El Triunfo, sueño ecológico en riesgo

Esta área natural protegida en la Sierra Madre de Chiapas está en riesgo de desaparecer pues existen 25 concesiones mineras vigentes que atentan contra un ecosistema de 500 especies de animales vertebrados.

Por: Ana Ávila (@anaavilamexico)

En la Sierra Madre de Chiapas hay una reserva de la biósfera que resguarda dos ecosistemas en peligro: un bosque de niebla y la selva tropical húmeda del Soconusco. El primero es un sitio con un importante sistema de migración de aves y el segundo es la única selva de estas características en todo el Pacífico Mexicano y, posiblemente, en la región mesoamericana, según señala la información oficial sobre la Áreas Naturales Protegidas (APN).

En la parte alta de El Triunfo viven quetzales. Es una de las pocas regiones del país donde se pueden ver parvadas enteras. Los caudales de los ríos son bastos y sus pobladores los usan para pesca, riego e higiene personal. El sueño ecológico que representa esta APN puede desaparecer en cualquier momento pues, de acuerdo con una investigación realizada para Impunidad Cero, existen 25 concesiones mineras vigentes que, de decidirse, podrían acabar con un ecosistema de 500 especies de animales vertebrados.

Las concesiones suman 240 mil 578 hectáreas, territorio que rebasa en 121 mil 401 hectáreas a la propia reserva de la biósfera, pues de acuerdo con la página oficial de las APNs ésta tiene una extensión de 119 mil 177 hectáreas.

En nuestro país es posible tener una APN reserva de la biosfera y en el mismo espacio dar concesiones mineras. No importa que desde inicio de los 90 se haya decidido proteger la región, pues de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo vigente, la minería es prioridad estratégica. Entonces, si una persona moral o física cumple con los requisitos para hacer un megaproyecto, se le otorga. Así, sin violar la ley.

Este 29 de agosto, en la víspera del informe de gobierno, el presidente Peña Nieto decía en su cuenta de Twitter: “Somos uno de los países con mayor diversidad de plantas y animales. Protegerlos es nuestra responsabilidad y lo hacemos juntos”. ¿Cómo es que lo hacemos juntos? No se entiende. En la Sierra Madre de Chiapas ya empezó a percibirse el ecocidio y las consecuencias a la salud de los habitantes. Las minas de titanio han contaminado el agua, los pobladores tienen llagas en la piel y enfermedades crónicas en los ojos. ¿Dónde está la corresponsabilidad? Hay asociaciones civiles, ciudadanos chiapanecos, activistas y académicos que quieren detener la contaminación, visibilizar lo que sucede y documentar. Ahora falta que la autoridad asuma lo que le toca y termine con la cadena de impunidad.

Los habitantes de Acacoyagua, junto con los de Escuintla, crearon el “Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio” para defenderse. Han bloqueado con palos y piedras los accesos a las minas y han declarado su territorio libre de minería, pero ¿qué tan contaminados están sus ríos?, ¿de qué magnitud es el daño que se está denunciando? No se sabe, pues los académicos y biólogos que han pedido a la presidencia municipal de Acacoyagua y al gobierno del estado que financie los estudios han sido ignorados. La doctora Sandra Moreno dice que no hay recursos y que cuando han aplicado al Conacyt, se los han negado. La bióloga Libertad Díaz asegura que el delegado de Semarnat dice muy convencido que hasta hoy no hay consecuencias negativas de la explotación de titanio. Sin embargo, el médico de Acacoyagua, Juan Velázquez, calcula que de 2005 a 2015 la tasa de muertes por cáncer subió de 7 por ciento a 22 por ciento.

Los efectos de no proteger El Triunfo afectan a 400 mil personas, según Juan Carlos Castro, director del ANP. Para él, llamar áreas naturales protegidas a reservas ecológicas no es preciso. Son, asegura, áreas protectoras. Conservarlas evita inundaciones, deslaves y tragedias humanas. Las consecuencias de la tala son muy fuertes también. Antes nunca había ríos secos, y ahora sí los hay, explica.

Castro agrega que para dimensionar el daño se puede usar como ejemplo lo que sucede con las zanjas que se hacen para abrir camino a la maquinaria de las minas. Por los efectos de la lluvia, una zanja de un metro de ancho puede aumentar diez veces su tamaño. “No quiero imaginarme lo que sucede si se pone una mina junto a otra. Las concesiones mineras cada vez avanzan más hacia las partes altas de la montaña, donde están los quetzales; no se hace un análisis de la multiplicación de los impactos al ubicar una concesión junto a la otra. Los efectos son sinérgicos, no es que un impacto ambiental quede aislado de otro, se debe multiplicar por tres o por diez, dependiendo del número de minas. No hay estudios regionales de los impactos; tendrían que contemplarse en la ley.”

Los daños a las reservas ecológicas se agolpan en las personas y se convierten en enfermedades mortales, acabando así no sólo con su vida, sino con su medio de subsistencia. El problema radica en que la autoridad no supervisa las minas, no da a conocer a los habitantes de los terrenos a explotar cuáles son los impactos reales, ni a cuántas generaciones van a afectar. Los habitantes de zonas mineras aceptan contratos leoninos en los que les ofrecen rentas ínfimas a cambio de sus tierras. Debido a la pobreza en que se encuentran, aceptan sin realmente saber que lo que pierden no se compara con lo que les ofrecen. La autoridad tampoco vigila que los derechos de las personas sean respetados y resguardados. En el caso de El Triunfo ha sido omisa y permisiva con las concesionarias.

¿Qué autoridad va a detener esto? El pronóstico no es bueno. Hay casos como el de la mina Buenavista y la contaminación al río Sonora, o bien el de la mina el Saucito en Zacatecas. Los desechos tóxicos siguen, aún con escándalos noticiosos y resoluciones judiciales, las personas siguen muriendo lento. Ojalá el tuit del presidente Peña fuera verdad, ojalá en realidad fuéramos corresponsables.

 

* Ana Ávila es maestra en Ciencias Sociales por la FLACSO y como becaria Fulbright cursó una estancia académica en la Universidad de Maryland. Estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana. Fue coganadora del premio de periodismo ambiental de la Universidad de Columbia, Nueva York, en 2010.

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