención médica, en estos casos, están indudablemente tocadas por un sesgo de género, clasista y misógino, legitimado por un sistema que se ha preocupado más por cuidar de la moral, las buenas costumbres y la calidad de incubadora de las mujeres, que por su bienestar integral.

La criminalización y el prohibicionismo han llegado al extremo de convertirse en una especie de tortura social e institucional. Como ejemplo tenemos la gran cantidad de casos registrados2 de mujeres con embarazos inviables que fueron sometidas a tratos humillantes e inhumanos. Mujeres que no sólo fueron despojadas de su autonomía corporal, sino que fueron engañadas por el personal de salud respecto a la condición médica del embrión o feto y obligadas a guardar reposo para retener un embarazo que no iba a llegar a término o cuyo producto iba a morir después del parto. También están los casos de quienes tuvieron complicaciones médicas graves sin la posibilidad de solicitar una interrupción voluntaria del embarazo legal y segura, pues ésta no podía llevarse a cabo sino hasta que estuvieran en peligro inminente de morir. En casos de violación, sin importar cuál fuera el grado de afectación de la víctima, las posibilidades de abortar legalmente eran nulas. ¿Bajo qué tipo de lógica se puede anteponer los “derechos” de un ser humano en formación (¡en formación!) sobre los de una mujer? ¿Qué tan misógino tiene que ser un Estado para crear regulaciones que vulneran de tal manera los derechos de la mitad de su población?

La ley recién declarada constitucional da una solución efectiva —o por lo menos eso asegura— a embarazos no deseados en los tres casos antes descritos; sin embargo, su formulación y las condiciones bajo las cuales las mujeres pueden acceder legalmente a la interrupción del embarazo dejan bastante que desear. En este sentido, primero que nada, es importante mencionar las modificaciones referentes al Código Penal, cuya redacción y valoración hacia las mujeres continúa conservando un tinte completamente machista3:

Artículo 344. La mujer que, fuera de los casos permitidos por la ley, causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, será castigada con presidio menor en su grado máximo.

Si lo hiciere por ocultar su deshonra, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado medio.

Resulta inconcebible que en pleno siglo XXI los textos jurídicos aún contengan términos relativos al honor derivado del ejercicio de la sexualidad y a la valía de las mujeres en función de éste. Lo peor es que hace una clara referencia a las mujeres “decentes” e “indecentes”, a las “buenas” y las “malas”, que se expresa en la pena a pagar: de 61 a 540 días para quienes abortaran con el fin de ocultar su “deshonra” y de 541 días a 3 años en los demás casos.

Ahora bien, en lo que respecta a las causales que modificarán el artículo 119 del Código Sanitario, hay tres detalles alarmantes que saltan a la vista específicamente en el caso de embarazo por violación: 1) Para que la víctima pueda interrumpir su embarazo, será necesario que un equipo de salud corrobore la concurrencia de los hechos. Es decir, desde un comienzo se pone en duda la palabra de las mujeres y es necesario que un equipo de “profesionales” venga a decir si fue o no violada. 2) Para que la interrupción voluntaria del embarazo se lleve a cabo, la edad gestacional no deberá sobrepasar las 12 semana de gestación, o 14 semanas cuando se trate de una menor de 14 años, sin embargo, la existencia de este plazo carece completamente de lógica, pues puede ser desatendido por la víctima por razones que van desde el miedo hasta el desconocimiento. 3) Cuando una mujer mayor de 18 años, víctima de violación, desee interrumpir un embarazo y no haya denunciado el hecho ilícito, el personal de salud deberá dar aviso a las autoridades, violentando la privacidad y la voluntad de la afectada. Pareciera que hay una especie de incomprensión o banalización de la necesidad que tenemos las mujeres de decidir cuándo y qué acciones legales queremos ejercer y de la obligación de las y los otros de respetarla incluso cuando pueda resultar irracional.

Finalmente, esta ley no es sólo machista en su discurso y en sus efectos legales, sino profundamente paternalista, y aunque sí constituye un avance importante, fruto de la lucha de miles de mujeres a lo largo de la historia, no podemos olvidar que la deuda del Estado no queda saldada. No podemos olvidar que son únicamente tres causales, y las razones por las que las mujeres decidimos abortar son infinitas y todas igual de válidas. Porque el aborto y la salud —que más que la ausencia de afecciones físicas, es un estado completo de bienestar físico, mental y social4—, también son derechos humanos, detalle que es constantemente pasado por alto. Llevar a término un embarazo no deseado es injusto no sólo en términos de bienestar físico y emocional, sino en términos económicos, porque cultural y fácticamente la responsabilidad sigue cayendo sobre nosotras. Así que no, no podemos ni debemos seguir conformándonos con las dádivas del Estado. Las leyes y las políticas neoliberales y feminicidas no pueden seguir dominando nuestros cuerpos y nuestros úteros, por ello, es preciso continuar la lucha hasta que el aborto como decisión libre y autónoma salga de los códigos machistas y patriarcales, y nunca más tengamos que poner en riesgo nuestra libertad y nuestra integridad por ejercer el derecho a decidir.

 

* Iris González Cortez forma parte del Laboratorio Nacional Diversidades, cuyo objetivo principal es la producción de material académico (de investigación, de docencia y de divulgación) que analice las diversas formas de discriminación y violencias bajo una mirada interseccional. Es un posicionamiento urgente de la UNAM frente al endurecimiento de los radicalismos que generan xenofobia, misogina homofobiax, etc, sabiendo el papel que juegan las universidades en tanto motores de cambio nacional, más allá de sus contribuciones académicas fundamentales.

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