México damnificado, a 5 meses de la tragedia

El terremoto mostró dos caras de México: la de la solidaridad y la empatía entre los ciudadanos, y la corrupción y falta de apoyo de las autoridades ante la tragedia.

Por: Román Meyer Falcón (@MeyerFalcon)

Hoy se conmemoran 5 meses de la tragedia del 19 de septiembre, en la que lamentablemente fallecieron 369 personas, más los heridos y desplazados. Esta tragedia también significó la pérdida del patrimonio y la tranquilidad de miles de familias en Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Guerrero y la Ciudad de México. Detrás de cada una hay una historia que muestra la fortaleza para salir adelante a pesar de las autoridades, a pesar de la corrupción, a pesar de su condición de pobreza. Estas familias muestran un espíritu inquebrantable que del que he aprendido y me compromete a pensar en cómo ayudar.

El terremoto me enseñó dos caras de México. Por un lado, la solidaridad de la sociedad mexicana: conmovía ver la preocupación por el otro, la empatía, la sensación de que juntos somos más fuertes a pesar de la descoordinación propia del momento, de las fallas de comunicación que exhibió el gobierno, de la falta de apoyo de las autoridades. Por otro, saber de casas destruidas por la corrupción, la principal causa de las muertes: permisos de construcción otorgados cuando no se debía, viviendas en zonas de riesgo que no deberían de estar ahí, inmobiliarias que vendieron viviendas nuevas fuera de la norma porque alguna autoridad lo permitió.

Durante cinco meses, Animal Político y otros medios de comunicación serios han documentado, una y otra vez, las irregularidades antes, durante y después de la tragedia. El fraude a través de la duplicidad de las tarjetas repartidas por Bansefi o un padrón realizado por la SEDATU que no ha funcionado, sin que hasta el momento la PGR o alguna otra autoridad se haya dado el tiempo de explicar, y menos sancionar, el desvío y mal uso de recursos destinados a los afectados por el sismo.

Otro ejemplo, la Secretaría de Hacienda sólo ha autorizado el ejercicio de 14 mil millones de pesos para la reconstrucción, apenas una tercera parte de lo que se necesita para atender a los 12 millones de personas afectadas en todo el país por el sismo. Del total de viviendas inhabitables (72 mil), sólo se han reconstruido casi 26 mil. Al parecer es más importante el control burocrático de la elite hacendaria que la desesperación de miles de familias que perdieron todo. A lo mejor, los funcionarios no lo entienden, porque una pequeña casa de poco valor para ellos no significa nada, pero para cada familia en Morelos o Oaxaca era el patrimonio familiar, el lugar que ha visto crecer generaciones, el espacio que les daba seguridad.

En la Ciudad de México la historia no es muy distinta, el proceso de atención y reconstrucción en las zonas de Coapa o Xochimilco ha sido una odisea burocrática para las familias capitalinas. A esta situación de lentitud y olvido gubernamental, habría que sumarle la pretensión de la Asamblea de otorgarle facultades extralegales y discrecionales a tres diputados del PRD y PAN —ahora aliados electoralmente— para asignar y autorizar los cerca de 14 mil millones de pesos contemplados para la reconstrucción y apoyo local. Para defender a los ciudadanos de ese atropello, la bancada de MORENA interpuso una controversia Constitucional ante la Suprema Corte.

Sin duda, como lo ha expresado Adriana Lobo, directora del World Resources Institute, nada de las acciones que se están llevando a cabo servirán si no se transparenta el ejercicio de los recursos. Tragedias como las del 19s nos ponen frente a frente los problemas que existen en materia de rendición de cuentas, de falta de transparencia por parte de las autoridades, de carencia canales de comunicación bilaterales y permanentes entre sociedad y gobierno. De esto último, los grupos de Ciudadanía 19s nos enseñan han enseñado cómo se pueden restaurar.

Como sociedad, también, nos debemos una reflexión profunda sobre los riesgos que provocan los desastres naturales, cuya fuerza volvió a cimbrarnos unos días. Hasta hace muy poco, no conocíamos el atlas de riesgos del país, ni de la Ciudad de México, ni que decir de la falta de capacidades para que Oaxaca o Morelos tengan estos instrumentos. Además, debemos de pensar en la forma en que se otorgan permisos de construcción, se zonifica el suelo y cómo se llega al punto en que hay miles de viviendas construidas en zonas de riesgo en las que no deberían de existir. Lo anterior, sin duda está ligado a los problemas de formalización y tenencia de la tierra, pero también a la corrupción de las autoridades y a la falta de planeación.

Pensando en lo inmediato, creo que debemos avanzar por en la siguiente ruta:

  1. Se debe diseñar una nueva política de urbanización, y aplicarla a cabalidad. Se debe de contar con un plan de desarrollo urbano preciso y claro, que puntualicé dónde no se debe de urbanizar tomando en consideración los Atlas de Riesgo y el suelo de valor ecológico. Se debe llevar a cabo un acuerdo con estados y municipios para reforzar y premiar aquellas entidades que respeten estas zonas de no urbanización. Lo anterior, también implica apostarle a la prevención para no gastar más en reconstrucción.
  1. Como lo ha propuesto Gerardo Esquivel, se debe de avanzar en un seguro contra desastres naturales ligado al predial. Tomo su propuesta de que este seguro se diseñe con dos variables: el valor catastral de la vivienda y el riesgo asociado al suelo. Entre más cara sea el valor catastral y más riesgoso el suelo, mayor el valor de la prima a pagar. Eso daría incentivos a no construir en zonas de riesgo, a la vez se tendría que asegurar que para ejecutar el seguro el dueño esté al corriente de sus pagos para que paguen el predial.
  1. Se debe de pensar en ciudades sustentables. En el caso del Valle de México, que muchas veces ha sido víctima de los terremotos, una de las causas es el agotamiento del manto freático y la sobreexplotación del agua del subsuelo. Este tipo de desastres nos deben llevar a pensar en programas serios de manejo de agua, por ejemplo, la obligatoriedad de captura del agua de lluvia en cada predio, espacio público y avenidas importantes, que sirvan para aminorar la explotación.

Estas propuestas de política pública serían imposibles si no se parte de un principio básico: la transparencia y buen manejo de recursos. Por eso es imprescindible que se cambie la naturaleza del FONDEN. En lugar de ser herramienta política, debe de tener un claro propósito social. Por eso debe de integrar a su comité técnico a organizaciones de la sociedad civil (como Mexicanos Unidos Contra la Corrupción), a la iniciativa privada y a ciudadanos honorables, estos grupos tendrían que tener un mandato por periodos fijos, para evitar que se contaminen con ciclos políticos. Privilegiar la transparencia será clave para construir confianza con la sociedad y hacer que esa solidaridad y empatía que vimos ante la tragedia no se acabe ante la indiferencia y la corrupción.

 

* Román Meyer Falcón es urbanista y arquitecto. Actualmente dirige las acciones Desarrollo Urbano y Vivienda para el Proyecto de Nación 2018-2024 de Andrés Manuel López Obrador.

 

 

Close
Comentarios