La documentación independiente de la barbarie

Las razones para no denunciar abundan en un país tan desigual y con tantos problemas estructurales de procuración de justicia como es México. A veces, las personas simplemente no saben cómo hacerlo.

Por: Javier Yankelevich

¿Cuántos son los desaparecidos en México? El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que es a la fecha lo más cercano a un conteo oficial, indica que son 35410. ¿Cómo se produjo esta cifra? Sumando todas las desapariciones reportadas en denuncias y restando a las personas a las que se localiza o cuya situación se reclasifica. A veces es difícil contar cuánto hay de algo, pero mucho más difícil es contar cuánto de ese algo falta, y un conteo de desaparecidos es justo eso: el número de personas que faltan. Esta propuesta del gobierno federal para contar ausencias es, en esencia, sencilla: cada vez que una persona se acerca a un Ministerio Público preguntando dónde está alguien y cuál fue su destino, agrega una unidad a la suma. Cada vez que se encuentra respuesta para esta pregunta, resta una unidad. Sin embargo, este método tiene múltiples problemas entre los que se cuenta uno obvio: las personas no siempre denuncian la desaparición de sus seres queridos.

Las razones para no denunciar abundan en un país tan desigual y con tantos problemas estructurales de procuración de justicia como es México. A veces, las personas simplemente no saben cómo hacerlo. En otras oportunidades sienten un justificado miedo porque los desaparecedores los han amenazado con mayores violencias, o temen que quienes deben investigar sean los mismos que capturaron y ocultan a sus seres queridos. En ocasiones lo intentan pero las personas a cargo de tomar sus denuncias se niegan a recibirlas, o bien los intimidan y disuaden. Los índices de impunidad en México no ofrecen por cierto grandes incentivos para acudir a los ministerios públicos, pues la probabilidad de que los desaparecedores sean llevados ante la justicia es ínfima y aún menor la de que sean condenados (desde 2001, año en que en México se tipificó por primera vez la desaparición forzada, sólo se han dictado 19 sentencias por ese delito, no todas están en firme y dos fueron absolutorias…). Adicionalmente, aún en los casos en que se levanta una denuncia, la interacción entre agentes ministeriales y familiares puede ser problemática, pues los primeros no sólo distan de inspirar confianza a los segundos, sino que es frecuente el maltrato e incluso hay casos en que las denunciantes se vuelven blanco de acoso sexual por parte de quienes toman sus declaraciones.

¿A dónde van los desaparecidos? Preguntaba Rubén Blades en una célebre canción de 1984 en la que se describen las búsquedas desesperadas emprendidas por familiares de desaparecidos. El hecho es que los desaparecidos no faltan en abstracto, sino que siempre le faltan a alguien, y, ante la negativa de los perpetradores a revelar qué hicieron con sus víctimas, sólo la palabra de quienes los buscan nos permite saber que faltan, aproximarnos a quiénes y cuántos son, y tal vez incluso comenzar a entender qué pasó con ellos. El Observatorio sobre Desaparición e Impunidad, que reúne investigadores de la Universidad de Oxford, de la Universidad de Minnesota, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, surgió de una pregunta complementaria a la de Blades: ¿a dónde van los buscadores? Y la respuesta que encontramos es la siguiente: van a las organizaciones de la sociedad civil. Sus registros son lo mejor que tenemos para comparar con los del Estado. Junto con las organizaciones nos preguntamos entonces qué podíamos hacer con esa información, y la idea que surgió fue la siguiente: reunirlos, sistematizarlos, estudiarlos y confrontarlos con las fuentes oficiales. Y eso hemos hecho desde 2016.

El primer informe del Observatorio, presentado en 2017, trató sobre la desaparición en Nuevo León, y su fuente principal fueron los registros de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), asociación civil que documenta desde 2009 la desaparición a partir de los testimonios que los buscadores proporcionan. Para el momento de elaborar el informe, la organización tenías registrada la desaparición de 549 personas en Nuevo León, y, considerando que la procuraduría local y federal juntas contabilizan 2660 personas desaparecidas en el Estado al 31 de enero de 2018, se trata de un esfuerzo civil extraordinario.

 

El Informe, además de ofrecer el perfil sociodemográfico de las víctimas de Nuevo León, revela que la información de fuentes civiles es inconsistente con algunas nociones extendidas sobre la desaparición de personas, frecuentemente reproducidas en medios de comunicación y el discurso político. El primero de esos “mitos” es que la desaparición efectuada por agentes estatales es marginal en relación a la perpetrada por particulares. Lo cierto es que en el 48% de los casos (un desaparecido = un caso) de los que se tiene alguna información sobre los perpetradores (282) existen indicios para presumir el involucramiento del Estado. El segundo mito es que las policías municipales son responsables de cometer la mayoría de estas violaciones graves a derechos humanos, pero de hecho el relato de los familiares apunta a que en el 49.25% de los casos en que puede identificarse algún perpetrador hay municipales involucrados, en el 24.63% agentes estatales, y en el 26.12% restante agentes federales: la suma de los estatales y federales es superior al porcentaje de municipales. El tercer mito es que las desapariciones colectivas, en las que en los mismos hechos se captura y desaparece a más de una persona (como ocurrió con los normalistas en Iguala en 2014), son hechos aislados y extraordinarios, siendo que esta fuente civil revela que cuando menos 56 eventos de desaparición colectiva tuvieron lugar en Nuevo León en el periodo de estudio. Finalmente, los registros de CADHAC indican que la mayor parte de los desaparecidos permanecen desaparecidos (75.91%), y que los porcentajes de los que aparecen con vida y sin vida son casi idénticos (12.41% y 11.68% respectivamente), lo cual pone en tela de juicio un mito más: que las desapariciones se resuelven solas porque en buena medida los ausentes lo están voluntariamente.

El segundo informe del Observatorio, dedicado a la desaparición en Coahuila, fue presentado el pasado 13 de marzo en el marco del Seminario Desapariciones en las postransiciones a la democracia, organizado por el Observatorio para discutir los más recientes hallazgos del proyecto. Los datos presentados corresponden a 729 desapariciones ocurridas entre 2001 y 2017 en Coahuila, y son producto de la documentación realizada por el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, CADHAC, y los colectivos Familias Unidas, Grupo Vida y Alas de Esperanza.

El informe de Coahuila aporta una descripción sociodemográfica de las víctimas (mayoritariamente varones jóvenes) e identifica como ocupaciones de riesgo el comercio y la conducción de vehículos, pues de las 331 personas cuya ocupación se conoce, el 27% se dedicaban a la primera y el 15% a la segunda.

Número de desaparecidos por edad y sexo

El análisis de los sitios en los que ocurren las capturas revela que no hay lugares seguros. De los 256 casos en que se cuenta con esa información, el 45% ocurrieron en medios y vías de transporte, y el 36% en lugares relacionados con la víctima (su hogar o centro de trabajo). Esas cifras indican también que las personas en tránsito –como pasajeros, transeúntes o choferes- son el blanco preferido por los perpetradores en Coahuila. Otro dato relevante es que la mayoría de los desaparecidos fueron capturados en eventos con una pluralidad de víctimas: de las 572 personas de las que se tiene el dato, el 65% caen en esta categoría.

De forma semejante a lo que ocurría en Nuevo León, sólo en un porcentaje menor de casos (21%) se tiene registro del hallazgo del desaparecido, vivo o muerto. Otro dato que el informe aporta es la cantidad de contactos con autoridades que los buscadores realizaron antes de conseguir que se levantara una denuncia. De 272 casos en que se dispone de la información, el 20% requirió de dos contactos, el 18% de tres, el 11% de cuatro, el 7% de cinco y el 6% de diez. En torno a la disuasión que a veces enfrentan los buscadores, los testimonios recabados por las organizaciones resultan elocuentes: “nos preguntaron si realmente queríamos poner la denuncia puesto que se filtraba la información y si quienes tenían a mi hijo lo sabían podía haber más víctimas y dijo un agente […] tocándose su arma ‘nosotros tenemos con que defendernos, ¿pero ustedes?’”; y “nos recomendaba que no pusiéramos la denuncia, porque al momento de entregar documentación se podría fugar esa información y llegar a manos de estas personas y si no tienen pensado hacerle nada a su hijo al momento de estar investigando o les puede pasar algo a ustedes o a su hijo le puede pasar algo. Nos dijeron que pusiéramos en una balanza que era lo que tenía más validez para nosotros”.

La documentación independiente de violaciones graves de derechos humanos, especialmente la que se basa en la voz de las víctimas, es un elemento crucial de todo esfuerzo encaminado a la verdad y la justicia en sociedades que atraviesan por graves crisis de derechos humanos. Esto es así no sólo porque reivindica el valor del testimonio de los afectados, sino también porque posibilita el análisis sistemático de información y la identificación de patrones que contribuyan a diagnosticar el problema y buscarle soluciones. La desaparición de personas es, además de un delito y una violación grave de derechos humanos, una forma de violencia destinada a impedir que nos comuniquemos, conozcamos la verdad y tengamos alguna posibilidad de reaccionar frente a la barbarie. En el Observatorio sobre Desaparición e Impunidad seguiremos, sin embargo, reaccionando, por la vía de estudiar la ausencia y escuchar la búsqueda.

 

* Javier Yankelevich es Investigador del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad y del Centro de Estudios Constitucionales de la SCJN.

 

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