EUA, donde los migrantes ya no pueden ir a la corte

La política de ICE de acudir a los tribunales para detener migrantes ha creado temor en todos los que tienen motivos para ir a una corte: acusados, familiares, demandantes, testigos y víctimas. De este modo, las autoridades migratorias están obstaculizando el acceso a la justicia para toda una comunidad.

Por: Pedro Gerson (@elpgerson)

Estados Unidos es un país que venera los tribunales. Aquí, estos lugares no son solo espacios para resolver conflictos, sino instituciones que representan de forma más clara e inmediata lo que este lugar pretende ser: un país de leyes y de igualdad ante las mismas. Es por eso que lo que pasa en las cortes da mucho de qué hablar.

A lo largo del primer año de la presidencia de Donald Trump, la agencia encargada de ejecutar las leyes migratorias (Immigration and Customs Enforcement o “ICE”) empezó a presentarse en los tribunales para arrestar gente dentro y fuera ellos. Está el caso de Sergio Pérez, quien fue detenido en Michigan y deportado a Ciudad de México cuando fue a la corte a buscar recuperar la custodia de sus hijos. O el caso de una mujer inmigrante de China acusada de prostitución en Queens, NY quien fue a su audiencia y cuando su abogada se enteró que había agentes de ICE en el lugar, tomó la desesperada decisión de pedir a la corte que metieran a su cliente a la cárcel, para así evadirlos. Inclusive, ha habido detenciones de ciudadanos estadounidenses, como el caso de Isidro Andrade-Tafolla, quien por ser de origen hispano fue arrestado por ICE (la agencia luego admitió el error).

De acuerdo con la organización Immigrant Defense Project (“IDP”), las detenciones de ICE en las cortes han aumentado en Nueva York en un 900 % en el último año. En varias de estas, detalla IDP, los agentes de ICE “se han vestido como civiles, rehusado a identificarse como agentes migratorios, rehusado a entregar una orden judicial, [y] rehusado a responder preguntas”. También ha habido casos de detenciones con uso excesivo de la fuerza: en una ocasión los agentes aventaron a una mujer embarazada al piso sacándole sangre en las rodillas.[1]

Esto es preocupante no solo porque significa que hay más migrantes siendo detenidos y deportados, sino también porque cierra el acceso a la justicia para las comunidades migratorias en general. La política de ICE ha creado temor en todos los que tienen motivos para ir a una corte: acusados, familiares, demandantes, testigos y víctimas. De este modo, las autoridades migratorias están obstaculizando el acceso a la justicia para toda una comunidad.

Ya hay datos que reflejan esta realidad. En San Diego y San Francisco -por ejemplo- en el último año se redujeron las denuncias por violencia doméstica dentro de la población hispana en 13 % y 18 % respectivamente. En Houston, disminuyeron los reportes de abuso sexual de víctimas latinas en 42 %.

Evidentemente los defensores de migrantes se han movilizado en contra de ICE. Lo que quizá es novedad es que inclusive varios fiscales han protestado en contra de las detenciones, tanto dentro como afuera de los tribunales. Hace dos semanas, el fiscal del Brooklyn declaró que las detenciones “ponen en juego la seguridad pública”. Sin embargo, ICE ha declarado que los arrestos en los tribunales es una política instrumental para la agencia y no hay por qué creer que esto cambiará.

Con su retórica Trump le ha soltado la rienda a ICE y a las autoridades migratorias en general. Como es común, la discrecionalidad ha llevado al abuso. Quizá por esto las tácticas opresivas de ICE no sorprendan. No obstante, es increíble que en un país que se dice de leyes haya una política que excluya a toda una comunidad de las mismas. ICE le está negando a los migrantes el derecho de -como dicen los gringos- “tener su día en la corte”, mismo que muchos aquí consideran un derecho humano, algo que para la administración de Trump los migrantes no somos.

 

* Pedro Gerson es abogado migratorio y penal en el Bronx, Nueva York.

 

 

[1] Esta información proviene de una encuesta hecha por IDP detallada en un amicus curiae presentado por IDP en un caso que aún sigue en proceso, por eso no se pone hipervínculo a la fuente.

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