Por una sociedad de derechos, seguridad sin guerra

Debemos estar preparados para reconstruir nuestra democracia en una profunda revolución de conciencias. Los países que han institucionalizado la militarización de la seguridad pública cierran, poco a poco, los espacios a una participación activa de la sociedad civil.

Por: Luis F. Fernández

Con la promulgación de la Ley de Seguridad Interior a finales de 2017, el gobierno de la República reiteró su posición de combatir la inseguridad y enfrentar la violencia con más violencia, una estrategia que ha probado ser inefectiva a lo largo de 11 años de guerra. Cientos de miles de ciudadanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, relatores especiales de Naciones Unidas, rectores de universidades, organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, entre decenas de especialistas en derecho y en seguridad, víctimas de violaciones de derechos humanos, artistas y organizaciones de la sociedad civil, hemos mostrado su rechazo tajante a dicha ley.

Este grupo amplio de personas y organizaciones no hemos dejado de exigir ampliar el diálogo, se han propuesto y puesto a disposición de legisladores y de los poderes ejecutivos toda su capacidad y esfuerzo para dilucidar, juntos, una salida a las crisis de debilidad institucional, de inseguridad y de violencia que enfrenta el país. Los intermediarios políticos han desoído cada una de las exigencias y se han rendido a los intereses y exigencias de una cúpula que sigue defendiendo privilegios, puestos y presupuestos.

Debemos estar preparados para reconstruir nuestra democracia, para iniciar una profunda revolución de conciencias. Los países que han institucionalizado la militarización de la seguridad pública cierran, poco a poco, los espacios a una participación activa de la sociedad civil. Como ciudadanos organizados debemos activar todas las vías inconstitucionales posibles ante esta ley y dar cada batalla posible para su abrogación.

Sin embargo, la lucha más profunda está en cambiar en el modelo de seguridad y en la forma de reaccionar ante la debilidad institucional de todos nuestros poderes públicos y en los incentivos alineados de intermediarios políticos que privilegian lo privado sobre lo público. Unámonos como sociedad para utilizar todas las vías institucionales y de exigencia que nos queden disponibles. Enfoquémonos en comunicar con claridad, a todos los poderes públicos de los tres niveles de gobierno, las dimensiones y posibles consecuencias de lo que promulgó este gobierno; en comunicarlo a ciudadanos para identificar y denunciar los riesgos potenciales de la actuación discrecional de los cuerpos militares –y de seguridad pública-.

En términos de política pública no dejaremos de exigir una definición precisa del problema público y de las causas que deben atenderse con inmediata prioridad. Debemos pugnar por un cambio sobre el modelo de intervención en materia de seguridad con la salida de las FFAA de las labores de seguridad pública, con la integración adecuada de las fiscalías, con la reforma profunda a los procesos de nuestro Poder Judicial, con la capacitación de todos los cuerpos de policía, con la profesionalización de nuestros ministerios públicos, y con tantas necesidades más que se resuelven desde la administración pública cotidiana con un compromiso político claro de terminar con la violencia, la impunidad y corrupción, acompañado de una sociedad activa que conoce sus derechos y sabe cómo exigirlos y que conoce sus instituciones y cómo utilizarlas. Cada batalla es igual de importante. Aunque se apropien o cierren todos los frentes, nuestro camino será el más largo para recuperar nuestra democracia, no desistamos.

Cambiemos el modelo desde abajo y no desde arriba. Debemos proteger cada uno de los pocos espacios que nos queden para incidir, vigilar y exigir y aprovecharlos todos: las denuncias constantes ante las comisiones de derechos humanos, las auditorías detalladas sobre el uso de nuestros recursos públicos, la exposición y publicidad de cada acción que tengan las FFAA y las fuerzas de seguridad pública, así como aquellos mecanismos que nos permitan controlar a los poderes públicos. Las leyes deben servirnos para mejorar nuestra calidad de vida y no para pasar por encima de la ciudadanía. Estamos convencidos que debemos construir una sociedad de derechos y asegurar, para todos, seguridad sin guerra.

 

* Luis F. Fernández es director ejecutivo de Nosotrxs (@NosotrxsMX).

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