Salario mínimo, libre mercado y competencia económica

¿El mecanismo que se utiliza en México realmente protege al salario de los trabajadores? ¿Es adecuado para una economía de mercado abierta?

Por: Erik Del Angel Landeros

En las economías de mercado, como la mexicana, los precios de los bienes y servicios los establece generalmente el propio mercado; por lo que la fijación de precios, ya sea por parte del estado, por parte de las empresas o cualquier agente económico[1] está prohibida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y por diferentes disposiciones legales. Esta prohibición se refiere a la fijación de precios máximos y mínimos.[2] El Estado es el único que puede establecer esas medidas, bajo justificaciones de peso y mediante procedimientos específicos.[3]

En la lógica de mercado, por una parte, los agentes económicos generalmente tienen incentivos para fijar precios altos y así aumentar sus ganancias; por otra, en México, antes de la liberalización y apertura comercial, el Estado fijaba precios máximos en algunos productos con la justificación de apoyar a la economía popular. Actualmente, en el mercado laboral nacional, bajo el enfoque de que el trabajo representa una mercancía, existe un mecanismo atípico para la lógica de oferta/demanda que consiste en fijar un precio mínimo en que un trabajador vende su mano de obra: el salario mínimo. Esto no quiere decir que todos los salarios en México se rijan por el salario mínimo, en especial los salarios que se pagan en la economía informal.

Esta medida, utilizada en México y en algunos otros países, busca proteger a los trabajadores para evitar prácticas que vulneren sus derechos y necesidades básicos. Es una suerte de piso mínimo, que podría ser una excepción a los principios de mercado establecidos en la CPEUM para la mayoría de los mercados en el país. No obstante, el Estado mexicano interviene en el establecimiento del precio mínimo de este mercado con la encomienda de garantizar ciertas condiciones de ingreso para los trabajadores. Dicha intervención pública es similar a la que algunos países realizan en diversos mercados como el del agua potable, infraestructura pública, transporte público, redes de comunicación y diversos energéticos. Es decir, los estados restringen el libre mercado y la libre concurrencia en ciertos sectores que consideran estratégicos debido al interés social o a la seguridad nacional, entre otros.

Aunque existen debates sobre la pertinencia de la intervención estatal en cada uno de sectores o mercados referidos, es cierto que prácticamente todos los países intervienen en alguno de ellos. En este sentido, en principio es aceptable que el estado participe en la fijación del salario mínimo, ante la necesidad de proteger las condiciones económicas y sociales de los trabajadores. No obstante, surgen preguntas como ¿el mecanismo que se utiliza en México realmente protege al salario de los trabajadores? ¿es adecuado para una economía de mercado abierta?

Los salarios mínimos los establece la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI), integrada por tres actores: los trabajadores, el gobierno y los empleadores, estos últimos están representados por cámaras de comercio e industria que agrupan normalmente a empresas del mismo sector que, por ende, pueden ser competidoras entre sí.

El marco legal en materia de competencia económica se refiere en alguna medida a estos tres actores que se reúnen para fijar cuánto vale mínimamente la mano de obra por día en México. La Carta Magna en su artículo 28, habla sobre el papel de los trabajadores en esta materia, en su noveno párrafo señala: “No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios intereses y las asociaciones o sociedades cooperativas de productores […]” Por su parte, el artículo 7 Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) menciona que: “No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores constituidas conforme a la legislación de la materia para la protección de sus propios intereses.” Por lo que presumiblemente su participación en la CONASAMI no sería ilegal o anticonstitucional.

La LFCE hace referencia a la fijación de precios máximos, no mínimos, por parte del estado. En el artículo 9, fracción I señala que: “Corresponde exclusivamente al Ejecutivo Federal determinar mediante decreto los bienes y servicios que podrán sujetarse a precios máximos, siempre y cuando no haya condiciones de competencia efectiva en el mercado relevante de que se trate. La Comisión [Federal de Competencia Económica] determinará mediante declaratoria si no hay condiciones de competencia efectiva.” Aunque este artículo no refiere nada sobre fijación de precios mínimos, el Ejecutivo podría o, tal vez, debería pedir una opinión o declaratoria a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) respecto a la existencia de condiciones de competencia efectiva del mercado laboral en México.

En lo que sí es muy clara la LFCE es en el tema de fijar, concertar o manipular precios por parte de agentes económicos competidores entre sí. El artículo 53, fracción I, califica esta conducta como una práctica monopólica absoluta. Esta práctica ilícita puede ser castigada hasta con prisión, de acuerdo al artículo 254 bis de dicha Ley. De tal forma, la participación de las cámaras, que agrupan a competidores entre sí, en la CONASAMI para el establecimiento del salario mínimo sería ilegal.

Por lo tanto, la CONASAMI podría ser objeto de cuestionamientos legales por coadyuvar para el establecimiento de un nivel del precio de la mano de obra entre agentes económicos competidores entre sí. Pero más allá de eso, que no es poca cosa, la intervención pública en la fijación del salario mínimo no cuenta con la participación del organismo estatal que vela por la libre competencia y concurrencia, la COFECE; tampoco con la del organismo encargando de la supervisión y medición de las condiciones de pobreza en México, el CONEVAL. Si, por un lado, el establecimiento del salario mínimo implica condiciones de mercado y, por el otro, busca proteger las condiciones económicas y sociales de los trabajadores, sería necesario que la COFECE y la CONEVAL participaran concurrente en este procedimiento. El INEGI, el Banco de México y la CNDH también dotarían de elementos técnicos fundamentales para el establecimiento del salario mínimo. Con ello, se daría mayor autonomía a dicha decisión, la cual parece responder, en parte, a los intereses del Ejecutivo, de quien depende la CONASAMI. El establecimiento de dicho salario pareciera responder más a consideraciones políticas y de compromisos con las inversiones extranjeras, que a valoraciones de libre mercado y disminución de pobreza.

La participación de la COFECE, el CONEVAL y otros organismos en la fijación del salario mínimo obligarían a llegar a un punto de equilibrio a dos políticas estatales que persiguen distintos objetivos e incluso podrían tener tensiones entre ellas: la política de competencia económica y la de combate a la pobreza. Con estas dos visiones participando en la definición del salario mínimo se evitaría que los agentes económicos y los trabajadores intervinieran en su fijación, de acuerdo con lo visto párrafos atrás. Máxime ante la alineación generalizada de agrupaciones de trabajadores con el poder político y económico (lo que no quiere decir que no deban ser oídas sus posturas al respecto). En suma, si la fijación de un precio mínimo en el mercado laboral es necesaria, que se haga autónoma, imparcial y técnicamente. No mediante acuerdos y consideraciones poco claros.

Por otro lado, ya se dijo que la intervención estatal en el establecimiento del salario mínimo se debe a un interés público ¿pero dicho salario está funcionando de ese modo? Desde esa óptica ¿la fijación de ese precio es armónica con el libre mercado y la competencia económica?

El artículo 123 de la CPEUM sostiene que: “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.”

De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), emitido por el INEGI, el salario mínimo de 88.36 pesos diarios no alcanzaría para comprar una lista de productos para cubrir la alimentación de una familia mexicana. Los precios mínimos del INPC, en julio de 2017, establecen que serían necesarios 204.73 pesos para poder adquirir la siguiente lista de productos: arroz, frijol, leche, tortillas, huevo, sopa de pasta, café soluble, bolillo, azúcar, atún y aceite comestible; imprescindibles para la alimentación básica.[4] Si consideramos que a inicios de 2018 la inflación ronda el 17% es de suponerse que los precios del INPC de 2017 han aumentado considerablemente en términos reales.

Por su parte, entre los mecanismos de medición del CONEVAL se encuentra la Línea de bienestar, compuesta por la canasta básica y no básica, la cual actualmente es de 95.24 por día, también por encima del salario mínimo diario. [5] Tanto el INEGI con el INPC, como el CONEVAL con la Línea de bienestar señalan que el salario mínimo vigente está por debajo de lo constitucionalmente obligado y de la misma realidad económica.

Ahora bien, desde el enfoque de competencia, la LFCE establece en su artículo 56, fracción VII que una práctica monopólica relativa puede consistir en: “La venta por debajo de su costo medio variable o la venta por debajo de su costo medio total, pero por arriba de su costo medio variable, si existen elementos para presumir que le permitirá al Agente Económico recuperar sus pérdidas mediante incrementos futuros de precios, en los términos de las Disposiciones Regulatorias;”

En este sentido, que la CONASAMI, integrada en parte por agentes económicos competidores entre sí, fije el precio mínimo de compra venta de la mano de obra por debajo de lo constitucionalmente establecido y de las necesidades económicas supone violaciones a la misma CPEUM y a la LFCE. Por lo tanto, desde la perspectiva de competencia económica, la LFCE podría obligar a la CONASAMI a recalcular el salario mínimo al alza, para que esté acorde con la realidad económica del país.

Las Disposiciones Regulatorias de la LFCE mencionan al respecto que se deben considerar, entre otros que, “uno o varios Agentes Económicos pueden recuperar las pérdidas cuando, además de contar con poder sustancial en el mercado relevante en el que se realiza la práctica, existan elementos para presumir que continuarán con dicho poder sustancial en la etapa de recuperación de las pérdidas.”

Quién si no los empleadores tienen poder sustancial sobre la definición del salario que se les paga a los trabajadores; quién si no los empleadores pueden restringir el abasto en el mercado relevante, sin que los agentes competidores puedan contrarrestar dicho poder. ¿la fijación de un salario mínimo representa una barrera a la movilidad social?

¿Qué nos dice la lógica económica si un precio se fija por debajo de su costo real? Se abaratan los productos o servicios de ese mercado, con lo cual se pueden comprar más. El productor o prestador de servicios pierde ingresos y el consumidor gana. En la mayoría de los mercados en los que los consumidores es la sociedad en general, esta dinámica sería benéfica. Pero en el mercado laboral, quien consume ese servicio es el empleador. Por ende, tiene incentivos para mantener el precio de la mano de obra bajo y así aumentar sus ganancias.

Muchos dirán que, precisamente desde la óptica de competencia económica, los salarios en México son bajos por la mano de obra poco calificada. No obstante, para determinar lo anterior la COFECE tendría que realizar estudios técnicos sobre las condiciones de los mercados laborales en distintas industrias. Mediante éstos se podría determinar si se está manipulando dicho precio a la baja o no. Seguramente en algunos sectores existen salarios mucho más altos de los fijados por la CONASAMI, considerando variables como la calificación de la mano de obra, la demanda del producto o servicio o las ganancias que obtenga cada sector. Y si en otros mercados se cumple la hipótesis de que los salarios son bajos por la educación deficiente de la sociedad, entonces el estado mexicano tendría que hacer ajustes para cumplir ya no sólo con el artículo 123 constitucional, sino con el 3. Lo que queda claro es que mantener a la baja la referencia del salario en automático deprime los salarios generales del país, sobre todo comparándolos con los salarios reales que se ganan en otros países por la misma actividad, bajo circunstancias similares.

El estado mexicano y los agentes económicos aplican está lógica económica perversa en los salarios mínimos con tal de atraer inversión extranjera directa. Justamente, en meses anteriores Canadá reclamó a México realizar una especie de dumping en el tema de los salarios. En las negociaciones del TLCAN, dicha delegación argumentó que nuestro país mantiene los salarios bajos con el objetivo de tener mano de obra barata y atraer a las empresas extranjeras a establecerse en México. Lo cual supondría la manipulación del mercado laboral por parte del gobierno y los agentes económicos y sería una práctica desleal de comercio exterior y un mecanismo anticompetitivo en dicho mercado al interior del país.  A la postura canadiense se sumaron 185 congresistas estadunidenses, quienes hace unos días, pidieron a su Gobierno que discuta con México sus políticas laborales y la supresión de salarios. Algunos sindicatos estadunidenses y mexicanos fueron más allá y presentaron una queja ante el Departamento del Trabajo en EUA por que sostienen que México viola los estándares laborales del TLCAN con los bajos salarios.

En conclusión, el tema del salario mínimo tiene muchas más aristas que el descontento social o la crítica de algunos políticos a él. Por ende, no es un debate exclusivo entre empresarios, políticos y algunas organizaciones civiles. El salario mínimo también tiene anomalías desde la lógica de mercado y de competencia económica, así como desde otras consideraciones técnicas; las cuales deben ser tomadas en cuenta para restructurar el mecanismo por el cual se determina el salario mínimo y el mismo salario mínimo. La CPEUM y diversas leyes podrían ser utilizadas para conformar un salario mínimo suficiente y digno, que sea armónico con la política de competencia económica que, entre sus propósitos finales se encuentra mejorar el bienestar de los consumidores y de la población en general.[6]

* Erik Del Angel Landeros estudió Relaciones Internacionales en la UNAM. Maestro de Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora. Diplomado Líderes Progresistas por la Fundación Friedrich Ebert. Su tesis de Maestría obtuvo el reconocimiento Genaro Estrada 2012. Fue Consejero Universitario estudiantil de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM [email protected].

*Agradezco los comentarios y observaciones de Javier, Fernando y Berenice, economistas que revisaron este texto y lo enriquecieron.

[1] El Artículo 3 de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) defina agentes económicos, como: Toda persona física o moral, con o sin fines de lucro, dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, asociaciones, cámaras empresariales, agrupaciones de profesionistas, fideicomisos, o cualquier otra forma de participación en la actividad económica.

[2] Normalmente los agentes económicos tienen incentivos para aumentar sus precios, no obstante también hay casos en que se coluden para acordar precios bajos, como el caso de la industria azucarera que la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) sancionó en 2016.

[3] Véase el artículo 28 constitucional, el artículo 9 y 96 de (LFCE).

[4] De consulta aquí.

[5]De consulta aquí.

[6] De consulta aquí.

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