El futuro de 2.5 millones de trabajadoras del hogar

Hace 7 años, México suscribió el Convenio 189 de la OIT con el cual se comprometió a establecer condiciones mínimas para proteger y hacer respetar los derechos de las y los trabajadores del hogar. A la fecha, no lo ha ratificado.

Por: Daniel Berezowsky Ramírez (@danberezowsky)

Una de las muestras más evidentes de lo fisurado que está el pacto social en México es el trabajo doméstico. Niñas y mujeres -en su gran mayoría- que emigran de las zonas rurales más pobres, o incluso de Centroamérica, para vivir y trabajar en condiciones mucha veces deplorables.

Se trata, según INEGI, de más de dos millones y medio de personas que en el 99% de los casos no cuentan con un contrato escrito. Muchas amanecen, pasan el día y duermen en un mismo sitio, sin poder decidir sobre su tiempo ni su libertad. No cuentan con seguridad social, y mucho menos con vacaciones pagadas fijas o aguinaldo en los términos que dicta la ley. Y desde luego, casi nunca se les permite afiliarse a un sindicato o grupo que defienda sus derechos de manera colectiva.

En numerosos casos, son víctimas silenciosas de acoso, abuso y violencia física o sexual. Su situación es el resultado de una profunda desigualdad económica, de un tejido social corroído y de un estado de derecho inservible en nuestro país.

Los datos son del dominio público, pero hay una persona que, en particular, debe tener el tema muy presente: el actual Secretario de Gobernación.

Alfonso Navarrete Prida lo debe saber porque fue Secretario del Trabajo durante cinco años y por su despacho no pudieron haber pasado desapercibidas dos millones y medio de personas en la economía informal.

Pero además, lo debe saber bien porque en el trabajo doméstico concurren diversas atribuciones que hoy tiene a su cargo: desde la Subsecretaría de Derechos Humanos; la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos; la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM); y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).

Lo que quizás sus asesores no le han informado, es que la solución a este complejo problema es mucho más sencilla de lo que pudiera pensar, y depende prácticamente de una firma suya.

Desde hace casi 7 años, México suscribió el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (C189). Se trata de un tratado internacional en el que los Estados parte se comprometen a establecer condiciones mínimas para proteger y hacer respetar los derechos de las y los trabajadores domésticos.

Entre ellos, están el derecho a una vivienda digna, a protección contra el abuso y la violencia; a compensación justa por horas de trabajo adicionales; a tiempo de descanso cada semana; a vacaciones anuales pagadas; a asociarse libremente; a la seguridad social, incluyendo prestaciones de maternidad; a tener un contrato por escrito y a un ambiente de trabajo saludable.

Hoy, el Convenio se encuentra vigente en 25 países alrededor del mundo, incluyendo en América Latina a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Paraguay, y Uruguay.

En México, el C189 nunca fue enviado al Senado para su ratificación.

En numerosas ocasiones se construyeron rutas críticas y mesas de trabajo para lograrlo, pero todo quedó en papel. En gran parte, porque el Instituto Mexicano del Seguro Social decía no contar con los recursos suficientes para incorporar a tantos derechohabientes nuevos.

Pero hoy, las circunstancias son distintas y el Secretario de Gobernación tiene en sus manos la sencilla decisión de hacer llegar el tratado al Senado de la República para su ratificación.

Es sencilla, en primer lugar, porque si bien la falta de recursos no debería de ser pretexto para restringir los derechos humanos de nadie, el ex titular del Instituto Mexicano del Seguro Social ha presumido una y otra vez que el IMSS ya no está en números rojos. Ya sea a través de éste, del Seguro Popular o de cualquier otro formato, se podría ingeniar un esquema gradual tripartita de incorporación para las y los trabajadores domésticos.

La decisión es sencilla, también, porque el C189 otorga a los Estados que lo ratifican un periodo de gracia para que lo implementen, lo cual quiere decir que  aún si el Senado lo ratificara de inmediato, Navarrete Prida podría gozar del rédito político (y su partido de los dos millones de votos), sin que esta administración tuviera que incurrir en los costos de hacer valer el tratado.

Y además, sería una decisión oportuna porque el 30 de marzo es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. En lugar de tener que enfrentarse a las justas críticas de cada año por parte de organizaciones de la sociedad civil que defienden a las trabajadoras, Navarrete Prida podría anunciar ese día la decisión y apuntarse uno de los pocos éxitos palpables en un despacho que le va a durar menos de un año.

Desde luego, los tratados en materia de derechos humanos no son mágicos, ni eliminan las violaciones de la noche a la mañana. Pero lo que sí hacen, al momento de ser ratificados, es imponer una obligación. Una con la que México dijo estar de acuerdo en 2011 pero que nunca asumió. Una que puede desencadenar un circulo virtuso, si se le acompaña de recursos y políticas públicas adecuadas. Y sobre todo, una que como país le debemos a dos millones y medio de personas que en su inmensa mayoría viven, todos los días y todas las noches, una realidad inhumana.

Está en sus manos, señor secretario.

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