Retos y posibilidades del derecho a la información

El 92.3 % de quienes dicen saber de la existencia de un órgano garante del acceso a la información cuentan con información incompleta o equivocada, lo que tiene un impacto en la calidad del ejercicio y garantía de este derecho humano.

Por: Emilio Del Carmen López (@EmilioDelCarmen)

La transparencia y el acceso a la información son una narrativa predominante en la agenda nacional. A pesar de ello, aún se manifiesta una baja apropiación del derecho a la información en la población mexicana. La llamada “cultura de la transparencia” tiene avances importantes en materia de reformas institucionales, aunque el conocimiento del derecho de acceso a la información, su expansión, y su uso por la ciudadanía sigue siendo un anhelo democrático.

La ENAID[1] señala que tan sólo el 50.6 % de la población sabe que existe una ley y un órgano garante de transparencia a nivel nacional. Sin embargo, de esta población que ha escuchado hablar de ello, no saben el nombre, lo siguen recordando como el extinto IFAI, no contesta o lo confunde con los órganos estatales. De tal manera que el 92.3 % de mexicanas y mexicanos que dicen saber de la existencia de un órgano garante cuentan con información incompleta o equivocada, lo que tiene un impacto en la calidad de ejercicio y garantía de este derecho humano.

El uso del derecho de acceso a la información reporta que tan sólo el 5.6 % de los mexicanos han realizado una Solicitud de Información Pública (SIP). Lo anterior sin descontar aquellos “solicitantes frecuentes” que realizan, no una, sino varias peticiones. En sintonía, sólo el 14.1 % de los mexicanos consulta los portales de internet para acceder a información pública.

Por lo anterior, el entonces IFAI –ahora INAI– ha señalado desde su fundación que el uso del derecho de acceso a la información está concentrado en zonas urbanas, teniendo un perfil del solicitante con personas de 20 a 29 años ocupados en el sector académico o empresarial, donde la mayoría cuenta con licenciatura o estudios de posgrado.[2] De este acotado número de ciudadanos que realizan solicitudes de información (5.6 %), la mayoría de ellos, 68.2 %, se encuentran satisfechos con el proceso, aunque el 58.7 % señala que le es difícil o muy difícil el procedimiento para acceder a información pública.

En México los órganos garantes de transparencia tienen dos principales encomiendas: 1) ser un “tribunal administrativo” especializado y autónomo en materia de transparencia que brinde certeza jurídica y garantice el proceso de peticiones de información hecho por los ciudadanos; 2) convertirse en el principal promotor y movilizador del derecho de acceso a la información. Al primer punto se le ha dado mayor peso, teniendo en general buenos resultados. En el segundo hay múltiples rutas que aún faltan por potenciar y explorar.

El Center of Law and Democracy sostiene que México cuenta con el mejor marco normativo de transparencia y acceso a la información a nivel mundial, con una valoración de 136 puntos de 150 posibles.[3] Las primeras ideas en el país sobre la implementación de la transparencia fueron que ésta combatiría a la corrupción. Sin embargo, ¿qué tan cierto es que a mayor transparencia hay menor percepción de corrupción? De 1995 a 2016 Transparencia Internacional ha desarrollado uno de los índices de percepción sobre corrupción más citados a nivel mundial. En este el “0” representa la más alta percepción de corrupción y el “10” la más baja. Al respecto, México reporta una calificación promedio de 1995 hasta 2016 de 3.4, siempre por debajo de la media mundial para el mismo periodo con una puntuación promedio de 4.4.

Se observa que desde el 2002, con la institucionalización de la transparencia, se ha tenido poco impacto en disminuir la percepción de corrupción. La evidencia apunta a que la transparencia es un factor necesario, pero por si solo insuficiente para combatir la corrupción. Sin embargo, no hay que desdeñar a la transparencia, pues ahora tenemos mayor información de la existencia de actos corruptos, lo cual permite trazar cursos de acción para aminorarlos, como se pretende con el Sistema Nacional Anticorrupción.

En materia de acceso a la información se tienen avances importantes en lo que refiere a reformas institucionales. Sin embargo, existe un bajo conocimiento y uso del derecho a la información en México. A lo que se añade un reto: del 94.4 % de los mexicanos que no han hecho solicitudes de información, el 81 % de ellos sostiene que no está interesado en realizar alguna.

En la actualidad contamos con buen sistema institucional para acceder a la información pública, aunque con un reducido número de solicitantes. Sobre ello no sólo existe poca demanda, sino ante todo un muy bajo interés de los ciudadanos por apropiarse de este derecho. Un aspecto poco explorado en los programas de divulgación y promoción del derecho a la información es coadyuvar a construir una identidad social con el derecho a la información. Hasta ahora no se hacen presentes protestas o movimientos sociales para reclamar que se proteja este derecho, como sí se observa en el caso de otras garantías como la defensa de la libertad de expresión, o el derecho a la educación, sólo por mencionar algunos. El derecho de acceso a la información es más un asunto de ciertas de organizaciones interesadas en el tema.

Hasta ahora el derecho a la información adolece de una apropiación cultural. Por tal motivo, se deben aumentar las campañas de difusión y promoción, pero con un giro de calidad y perspectiva concerniente a desarrollar un sentido práctico y cotidiano del uso de este derecho frente al ciudadano. Es decir, no sólo pensar en el derecho a la información como una herramienta de inspección macroestructural, sino ante todo como un instrumento de movilidad social que permita ejercer otros derechos y potenciar la calidad de vida. En el momento en que se logre despertar mayor interés en la ciudadanía por apropiarse de dichas garantías se empezará a desarrollar la tan anhelada cultura de la transparencia, aún sin concretarse. El cambio no sólo debe ser normativo, sino de perspectiva. Si se llega a dar este viraje, la transparencia se puede materializar con mayor contundencia como un elemento de combate a la corrupción, pues cada vez más ciudadanos reducirán los espacios de opacidad y las brechas de discrecionalidad al aumentar su uso y apropiación.

 

* Emilio Del Carmen López es Maestro en Ciencias Sociales por la FLACSO – México y Licenciado en Ciencia Política y Administración Urbana por la UACM. A su vez cuenta con estudios de Diplomado en Análisis Político Estratégico por el CIDE. Ha sido reconocido en cuatro Premios Nacionales en Transparencia: Ensayo, 1° COMAIP, 1° INFODF, 3° INAI; Tesis, 2° INAP.

 

 

[1] INEGI-INAI (2016), Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Consultable aquí.

[2] INAI (2015), 13no. Informe de Labores al H. Congreso de la Unión 2015. México: INAI, pp.33-41.

[3] La evaluación contempla los indicadores de derecho a la información, alcance, procedimiento de solicitud, excepciones, rechazos, apelaciones, sanciones, protecciones y medidas promocionales. Consultable aquí.

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