Objeción de conciencia e incompetencia legislativa

La reforma propuesta a la Ley General de Salud no puntualiza que las autoridades sanitarias, tanto privadas como públicas, tengan la obligación de contar con personal no objetor de conciencia en todas las instalaciones de atención médica.

Por: César Palacios González (@CPalaciosG)

El pasado 10 de octubre fue un gran día para la diputada Norma Edith Martínez Guzmán (Partido Encuentro Social), pues la Cámara de Diputados aprobó con 367 votos a favor el proyecto de ley que ella presentó para incluir de manera explicita la objeción de conciencia en la Ley General de Salud. Esta propuesta de ley, que todavía se tiene que votar en el Senado, busca adicionar el artículo 10-bis a nuestra ley federal de salud. El artículo aprobado por los diputados dice:

Artículo 10-Bis. El personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud, podrá ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece la ley.

Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia, en caso contrario se incurrirá en el causal de responsabilidad profesional.

El ejercicio de la objeción de conciencia no derivará en ningún tipo de discriminación laboral.

Algunas ONGs, como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), han sonado la alarma sobre cómo esta propuesta de ley impacta directamente la salud reproductiva de las mujeres, y no sólo en casos de interrupción legal del embarazo. Por ejemplo, médicos del sector público podrán rehusarse a recetar anticonceptivos orales. Debe ser claro que la diputada Martínez Guzmán no piensa que su propuesta de ley sólo hace referencia a la salud reproductiva de las mujeres, pues dijo que: “pensar sólo en el tema del aborto es tener una visión achicada y miope”.

Es cierto que es necesario debatir si en la Ley General de Salud debe haber una protección explícita a la objeción de conciencia; pero lo que es todavía más cierto es que la redacción de este artículo es tan deficiente que hace llorar a cualquiera persona que conozca un poco de políticas públicas sanitarias. A continuación enumero sólo algunos de los problemas que tiene esta ley, y por lo cual la Cámara de Senadores debería de rechazarla de manera inmediata.

  • El artículo no define qué es “participar en la prestación de servicios que establece la ley” ni qué es una “urgencia médica”. Por ejemplo: ¿un médico puede rehusarse a cubrir a otro médico cuando este segundo vaya a realizar un procedimiento que el primero objeta? Definir qué es “participar” y “urgencia médica” es clave para dar certeza jurídica a esta ley.
  • El artículo no toma en consideración que las condiciones médicas evolucionan, y por lo tanto no prescribe cómo es que el personal de salud debe de actuar en esos casos. Por ejemplo, un consulta médica que no es de urgencia se puede volver urgente durante el tiempo que toma trasladarse a otro centro de salud. Una vez más nuestros legisladores no piensan en los y las mexicanos que viven en las zonas rurales de nuestro país.
  • El artículo no puntualiza que las autoridades sanitarias, tanto privadas como públicas, tengan la obligación de contar con personal no objetor de conciencia en todas las instalaciones de atención médica. Es más, el artículo ni siquiera dice que las autoridades sanitarias tienen que contar con personal no objetor de conciencia que atienda a los pacientes. Imaginen que en una población rural todo el personal de salud objetara administrar vacunas o entregar anticonceptivos.
  • El artículo no señala que los objetores de conciencia tengan la obligación de referir al paciente a un médico no objetor de conciencia de manera inmediata. Es más, ni siquiera dice que el centro de salud, de manera institucional, debe tomar todas las acciones necesarias para que el paciente sea referido a un médico no objetor de conciencia.
  • El artículo no establece que el personal de salud objetor de conciencia no debe de interferir de manera alguna con que el/la paciente reciba la atención médica que él o ella niegan. Y tampoco clarifica que el personal de salud objetor de conciencia no debe intentar imponer sus creencias al paciente. Imaginen a un médico tratando de convencer a un padre de familia sobre lo malas que son las vacunas.
  • Finalmente, el artículo no puntualiza si los médicos internos de pregrado y los estudiantes de enfermería cuentan como “personal médico y de enfermería”. Este punto es de la mayor importancia en un país donde dichos estudiantes son una pieza clave en la procuración de salud, tanto pública como privada.

Antes de la votación de esta propuesta de ley en la Cámara de Diputados la diputada Martínez Guzmán aseveró que en ella “no hay semillas de tiranía”. Yo estoy de acuerdo con ella en que dicha propuesta de ley no es una semilla de tiranía, sino el fruto de la incompetencia legislativa. Una ley tan mal pensada como ésta pone en peligro el derecho a la salud de mujeres, hombres e infantes y, para no variar, afecta de manera particular a los grupos que se encuentran en estado de vulnerabilidad.

 

* César Palacios González es doctor en Ética de la Ciencia por la Universidad de Manchester (Reino Unido). Actualmente es investigador asociado del Centre of Medical Law and Ethics, del King’s College London (Reino Unido).

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