Vulnerabilidad económica de personas mayores

El 41.2 % de la población de personas mayores en México no cuentan con ingresos mínimos para cubrir sus necesidades básicas, de acuerdo con datos del CONEVAL. ¿Cuáles han sido los factores que han generado esta situación de riesgo en la que viven?

Por: Claudia Pamela Chavarría Machado, Flor Camacho Trejo y Raul Vicente Ruiz

En México se estima existen 13.8 millones de personas mayores, lo que representa el 11.3 % de la población total (INEGI, 2016) de las cuales el 53.8 % son mujeres y 46.2 % son hombres. Esta cifra, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población se espera se duplique para el año 2030 (CONEVAL, 2012), alcanzando a ser 30 millones 548 mil 481 personas mayores. Estos datos muestran la tendencia demográfica de envejecimiento poblacional y los retos que el Estado debe afrontar para garantizar el pleno ejercicio de derechos de este sector. Diversas organizaciones nacionales e internacionales, organismos de derechos humanos, academia, instituciones públicas y personas defensoras de derechos humanos, han colocado en el centro de la discusión la situación de vulnerabilidad social que enfrentan las personas mayores, que puede ser entendida como el riesgo latente o manifiesto que enfrenta una persona, grupo, o comunidad frente a factores sociales o ambientales que los coloca en situación de desventaja frente a otras personas y que limita el ejercicio de sus derechos y su pleno desarrollo; de acuerdo con el CONEVAL, las personas pueden ser vulnerables por carencias sociales y por ingresos.

Entonces, ¿cuáles han sido los factores que han generado esta situación de riesgo en la que viven las personas mayores? De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social (2010) estos pueden agruparse en la insuficiencia de ingresos económicos y de mecanismos para la protección social, los cuales son originados por:

  • Falta de herramientas de ahorro.
  • Trabajo informal.
  • Baja oferta laboral para personas mayores.
  • Pensiones insuficientes para cubrir gastos.
  • Escasas redes de apoyo sociales y familiares.
  • Escasas redes de atención institucionales
  • Sistemas de Protección Social no Universales
  • Sobredemanda de los servicios de salud.

Esta situación ha generado contextos de desigualdad y vulnerabilidad para las personas mayores, por ejemplo, el Coneval (2017) informó que a nivel nacional el 34.6 % de las personas mayores vivía en situación de pobreza moderada, mientras que el 6.6 % se encontraba en situación de pobreza extrema, esto es 41.2 % de la población de personas mayores quienes no cuentan con ingresos mínimos para cubrir sus necesidades básicas.

Una de las medidas para contrarrestar esta situación han sido las pensiones, las cuales de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2017) tienen como objetivo: garantizar medios suficientes para la vejez, reducir la pobreza y la desigualdad. En nuestro país el 31 % de las personas de 65 años y más recibe una pensión contributiva y el 49 % cuenta con pensión no contributiva; sumando un total de 74 % de personas mayores que cuenta con alguna pensión.   

La falta de ingresos económicos obliga a las personas mayores a continuar trabajando. El 68.2% de las personas mayores que trabajan lo hacen porque requieren el dinero para subsistir y sólo 16% lo hace para estar activa (Asociación Mexicana de Afores, 2013); además, los empleos en los que se desarrolla este sector cuentan con menores o nulos sistemas de protección laboral y con bajos ingresos.

En cuanto a las transferencias económicas, la Encuesta Intercensal (INEGI, 2015) muestra que de los hogares en donde vive al menos una persona mayor el 43.8% recibe ingresos por medio de programas gubernamentales; el 10.7% recibe algún apoyo proveniente de alguna persona que vive dentro del país y un 8.2% recibe ayuda económica por personas que residen fuera del país. Solo el 30.6% de los hogares recibe ingresos por pensiones contributivas, cabe aclarar que estas al darse por invalidez, fallecimiento, vejez o cesantía en edad avanzada, pueden ser recibidas por algún otro integrante del hogar.

Además de que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2017) ha señalado que las mujeres afrontan otra serie de obstáculos para vivir con autonomía económica y que los sistemas de pensiones en la región no han brindado la atención necesaria para ellas. Entre algunas causas de esta situación se encuentran:

  • Menor participación en el mercado laboral lo que reduce sus posibilidades de acceder directamente a la seguridad social.
  • Discriminación y subvaloración del trabajo femenino que se traduce en que las mujeres ocupen puestos con menores sistemas de protección.
  • Brechas salariales de género lo que afecta el monto de las pensiones.
  • Mayor carga de los trabajos de cuidados no remunerados hacia las mujeres lo que las orilla a abandonar el mercado laboral.

A esta situación debe añadirse que actualmente 1.6 millones de personas mayores viven solas, de las cuales el 63% son mujeres (INEGI, 2016), lo cual genera un mayor riesgo para ellas al no contar con redes de apoyo familiar o social.

Debido a esta situación se han establecido diversos instrumentos en materia de Derechos Humanos que buscan garantizar los derechos y el desarrollo de este sector de la población. Algunos de estos son:

Nivel Internacional:

  • Principios de las Naciones Unidas en Favor de las Personas de Edad (1991)
  • Proclamación sobre el Envejecimiento (1992)
  • Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2002)

Nivel regional:

  • Estrategia Regional de implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2003)
  • Declaración de Brasilia (2007)
  • Plan de Acción de la Organización Panamericana de la Salud sobre la salud de las personas mayores, incluido el envejecimiento activo y saludable (2009)
  • Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de América Latina y el Caribe (2012)

No obstante con el objetivo de establecer un instrumento jurídicamente vinculante la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó el 15 de junio de 2015 la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.  Este instrumento plantea como objetivos: promover, proteger y asegurar el goce y ejercicio de los derechos de las personas mayores, y fomentar un envejecimiento activo con el fin de contribuir en la integración y participación de este sector en todos los ámbitos de la sociedad.

En esta Convención se establece como deberes de los Estados adoptar medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias o de cualquier otra índole para erradicar prácticas contrarias a los derechos de las personas mayores y garantizar la efectividad de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de este sector. También establece que los Estados promoverán la participación de instituciones públicas especializadas, de la sociedad civil y otros actores, incluidas las personas mayores, en la elaboración, aplicación y control de políticas públicas. Asimismo, señala la importancia de desarrollar programas encaminados a sensibilizar sobre el proceso de envejecimiento e invita a reconocer el papel de las personas mayores en el desarrollo de la sociedad.

Algunos derechos considerados en dicha convención en relación con la seguridad social y económica son: al trabajo, a la salud, a la educación, a la propiedad, a la vivienda y a la justicia. A pesar de la importancia de este instrumento en materia de derechos de las personas mayores solo cinco países la han firmado y ratificado: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica y Uruguay.

Ante este panorama es necesario que México firme y ratifique esta Convención, ya que si bien se existen diversas políticas públicas encaminadas a este sector de la población es necesario que se refuercen dado que estas resultan insuficientes. Por ejemplo, la CEPAL ha mencionado que la cobertura de las prestaciones no contributivas aumentó entre 2008 y 2015, no obstante el Coneval en un análisis sobre el impacto de los programas que el Estado implementa para este sector, menciona que “el Estado no destina los recursos necesarios para los apoyos” además de que el monto entregado por medio del Programa de Pensiones 65 y más tienen una caída del 14% en términos reales respecto a hace 4 años (El Financiero, 2018).

Es importante un paradigma en las políticas públicas que promueva un enfoque de derechos humanos y que los reconozca como sujetos plenos de derechos, haciendo hincapié en su autonomía e independencia, para generar condiciones de participación, inclusión y seguridad en la sociedad. 

* Claudia Pamela Chavarría Machado es Antropóloga Social por la UAM y estudiante de Derecho por la UNAM, defensora de derechos humanos e investigadora en temas de democracia, género y prevención de la violencia contra la mujer. Actualmente es investigadora en INCIDE Social A.C. Flor Camacho Trejo estudió en la Facultad de Psicología, UNAM. Ha participado en proyectos con organizaciones de la sociedad civil. Actualmente es investigadora en INCIDE Social, A.C. Sus líneas de investigación se enfocan a temas sociales y políticos en contextos de violencia y acompañamiento a víctimas de violaciones de derechos humanos. Raul Vicente Ruiz estudió Sociología en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Actualmente participa como investigador en INCIDE Social. Sus temas de interés son: la experiencia y gestión urbana, los procesos demográficos y las cuestiones socioculturales.

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