Seguridad interior, una declaración formal de guerra

Todo parece indicar que el gobierno no ha fallado; más bien, va llevando con éxito la guerra, y la Ley de Seguridad Interior puede ser su culminación.

Por: Rodrigo A. Medellín Erdmann 

¿Cómo entender el interés y la prisa de la actual administración, los partidos políticos PRI y  PVEM y algunos diputados del PAN por aprobar y promulgar la LSI? ¿Cómo entender la insistencia de las fuerzas armadas en el mismo sentido? Se presenta aquí una hipótesis explicativa sobre el objetivo y sentido de esta ley, en el contexto de las relaciones sociales básicas que rigen en el país desde hace varias décadas.

A partir del sexenio salinista las sucesivas administraciones ―priista y panistas― le han impuesto al país el esquema comúnmente denominado neoliberalismo, con la promesa de que traería gran bienestar y prosperidad para todos los sectores de la sociedad. En la realidad, el esquema, tal como se ha implantado, ha provocado muchos males: estancamiento económico, endeudamiento excesivo, recortes presupuestales frecuentes; así como serios problemas para el grueso de la población: pobreza exacerbada, sobre todo en el campo, creciente desigualdad socioeconómica, desempleo, deterioro del salario, inseguridad creciente, violación de los derechos humanos. En contraposición, en los sectores hegemónicos, económicos y políticos, campea la corrupción, la impunidad, el saqueo de la riqueza nacional, el enriquecimiento explicable.

Ante esta problemática, se ha hablado de un gran fracaso del gobierno. Se ha sostenido que el estado ha fracasado en cumplir sus obligaciones para con la sociedad, puesto que, no obstante sus supuestos esfuerzos, no ha logrado reducir sustancialmente la pobreza y las desigualdades, proteger a la sociedad contra la inseguridad y el crimen organizado, eliminar la corrupción y la impunidad, etc. Se le califica como un estado fallido.

Sin embargo, a pesar de tantos fracasos, el esquema se ha impuesto contra viento y marea, contra la resistencia de todos los sectores perjudicados, bajo el pretexto de que finalmente les beneficiaría a todos. Tal parece que el principio de la persistencia es: “ante un fracaso, más de lo mismo; ante un gran fracaso, mucho más de lo mismo”, con lo cual se ha generado un irrefrenable proceso de deterioro y decadencia en el país, y un creciente rechazo social ―junto con un pequeñísimo sector enormemente beneficiado, que pretende que la cosa siga como va.

Ha sido un esquema efectivamente impuesto, sin consenso, sin que corresponda a las características, necesidades, deseos y aun posibilidades del grueso de los mexicanos ―respondiendo más bien a intereses ajenos al país, al capital trasnacional―, y contra un creciente descontento y rechazo. “No había de otra”, se  argumentaba, “la globalización lo imponía; de otro modo México quedaría irremediablemente rezagado”.

La imposición implicaba costos sociales ―alguien tenía que pagar los platos rotos, se decía―. En el fondo, el proyecto neoliberal consiste básicamente en conservar el poder político a toda costa, y en extraer la mayor cantidad de riqueza posible del país y de todos sus habitantes, para canalizarla, acumularla y concentrarla en unas cuantas manos, dentro y fuera del país, sin importar el modo legal o ilegal ―y aun criminal― de lograrlo.

Ahora bien, desde el principio se advirtió que habría obstáculos, que habría gente que no estaría conforme, inclusive que se opondría ―al no ver que a la larga todos saldrían beneficiados―. Gradualmente los sucesivos gobiernos fueron tomando medidas contra tales obstáculos, hasta encontrar la manera de deshacerse de ellos.

La hipótesis básica ― que aquí se somete a la consideración de la opinión pública, y que deberá ser probada o rechazada con base en evidencia empírica  precisa―es que la LSI constituye la culminación de un proceso cada vez más intenso de eliminación de todo y de todos los que obstaculicen la implantación del esquema neoliberal, es decir, de todo lo que se oponga, resista, o estorbe el saqueo de la riqueza del país, y su acumulación y concentración en unas cuantas manos, básicamente en el gran capital, nacional y  trasnacional, y la conservación del poder político a como dé lugar. Veamos:

El proceso de eliminación de obstáculos efectivamente fue gradual y por etapas sucesivas, con definiciones cada vez más precisas de la gente que estorbaba y que eventualmente debía ser eliminada.

  1. El primer paso fue la declaración de inviabilidad: “Hay que reconocer que hay un conjunto de mexicanos que no son viables en el esquema neoliberal”, reconoció la administración salinista; es decir, que no caben, que no tendrán un lugar. Desde luego, no se decía aún cuál sería su destino, y menos se decía qué proporción de la población resultaría inviable.
  2. El segundo paso es consecuencia lógica del anterior: se trata de mexicanos que resultan prescindibles para que el neoliberalismo funcione.
  3. El siguiente paso lógico es considerarlos como eliminables: se les puede eliminar, y el esquema seguiría adelante.
  4. Un paso más es definirlos como aniquilables. 
  5. Finalmente, ante la resistencia cada vez más generalizada a implantar el neoliberalismo en plenitud, se llega a la decisión de eliminarlos, por ser un verdadero estorbo; pero de forma políticamente correcta, como un subproducto ―lamentable― de la implantación del esquema intencionalmente procurado “que México necesita”. Se llega así a una verdadera guerra de exterminio.

Cabe aquí, pues, explorar la hipótesis de una guerra del régimen contra grandes sectores de la población como una explicación de lo que está sucediendo en México, más que la hipótesis del fracaso del gobierno, del estado fallido. Todo parece indicar que el gobierno no ha fallado; más bien, va llevando con éxito la guerra, y la LSI puede ser su culminación.

En apretada síntesis se señalan a continuación los destinatarios de las agresiones de la guerra ―por acción u omisión―,  las estrategias utilizadas para dañarlos o exterminarlos,  y los propósitos que se persiguen:

  1. Indígenas y campesinos: pauperizarlos, suprimir el cultivo del maíz, fomentar conflictos intra- o inter-comunitarios, expulsarlos de sus comunidades, quitarles la tierra; para entregarla inversionistas: mineras, petroleras, proyectos eólicos, paneles solares, agronegocios, narcotraficantes.
  2. Ecologistas: asesinar a quienes defienden tierras, bosques, aguas, contra el saque de sus recursos.
  3. Migrantes y desplazados: asaltarlos en el trayecto, robarles sus pertenencias y los  medios para llegar a su destino, esclavizarlos, asesinarlos; pues son fuentes de riqueza y de mano de obra barata.
  4. Trabajadores: ir reduciendo gradualmente el valor real de su salario, reducir su derechos laborales, establecer condiciones de trabajo más precarias, mayor control de líderes sindicales; para incrementar la participación porcentual del capital en la distribución del ingreso, atraer inversión extranjera.
  5. Urbanos marginados: cambiar el uso del suelo, reducirles los servicios urbanos, incrementarles su costo; para beneficio de desarrolladores e inmobiliarias.
  6. Estudiantes: eliminar la formación social y humanista, reducir su capacidad de pensamiento crítico; para formar mano de obra funcional y sumisa en el mercado de trabajo.
  7. Maestros: mantener el control sindical, establecer mecanismos de evaluación para lograr la sumisión y eliminar la disidencia; para que el sistema educativo sea funcional para el esquema económico neoliberal.
  8. Jóvenes: desentenderse de darles posibilidades de educación y empleo, y un futuro promisorio; para evitar el costo de la inversión educativa y la necesidad de políticas que den prioridad al empleo sobre las utilidades.
  9. Jubilados: modificar los esquemas de pensiones para beneficio de las instituciones financieras y reducir los costos de las jubilaciones; para reducir los costos de mano de obra e incrementar los rendimientos al capital.
  10. Periodistas: restringir la libertad de expresión, poner obstáculos a la información pública, inclusive la persecución y la eliminación física, introducir la auto-censura; para evitar la información crítica al sistema político ―sobre todo a las fuerzas armadas―, a la inseguridad, la corrupción y la delincuencia.
  11. Reporteros: incentivos positivos o inhibitorios; para evitar el periodismo de investigación sobre los comportamientos de funcionarios públicos que les limite su capacidad de enriquecimiento impune.
  12. Intelectuales: favores y obstáculos por parte del sector público; para evitar la reflexión crítica y el planteamiento de alternativas socioeconómicas al esquema actual. De la misma forma para los artistas.
  13. Defensores de derechos humanos: impedir y aun reprimir su labor, acusarlos de sólo defender a los criminales, restarles recursos; para que no desvelen la realidad de la guerra y sus efectos sobre la población.
  14. Activistas en contra de los feminicidios: no atender sus reclamos, obstaculizar su labor, ocultar el problema, resistirse al establecimiento de alertas de género; para que queden impunes estos crímenes contra un sector de la población particularmente vulnerable y poco funcional para el esquema socio-económico.
  15. Empresarios patrióticos: se les obliga a entablar una competencia ruinosa con el gran capital, se les acosa con todo tipo de reglamentaciones, trabas y extorciones, cuando luchan por un trato igualitario y un suelo parejo en la competencia del mercado; para abrirles las oportunidades a la inversión extranjera y a los grandes inversionistas.
  16. Eclesiásticos y religiosos/as comprometidos con su pueblo: se les acusa de meterse en política, de ser seguidores de la teología de la liberación, de provocar conflictos y divisiones en las comunidades; para evitar generen una conciencia crítica y una acción ciudadana de resistencia al poder.
  17. Funcionarios honestos: quienes no se pliegan a las reglas no escritas del sistema ―la corrupción, la connivencia, etc.― son marginados, desplazados y aun eliminados.
  18. La sociedad civil: el cúmulo de agravios a los ciudadanos en general forman parte de la guerra; para atemorizar, inmovilizar, frenar las protestas y manifestaciones de inconformidad.

En fin, las decenas de miles de muertos y desaparecidos, que van en aumento desde el sexenio de calderón ―como resultado de una guerra de exterminio; así como las fosas clandestinas que van apareciendo por todo el país. Ha estado en peligro cualquiera que estorbe el esquema neoliberal o no le sea funcional, o sea insoportable para el poder; por lo mismo, la solución es el extermino. Desde luego, no se trata de una guerra convencional, con una declaración formal, y regida por los reglamentos que en casos de guerra se estilan.

Más bien, es una guerra en la que se ha definido en forma difusa al enemigo que se combate ―y que se combate en forma disimulada, soterrada,  callada y aun negada, pretendiendo, si conviene, por el contrario, ayudarlo y cuidar de él― el pueblo mexicano. En este contexto, la aprobación de esta Ley es la formalización de la declaración de una guerra de exterminio.

El papel de las fuerzas armadas

Con grave ignorancia y falta de preparación, Calderón encargó al ejército el combate al narcotráfico, la guerra contra la delincuencia organizada. Así, el ejército, y luego la marina, fueron encargados de combatir a un enemigo cada vez más poderoso e imbatible. Simultáneamente se les encargó la función policíaca de proteger a la población ―algo para lo que no tenían preparación―. La consecuencia fue un creciente desprestigio de las fuerzas armadas, y las constantes denuncias de ataques a los derechos humanos que fueron cometiendo.

Ante esta problemática, en vez de tomar medidas para corregir tal situación, el gobierno aplicó el principio ya enunciado de “ante un fracaso, más de lo mismo”. Se reforzó la presencia del  ejército y la marina y se les colocó en situaciones cada vez más difíciles.

Pero aún, con el regreso del PRI parece haber cambiado la estrategia en relación con la delincuencia organizada, y aplicarse un principio que los tecnócratas deben haber aprendido en sus estudios estadounidenses: “If you can’t beat them, join them” ―”Si no los puedes vencer, alíate con ellos”.  En el contexto de una guerra de exterminio, la delincuencia organizada le resulta funcional al gobierno para hacer el trabajo sucio de desaparecer población eliminable ―con las fuerzas armadas haciéndose de la vista gorda, como tanto se ha denunciado.

Por otro lado, la debilidad política del régimen lo hizo depender cada vez más del apoyo de las fuerzas armadas para controlar el descontento de la población. Por lo mismo, se fueron viendo cada vez comprometidas y criticadas, y pidieron cada vez con más insistencia que su acción estuviera respaldada y legitimada con un marco jurídico que las protegiera contra posibles futuras acusaciones y denuncias, aun penales.

Obsequioso, y necesitado de apoyo, el régimen peñista diseño la Ley de Seguridad Interior. Ante el retraso en su aprobación por los reparos de la sociedad civil, el Presidente insistió recientemente en que la aprobación de dicha ley, “si antes era conveniente, ahora es de necesidad imperiosa.” Es decir, “ante un gran fracaso, mucho más de lo mismo.”

En el contexto de una guerra de exterminio del régimen contra todos los sectores de la población que se opongan u obstaculicen la continuación del esquema impuesto, la Ley, en los términos actuales, prácticamente convierte a las fuerzas armadas en el principal mecanismo de combate y exterminación de mexicanos. Así se aprobó y así se promulgó ―si bien se le encargó a la Suprema Corte la tarea a ratificar su constitucionalidad, es decir, de darle plena legitimidad―. Si esto ocurre, la Ley será legalizada con la confluencia de los tres sectores de gobierno, legislativo, ejecutivo y judicial ―aunque difícilmente se le podrá considerar legitima.

Si la hipótesis aquí presentada es verosímil ―y todo indica que lo es―, sería de esperar que los altos mandos de las fuerzas armadas tengan la suficiente clarividencia y dignidad para evitar ser todavía más gravemente instrumentalizados por la Ley para realizar el trabajo sucio de la guerra de exterminio del actual régimen contra amplios sectores de la población. Que vean con claridad que esta Ley, lejos de legitimar las acciones que el gobierno civil les ha impuesto, las hace más culpables de posibles crímenes de lesa humanidad, por los que pueden tener que responder en el futuro.

* Rodrigo A. Medellín Erdmann es Doctor en Sociología por la Universidad de Harvard.

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