Para la Suprema Corte, la CNDH es una isla de impunidad

Por: Ana Lorena Delgadillo Pérez y Sergio Méndez Silva (@smendezsilva)

Este miércoles 20 de septiembre, a propuesta del ministro Fernando Franco González Salas, la Segunda Sala de la Suprema Corte resolverá el amparo en revisión 255/2017, promovido por familiares de los 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas, y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Fundación para la Justicia), organización defensora de los derechos de las personas migrantes que acompaña el caso.

El caso que resolverá la Suprema Corte es de enorme importancia porque lo que está a discusión es el derecho que tienen las víctimas de violaciones a los derechos fundamentales de contar con un mecanismo que las proteja cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) viole su derecho al debido proceso en las investigaciones que lleva a cabo. El mecanismo con el que contarían las víctimas para este propósito sería el juicio de amparo.

En determinados casos, ni la CNDH, ni otros organismos públicos de derechos humanos han tenido una actuación adecuada en las investigaciones que realizan por los abusos que cometen las autoridades. Por cuanto hace a la CNDH, algunas de las organizaciones de la sociedad civil hemos reclamado que en ocasiones no escucha a las víctimas, las revictimiza, pero además no investiga integralmente los hechos violatorios de derechos humanos. Eso ocurrió en la masacre de 72 migrantes de San Fernando.

Como sabemos, entre el 22 y 23 de agosto de 2010, en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, 72 personas migrantes fueron masacradas. Con motivo de estos hechos, los familiares de las víctimas directas y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Fundación para la Justicia) presentaron una queja ante la CNDH. El 23 de diciembre de 2013, el organismo público autónomo emitió la recomendación 80/2013.

El procedimiento de investigación llevado a cabo por la CNDH fue deficiente: los familiares de las vícitimas no fueron escuchados en la etapa de la investigación, ni siquiera aquellos que recibieron restos que no correspondían a sus familiares o aquellos que hasta la fecha tienen dudas sobre la identidad de los restos recibidos; no analizó todas las conductas que implicaron violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades; no investigó la violación del derecho a la vida de los 72 migrantes; no clasificó el caso, que es una masacre, como de graves violaciones a los derechos humanos; no asesoró a las víctimas; no verificó que los restos de las vícitmas directas fueran entregados correctamente a sus familias; no garantizó a los familiares de las víctimas el ingreso al país para hacer válidos sus derechos; no vigiló que las autoridades investigaran los hechos de la masacre de manera eficaz; no vigiló la cadena de custodia; no garantizó la intervención de peritos independientes y como consecuencia, a la fecha, las investigaciones que continúa realizando la PGR resultan deficientes para conocer la verdad de los hechos sobre la masacre.

Ante la notoria deficiencia de la actuación de la CNDH, los familiares de las víctimas promovieron un juicio de amparo en contra del organismo nacional de derechos humanos. Sin embargo, el juez de amparo desechó la demanda, con base en dos precedentes de la Suprema Corte: los amparos en revisión 448/2015 y 1066/2015. En ambos casos, el Máximo Tribunal concluyó que no procedía el amparo en contra de los actos de la CNDH.

Según la Suprema Corte, el amparo no procede en contra de los actos de la CNDH porque sus recomendaciones no son obligatorias; porque el procedimiento ante el ombudsperson es una garantía constitucional de igual jerarquía que el juicio de amparo, por lo que entre ellas hay una relación de complemento para proteger el orden jurídico nacional; porque garantías constitucionales de igual jerarquía no deben entorpecerse entre ellas, y porque, por su naturaleza no contenciosa, la CNDH no entra en una lógica recursal, esto es: contra las decisiones de la CNDH no procede recurso ordinario alguno.

En cambio, los familiares de las víctimas y la Fundación para la Justicia consideran que hay ciertos actos que la CNDH realiza, que pueden y deben ser justiciables. En particular, el juicio de amparo debe proceder para corregir e impedir violaciones al debido proceso al momento de integrar una queja. La CNDH está obligada a respetar el debido proceso, ya que es un mandato constitucional. El debido proceso es la condición de posibilidad para que la CNDH emita recomendaciones apegadas a la realidad y con un amplio sentido reparatorio. Sin el respeto al debido proceso, el procedimiento de queja pierde su efecto útil.

A partir de los dos precedentes ya referidos, el ministro Fernando Franco propone negar el amparo a las familias de los 72 migrantes masacrados. El grave problema al que se enfrentan las familias de las víctimas de San Fernando, es que la Suprema Corte está construyendo una línea jurisprudencial que declara la improcedencia del juicio de amparo cuando se promueva en contra de la CNDH. En efecto, la Suprema Corte otorgaría una carta de impunidad a una entidad del Estado mexicano, pero además iría en contravención al espíritu de la reforma constitucional de 2011, donde se transversalizan y priorizan los derechos humanos.

Es muy grave que la Suprema Corte pretenda que la CNDH sea una isla de impunidad. El caso de la masacre de los 72 migrantes es una muestra perfecta de la deficiente labor de la CNDH. Por ello, es indispensable que las víctimas de violaciones a sus derechos cuenten con un medio de protección como el juicio de amparo. Es importante controlar el procedimiento de investigación que realiza la CNDH. Sin el debido proceso, el acceso a la justicia y la reparación integral se vuelven imposibles o inalcanzables.

Los organismos públicos de derechos humanos deben ser autónomos, así lo marcan los estándares internacionales y nuestra propia Constitución Política. Pero ninguna autonomía, sobre todo hablando de una institución consagrada a la difusión y protección de los derechos humanos, puede funcionar al margen de un estado de derecho, al margen de un orden jurídico, de los principios generales de la justicia y del estado de derecho.[1] La CNDH forma parte del aparato y estructura del estado y como tal sus actos pueden generar responsabilidad internacional.

México ha ratificado convenciones internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Como parte de la estructura del Estado mexicano, la CNDH está también obligada a respetar y garantizar los derechos ahí reconocidos y en este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “es exigible a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, cuyas decisiones puedan afectar los derechos de las personas, que adopte dichas decisiones con pleno respeto de las garantías del debido proceso legal”.[2]

Si la autonomía se interpreta como una prerrogativa a favor de las instituciones, la estamos mal entendiendo, ya que es y debiera concebirse, como un derecho de las personas, el derecho a contar con instituciones que no respondan a otra cosas que a su mandato constitucional; que realicen de manera efectiva, imparcial y de manera eficiente su trabajo; es un derecho de las personas el contar instituciones que puedan ser un real contrapeso frente a las autoridades que violan derechos humanos. Los titulares de los derechos son las personas, no las instituciones y si una institución –independientemente que sea o no autónoma- viola principios, derechos o garantías de las personas, lo que se esperaría es que esto se investigue y que se proteja a las personas cuyos derechos han sido violados, en síntesis, que no quede impune esa actuación irregular.

Si la Segunda Sala de la Suprema Corte aprueba el proyecto del ministro Franco, habrá dado un paso hacia atrás en la garantía de los derechos humanos de las personas. No debemos permitir este retroceso. Nuestro país necesita instituciones sólidas que hagan frente a la impunidad, corrupción y graves violaciones a derechos humanos. Tenemos el sistema ombudsperson más caro de América Latina y su efectividad todavía deja mucho que desear. Nuestro país necesita contrapesos reales, que no teman ser cuestionados o que se nieguen a rendir cuentan cuando violan los derechos de las personas.

 

 

 

[1] Naciones Unidas. Instituciones nacionales de derechos humanos. Antecedentes, principios, funciones y responsabilidades. Naciones Unidas, Nueva York, 2010, p. 15.

[2] Corte IDH. Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2011. Serie C No. 227, párr.115.

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Comentarios

  1. Jaime Cárdenas Gracia

    Muy grave que la SCJN evada su obligación de garantizar el orden constitucional en México. Ninguna autoridad, aunque emita recomendaciones como la CNDH, debe estar excluida del juicio de amparo. Sobre todo, cuando es patente que ese organismo en el caso concreto -los 72 de San Fernando- ha violado el debido proceso.